Por Claudia V. Arriaga Durán.
Mérida, Yucatán, 26 de mayo de 2026.- La zona arqueológica de Chichén Itzá cumplió una semana cerrada por instrucciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). La dependencia federal atribuyó la medida a un «resguardo» para forzar el diálogo, desmintiendo que el bloqueo provenga de la comunidad maya de Pisté. Por su parte, los pobladores rechazan ser reubicados en el Centro de Atención a Visitantes (CATVI) del Tren Maya y exigen mantener el parador turístico original.
Joel Omar Vázquez Herrera, director del INAH, advirtió en rueda de prensa que el sitio no reabrirá hasta que los artesanos, vendedores y guías acepten mudarse al nuevo mercado del CATVI. Según el funcionario, el cierre —que ya genera fuertes pérdidas económicas— busca presionar para alcanzar un consenso de operación.
El conflicto estalló el pasado 18 de mayo cuando el INAH colocó vallas en el antiguo parador turístico en plena negociación con el Consejo Indígena de Gobierno de Pisté. Aunque la autoridad argumentó que el cercado era parte de la transición, los trabajadores locales lo asumieron como una provocación e iniciaron protestas pacíficas.
Mientras las autoridades estatales y federales justificaban el proyecto en conferencia de prensa, más de 2 mil integrantes del Consejo Indígena marcharon en caravana para exigir la reapertura de la zona, su principal sustento económico. «¡El pueblo maya se levanta, exigimos respuestas!», reclamaron durante la movilización.
El INAH minimizó la representatividad del Consejo Indígena, señalando que el grupo no encarna a toda la población, a pesar de que los manifestantes superan en número a las 260 personas que ya aceptaron el traslado.
Como condición para retomar el diálogo, los inconformes exigen que el extitular del INAH, Diego Prieto —actual jefe de la Unidad de Culturas Vivas de la Secretaría de Cultura—, quede fuera de las mesas. Lo acusan de fragmentar a la comunidad mediante presuntos ofrecimientos económicos a quienes aceptaron mudarse al CATVI; señalamientos que Vázquez Herrera negó rotundamente.
Como alternativa, el Gobierno de Yucatán propuso una ruta comercial que va desde el acceso principal del CATVI hasta el Cenote Sagrado para beneficiar a quienes decidan quedarse dentro del sitio arqueológico. Sin embargo, el Consejo Indígena de Pisté rechazó la oferta y anunció que recurrirá al juicio de amparo para frenar lo que consideran un desplazamiento forzado.
