Mientras el aparato estatal se refugia en la opacidad institucional y el show televisivo, el hallazgo sin vida de una pareja secuestrada por el narco desnuda el abandono absoluto de las comunidades rurales y la escandalosa indiferencia de un gobierno que decidió dar la espalda al luto de sus ciudadanos.
Por Claudia V. Arriaga Durán.
San Francisco, Campeche, 8 de julio de 2026.-Lo que comenzó como una desesperada súplica de auxilio por parte de una familia desamparada, terminó en una tragedia que retrata el peor rostro de la inseguridad en la región. Edith Ortega Bilbao, de 42 años, y Francisco Rocha Suárez, de 45, la pareja que permanecía secuestrada por un grupo del crimen organizado desde el pasado 29 de junio, fueron localizados sin vida. El hallazgo, ocurrido el 6 de julio en un inmueble del municipio de Escárcega, pone en evidencia el avance de la violencia rural y, de manera alarmante, la indolencia de la gobernadora Layda Sansores San Román, quien ha optado por el vacío institucional ante la crisis.
La desaparición forzada de la pareja fue visibilizada por sus hijas desde el 1 de julio, días después de que fueran interceptados y encañonados por sujetos armados cuando se dirigían a su rancho en la colonia rural La Chiquita. A través de redes sociales, las jóvenes clamaron por la intervención urgente de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la mandataria estatal. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo de Campeche fue la indiferencia: en la más reciente transmisión de su programa oficial, el Martes del Jaguar, Sansores omitió deliberadamente pronunciarse sobre el caso, confirmando la desconexión de su gobierno con el dolor de las víctimas.
Tras confirmarse el deceso, su hija Dayana Rocha despidió a sus padres en plataformas digitales con un desgarrador mensaje: “por todos ellos que se fueron sin querer irse”.
El operativo de hallazgo, ejecutado mediante una orden de cateo y reportado por la Fiscalía General del Estado (FGECAM) el 7 de julio, involucró un despliegue masivo con la SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional y corporaciones locales, además del apoyo de la Unidad K9 de Tabasco.
No obstante, este despliegue de fuerza contrasta con la opacidad que ahora impera en la investigación, pues la Fiscalía se limitó a informar que “durante la diligencia fueron localizados dos cuerpos sin vida, así como diversos indicios que fueron asegurados para su análisis pericial”. Bajo el argumento del «sigilo del proceso», la institución se ha negado rotundamente a revelar las causas de muerte o el rumbo de las indagatorias, alimentando la percepción de impunidad.
Mientras el alcalde de Escárcega, Juan Carlos H. Rath, se limitó a expresar condolencias, la indignación social ha comenzado a desbordarse frente al repliegue de las autoridades.
Días antes del hallazgo, la gobernadora fue confrontada en un evento público por una ciudadana identificada como Paulina Ortíz, quien le exigió resultados tangibles frente al luto de las familias campechanas. El reclamo popular fue contundente y desarmó la narrativa oficial: “No queremos una copa, queremos seguridad para nuestras familias, queremos ir a nuestras parcelas tranquilos y tener la tranquilidad de que vamos a regresar (…) y sí, si hacen su chamba?”.
Al día de hoy, el reclamo sigue sin respuesta y el palacio de gobierno mantiene las puertas cerradas a la realidad que ensangrienta al estado.
