Por Sofía Vital
Cada 26 de junio se conmemora el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Este año, actualizó el Índice Global de Tortura, una herramienta que permite comparar entre países qué tan en riesgo está la prohibición absoluta de torturar. México volvió a aparecer en riesgo alto. La región tampoco sale bien librada: de los ocho países de América evaluados este año, siete cayeron en riesgo alto o superior, y los derechos de las víctimas fueron, por mucho, el área peor calificada.
Hablé con Ángel María Salvador Ferrer, integrante del programa de políticas públicas e incidencia de Documenta, para entender qué hay detrás de esa clasificación. Lo primero que me dijo fue esto: «Existe una obligación a nivel internacional de todos los países de prohibir de forma absoluta la tortura, y no solo de prohibirla en lo legal, sino de prohibir que se cometa.»
En México, la prohibición ya existe en papel. El artículo 22 constitucional prohíbe el tormento de cualquier especie. El artículo 20 prohíbe expresamente la incomunicación, la intimidación o la tortura para obtener una declaración. Desde 2017 existe una Ley General que define el delito y ordena reparar a las víctimas. Pero el papel no ha bastado.
Cuando pensamos en tortura, casi siempre imaginamos lo mismo: una patrulla, un Ministerio Público, una celda. Ángel me llevó a otro lugar: a las clínicas de adicciones.
Ahí, me explicó, confluyen todos los factores de riesgo a la vez: poblaciones estigmatizadas, discursos de castigo, y un Estado que durante décadas invirtió en seguridad antes que en salud. «Si hay mucha gente que quiere algo y el Estado no lo da, lo dan agentes privados», me dijo. Y cuando esos agentes privados llenan el vacío, las familias terminan haciendo un intercambio que nadie debería tener que hacer: ceder la libertad de alguien a cambio de un tratamiento que muchas veces ni siquiera lo es.
«No existe ningún estudio ni hay nada de evidencia que demuestre que los tratamientos violentos y coercitivos son eficaces para superar un consumo problemático de drogas. En ningún lado del mundo», insistió. Las personas no salen de ahí mejor que como entraron: las recaídas se multiplican y muchas quedan atrapadas en un ciclo de reinstitucionalización.
Le pregunté por qué, entonces, lo seguimos permitiendo. Por qué normalizamos algo que, dicho con otras palabras, también es tortura.
Su respuesta tiene que ver con a quién se le inflige el dolor. «La tolerancia a la tortura varía mucho, depende de a quién se le inflija.» Si la víctima es alguien con quien empatizamos —un niño, una persona adulta mayor— el rechazo es inmediato. Si la víctima cargó antes una etiqueta —delincuente, migrante, adicto— el umbral de tolerancia sube. Y eso, me dijo Ángel, le da mucho miedo: vivir en una sociedad que deshumaniza tanto a quien ya sufrió algo grave que termina por no sentir nada.
Las niñas, niños y adolescentes tendrían, en teoría, una protección reforzada. La ley así lo dice. Pero Ángel fue claro: «existe una esfera de protección más grande, pero en muchas ocasiones no se cumple», sobre todo con quienes viven con discapacidad psicosocial o intelectual, internados en albergues o instituciones psiquiátricas.
Y aquí llegamos a la pregunta que más se quedó conmigo: si te tortura quien debería protegerte, ¿a quién acudes?.
«¿Cómo voy yo a denunciar ante la autoridad que me ha torturado?», me devolvió Ángel. No es retórica. Casi la mitad de las quejas por tortura ante comisiones de derechos humanos señalan precisamente a las fiscalías. El mismo artículo 20 que prohíbe la tortura para obtener una confesión es, muchas veces, letra muerta frente al propio aparato que debería hacerlo cumplir.
Por eso, dice Ángel, lo primero que necesita una víctima no es valentía. Es reconocerse como víctima. «Las personas que pasan por clínicas de tratamiento de adicciones y han sido sometidas a violencia física: muchas de estas prácticas son tortura, pero no lo consideran.»
Mientras no haya consecuencias, no habrá cambio. «Mientras el costo de torturar sea menor al beneficio de torturar, no va a haber un desincentivo», me dijo. Los números más recientes lo confirman: solo en los primeros cuatro meses de 2026, el Estado mexicano reconoció 1,085 víctimas de tortura. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado, una y otra vez, a los mismos responsables: agentes de seguridad pública, fuerzas armadas y autoridades judiciales. Las condenas, en cambio, casi no se mueven: de apenas 3 sentencias en 2017 a 16 en 2025.
Y la tortura no ocurre en el vacío. La población carcelaria del país creció en más de 22 mil personas en la última década; para febrero de 2026 ya superaba las 260 mil, y cerca del 40% seguía esperando sentencia. Es decir: cuatro de cada diez personas presas en México todavía no han sido condenadas por nada.
A esto se suma una crisis paralela que Ángel no mencionó pero que está ahí, debajo de todo: más de 134 mil personas desaparecidas, y al menos 4,400 casos nuevos solo en el primer semestre de 2026. Reformas recientes —la militarización de la seguridad pública, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, el debilitamiento del amparo— no han hecho más que ensanchar las condiciones que permiten que la tortura siga ocurriendo, y que de paso criminalizan a quienes se atreven a denunciarla: defensoras, defensores y periodistas.
El artículo 1° constitucional, obliga a todas las autoridades a garantizar los derechos humanos bajo el principio pro persona. La Ley General exige, desde hace casi una década, un Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura que sigue sin aprobarse. La obligación existe. Lo que falta es voluntad para cumplirla.
Antes de despedirnos, le pregunté qué mensaje quería dejar.
«Cuando el mensaje es a la víctima: empodérate, eso es que hay un problema, es que la institución te desempodera», me dijo. «Los mensajes tienen que ir hacia las instituciones: hagan bien su trabajo, persigan la tortura, tómenlo como un problema de Estado que lo es. Denunciar un delito no tendría que ser un acto de valentía por parte de las víctimas. Tiene que ser un derecho garantizado.»
Fuente de datos: Índice Global de Tortura, Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) https://www.omct.org/
