Habitantes de Tesoco, Valladolid encarcelaron al director y a un maestro al acusarlos de proteger al intendente denunciado; autoridades estatales destituirán a toda la plantilla para resolver el conflicto.
Por Claudia V. Arriaga Durán.
Valladolid, Yucatán, 17 de junio de 2026.- Habitantes de la comisaría de Tesoco, en el municipio de Valladolid, encerraron en una celda al director y a un maestro de la escuela telesecundaria local como medida de protesta ante un caso de presunto abuso sexual en contra de una estudiante. Los pobladores tomaron la determinación tras acusar a los docentes de proteger al presunto agresor del menor y no aplicar medidas restrictivas dentro del plantel.
El «arresto cívico» del personal docente ocurrió luego de los reclamos de los padres de familia hacia el intendente de la escuela, identificado como Lucio “N”, a quien señalan como el responsable. Los miembros de la comunidad manifestaron que el trabajador continuaba asistiendo a sus labores habituales a pesar de que las autoridades escolares ya tenían conocimiento de la situación y de la existencia de una denuncia formal.
Ante la permanencia del empleado en el plantel y tras argumentar una falta de atención por parte de las autoridades correspondientes, los habitantes interceptaron a los dos profesores cuando estos intentaron mediar la situación. Al cuestionarles las razones de la detención comunitaria, los manifestantes respondieron “¡No es el comisario! ¡El pueblo habla!”, encerrando a los docentes en contra de su voluntad.
Para resolver el conflicto, autoridades del estado y el supervisor de la zona escolar acudieron al sitio para dialogar con los inconformes sobre los protocolos legales. Tras la mediación, la comunidad aceptó liberar a los maestros retenidos bajo el acuerdo de sustituir a toda la plantilla docente a partir del próximo lunes, entregar la documentación de fin de curso y gestionar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el avance de la denuncia.
El convenio final también estableció que no se aplicarán sanciones a los padres de familia involucrados en el incidente, tras apelar a los usos y costumbres de la comunidad. Hasta el momento, ninguna autoridad educativa o de seguridad ha emitido un pronunciamiento oficial que precise la situación jurídica del intendente señalado.
