La juez federal ordena se la liberación sin una sentencia firme. La resolución que absuelve al procesado de los cargos de desaparición cometida por particulares desata angustia e incertidumbre en la madre, quien alerta sobre los vacíos del sistema de justicia frente a la violencia vicaria.
Por Claudia V. Arriaga Durán.
Mérida, Yucatán, 25 de mayo de 2026.- La jueza del Cuarto Distrito Federal, Elsa Patricia Espinoza Salas, otorgó la libertad a Mauricio N., quien se encontraba en prisión preventiva por el delito de desaparición forzada cometida por particulares, presuntamente ejercida como una forma de violencia vicaria contra su hija Lucía, de 6 años de edad, entre 2024 y 2025. Asimismo, la juzgadora determinó el sobreseimiento de dicha acusación; ante esta resolución, Ericka Contreras, madre de la niña, interpondrá un recurso de revisión.
Mauricio N. sustrajo a la menor en dos ocasiones distintas y se negó a entregarla a su madre, quien legalmente ejercía la custodia.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la primera sustracción ocurrió el 8 de agosto de 2024. El imputado pretendió justificar la retención mediante denuncias penales en contra de Contreras —incluyendo una por presunto abuso sexual interpuesta el 15 de julio de ese año—, las cuales utilizó para promover el juicio de amparo 1460/2024 y obtener de manera provisional el resguardo de la niña.
“Recibo esta decisión con profunda preocupación, miedo e incertidumbre. Hay resoluciones que pueden tener una explicación jurídica, pero que para una madre y una víctima resultan emocionalmente devastadoras cuando lo que está de por medio es la seguridad, estabilidad y bienestar de una niña”, expresó Ericka Contreras a través de sus redes sociales.
La menor de edad fue localizada y restituida el 30 de junio de 2025, tras permanecer oculta en la residencia de un familiar de Mauricio N. Por su parte, el imputado fue aprehendido el 28 de junio de ese año y recluido bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
La defensa de Mauricio N., encabezada por el abogado David Dorantes, promovió un amparo argumentando el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito (non bis in idem). Al respecto, el asesor jurídico de la madre, Moisés Velázquez, explicó que la contraparte alegó que el procesado ya enfrentaba una vinculación en otra carpeta de investigación por los mismos hechos, bajo el argumento de que se trataba de un delito continuado y permanente. Asimismo, la defensa solicitó que la conducta fuera reclasificada al tipo penal de sustracción de menores.
Aunque la jueza ordenó la excarcelación de Mauricio N., dispuso como medida cautelar la colocación de un brazalete electrónico de geolocalización. No obstante, para Ericka Contreras, el riesgo de una nueva separación de su hija vulnera su derecho y el de la menor a una vida libre de violencia.
“Después de todo lo vivido, escuchar que quien estuvo privado de la libertad por estos hechos dejará la prisión preventiva inevitablemente genera angustia y sensación de vulnerabilidad”, añadió Contreras.
Este caso se contextualiza en un panorama donde el acceso a la justicia penal para las mujeres y las infancias presenta rezagos estructurales en la entidad: entre los años 2022 y 2026, en Yucatán solo se ha emitido una sentencia condenatoria por el delito de violencia vicaria.
