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Familiares de víctimas de homicidio responsabilizan a FGE de Yucatán por impunidad.

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En abril del 2021, Jaime Chay Pérez, fue secuestrado en la carretera Tizimín  y asesinado en el estado de Quintana Roo. Los presuntos homicidas estuvieron un año en prisión preventiva y la semana pasada fueron liberados.

Anthony Emmanuel fue asesinado de tres impactos de bala en el fraccionamiento Roble Agrícola, al sur de la ciudad.  Encontraron el arma y las balas en el domicilio del presunto homicida, además, existía una testigo ocular,  pero no lograron sentenciar a R.B.C.

Por Andrea Segura Rodríguez

El homicidio del empresario yucateco Jaime Chay Pérez y el del joven Anthony Emanuel M.C. tiene algo en común: La impunidad.  En ambos casos los detenidos y presuntos culpables lograron salir libres. Las familias responsabilizan a la Fiscalía General del Estado de Yucatán por no integrar adecuadamente las carpetas, a pesar de que existen pruebas que acrediten su responsabilidad.

Por este motivo, familiares de los occisos alzaron la voz y exigieron a las autoridades encargadas de impartir justicia en Yucatán, no permitir más impunidad. Denunciaron que debido a la falta de capacitación y omisiones por parte del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) imposibilita acceder a la justicia. 

Jaime Chay Pérez fue secuestrado en Yucatán y asesinado en Quintana Roo. Los homicidas pasaron un año en prisión preventiva y fueron liberados.

El señor Santiago Chay Pérez relató que en abril del 2021, su hermano Jaime Chay Pérez, quien era un empresario hotelero originario del Cuyo, fue secuestrado en la carretera Tizimín  y asesinado en el estado de Quintana Roo. Denunció que debido a la falta de investigación de la FGE para integrar la carpeta de investigación los cinco involucrados -YMML,GJML, MAPM, MAPB Y DLPA- en el homicidio de su hermano fueron liberados la semana pasada. Ya habían cumplido un año en prisión preventiva.

“Algo está pasando en la fiscalía de homicidios, su personal desestimó pruebas contundentes para el caso. Se tenían audios, de las llamadas de rescate que nos hacían y otras pruebas que al final fueron desechadas de la carpeta de investigación por los fiscales adscritos” señaló Chay Pérez.

Anthony fue asesinado a balazos, encontraron el arma en casa del homicida y aún así salió en libertad.

La señora Verónica Solís es mamá de Anthony Emmanuel, quien fue asesinado de tres impactos de bala, afuera de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Roble Agrícola al sur de la ciudad. 

 

Señaló que debido a la mala actuación de la FGE en el caso de su hijo, no lograron sentenciar a R.BC.  Encontraron el arma en el domicilio del presunto homicida y las balas que habían en el cuerpo de su hijo correspondían  al mismo calibre, y además, existía una testigo ocular, pero ni eso fue suficiente para integrar bien la carpeta.

“La joven Joselyn O.S. era clave importante en la investigación, pues ella presenció el momento en que mi hijo fue ultimado, pero no sabemos nada de ella; de repente desapareció. Algunos vecinos me han comentado que la amenazaron con matarla también y le dieron dinero para que se fuera del Estado” detalló Verónica. 

Indicó que otra situación que afectó el caso, es que no se le realizó la prueba de rodizonato al procesado, con lo que se pudo haber comprobado su culpabilidad al momento de disparar  el arma.

Familias buscarán justicia

El abogado Erick Peréz Loyo representa ambos casos e informó que en el caso de Anthony, en septiembre, se presentó una apelación a la sentencia. Mientras que en lo que refiere al secuestro y homicidio del señor Chay Peréz se está preparando el mismo procedimiento para intentar revertir esta situación. 

“Lo que está pasando en la FGE es delicado, pues si desde un inicio no se presentan todas las pruebas necesarias para imputar a los culpables vamos a seguir viendo casos que quedan en la impunidad. La corrupción molesta pero la impunidad duele” sentenció.

“Debe existir una responsabilidad de su parte, pues si los delitos no se resuelven por sus omisiones, alguien tiene que hacerse responsable y ser castigado. Tendrían que revisar las estadísticas, de cuántos casos han llevado a juicios y cuántos de ellos han perdido” puntualizó.

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