Por Claudia V. Arriaga Durán
KINCHIL, YUCATÁN. – En un abierto desafío a las autoridades judiciales y ambientales, la empresa avícola CRÍO ha retomado los trabajos de expansión de sus naves industriales en el municipio de Kinchil. La reactivación de la maquinaria ocurre a pesar de que el Juzgado Cuarto de Distrito otorgó la suspensión definitiva de la obra el pasado 15 de diciembre, bajo el expediente de amparo 2352/2025.
El conflicto, que escaló a nivel federal el año pasado, se fundamenta en la confirmación de daños irreversibles al patrimonio cultural y natural de la región. De acuerdo con las denuncias, el proyecto no solo ha provocado la deforestación de más de 16 hectáreas de selva maya, sino que ha arrasado con vestigios de la antigua ciudad maya de Tzemé.
Federico May, representante del Consejo Comunitario de Kinchil, denunció que la empresa ha operado sistemáticamente por encima de la ley. Recordó que, previo al amparo, tanto el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) habían colocado sellos de clausura, los cuales fueron ignorados por la compañía.
«La maquinaria pesada continúa con los trabajos de nivelación del terreno. Se han violado flagrantemente todas las normatividades ambientales y arqueológicas. Estamos hablando de la destrucción de pirámides, un juego de pelota y la obstrucción de un pozo prehispánico«, sentenció May.
La comunidad califica esta situación como una muestra de «impunidad institucionalizada». Según los defensores del territorio, la persistencia de CRÍO refleja una política que prioriza los megaproyectos sobre la preservación del patrimonio nacional y el equilibrio ecológico.
| Daños Reportados en la Zona de Tzemé |
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| Destrucción de estructuras piramidales y un juego de pelota maya. |
| Deforestación de 16 hectáreas de selva virgen. |
| Sellamiento de pozos prehispánicos de valor histórico. |
| Desacato a una orden de suspensión definitiva de un juez federal. |
El caso de la industria avícola no es aislado. Kinchil se ha convertido en el epicentro de una presión territorial sin precedentes. Los pobladores señalan que la expansión inmobiliaria, liderada por proyectos como Hacienda Celestún, Totem (Grupo Libera) y Bokobá Residencial, opera bajo el mismo esquema: cambios de uso de suelo y deforestación masiva sin consulta previa a las comunidades originarias.
Hasta el momento, pese a las evidencias presentadas ante juzgados y dependencias federales, no se ha reportado ninguna sanción penal o administrativa contra los responsables directos de lo que los habitantes de Kinchil califican como un «ecocidio diario» en el corazón de la selva yucateca.
