Por Claudia V. Arriaga Durán.
VALLADOLID, YUCATÁN. –La tensión en los cenotes Xkeken y Samulá ha escalado de la resistencia comunitaria al choque político frontal. El pueblo maya de Dzitnup ha lanzado una advertencia tajante al gobernador Joaquín “Huacho” Díaz Mena: la administración de sus recursos naturales no está sobre la mesa de negociaciones. Para la comunidad, el control de sus espejos de agua es una cuestión de dignidad y supervivencia, no un activo burocrático.
La historia de esta ruptura comenzó en octubre de 2025, cuando los habitantes expulsaron a la empresa Alves, terminando con un ciclo de racismo y exclusión que les impedía incluso trabajar en sus propias tierras. Desde entonces, el dinero de las taquillas dejó de alimentar cuentas privadas para transformarse en beneficios públicos: banquetas, calles y mejoras en la escuela de la comisaría. Sin embargo, este ejercicio de autonomía se vio fracturado el pasado 26 de abril.
Lo que debía ser una asamblea de rendición de cuentas derivó en violencia cuando un grupo de choque irrumpió con piedras y palos. En medio del caos, y ante la mirada de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), una palapa fue reducida a cenizas. La respuesta oficial encendió aún más los ánimos: nueve personas que intentaban sofocar el incendio terminaron arrestadas, mientras el Consejo Comunitario denunciaba que los agresores operaban bajo intereses empresariales o estatales.
“Completamente rechazamos que Cultur – una dependencia del gobierno estatal – entre a trabajar a los cenotes, porque hace 18 años se apoderó del lugar y se olvidó del pueblo (…) Queremos la restitución de nuestros cenotes y no estamos negociando para que el pueblo lo maneje”, declaró Basilia Cocom del Consejo Comunitario de Dzitnup, evidenciando que la desconfianza hacia el Estado no es gratuita, sino el resultado de décadas de abandono.
Apenas un día después de los disturbios, el gobernador Díaz Mena anunció en una transmisión en vivo que había recibido un oficio de 28 pobladores solicitando que el Estado, a través de Cultur, recuperara el lugar. La cifra fue recibida con indignación en una comunidad de 1,400 habitantes que se siente ignorada por el mandatario al que ayudaron a llegar al poder.
“Nosotros somos la mayoría del pueblo de Dzitnup, no solo somos 28 como lo dijo en redes sociales. No es justo que le dé la razón a esas personas, que se acuerde que por nosotros está sentando dónde está. Somos como mil 400 habitantes por eso seguimos aquí pidiendo la restitución de los cenotes de Xkeken y Samulá”, sentenció el comisario Baldomero Poot.
El conflicto es el capítulo más reciente de una larga cadena de despojos: desde la expropiación de Ivonne Ortega en 2006 hasta la venta a inmobiliarias durante el gobierno de Mauricio Vila en 2023. Hoy, Dzitnup se atrinchera en la defensa de su patrimonio, poniendo a prueba la narrativa de justicia social del gobierno de «Huacho» frente a la persistente sombra del control estatal.
