La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió a dependencias federales, gobiernos estatales, delegaciones, municipios y todos los entes fiscalizables a que colaboren en el combate a la corrupción y no acepten la intervención o gestoría de “coyotes” que prometan arreglar o componer sus cuentas públicas.
Por Redacción.
La Auditoría Superior de la Federación emitió un posicionamiento para restringir de forma absoluta la intervención de intermediarios en los procesos de fiscalización, estableciendo que toda comunicación, gestión o intercambio de información debe realizarse exclusivamente por canales institucionales oficiales y a través de enlaces designados.
En un exhorto contundente de la ASF, este órgano pidió a todos los entes fiscalizables del país a tener una comunicación institucional obligatoria y a que toda interacción con las distintas dependencias de gobierno se realice únicamente mediante enlaces oficiales designados.
La Auditoría Superior de la Federación pretende eliminar cualquier acto de corrupción eliminando cualquier posibilidad de comunicación informal o paralela con algún agente externo al ente fiscalizador.
De forma contundente, la Auditoría Superior de la Federación expuso en un comunicado que no reconoce relación alguna con: Despachos privados; Consultores externos; Asesores particulares o cualquier gestor o tercero que se presente a nombre de la ASF.
Cualquier comunicación o documentación proveniente de:personas sin carácter de enlace oficial será desechado automáticamente e incluso sujeto a posibles sanciones conforme a la normativa aplicable.
Desde la Auditoría Superior de la Federación se exhorta a titulares y enlaces a reportar de inmediato cualquier intento de gestión externa.
Y a verificar la autenticidad de canales institucionales en toda comunicación; así como de entregar información o documentación a intermediarios no acreditados.
Este posicionamiento de la ASF refleja un endurecimiento en los controles de fiscalización y de que habrá cero tolerancia a la discrecionalidad, al tráfico de influencias o a la manipulación de procesos de auditoría.
Este posicionamiento busca cerrar espacios a la intermediación indebida, fortalecer la transparencia y garantizar la integridad de los procesos de fiscalización superior.
