La víctima de feminicidio en Zinacantán, Chiapas, ya había denunciado a su agresor en Progreso, Yucatán, por violencia vicaria; el feminicida contaba con un amplio historial delictivo en EE. UU.
Por Claudia V. Arriaga Durán.
Mérida, Yucatán, 10 de junio de 2026.— El feminicidio de Makala Marie Pendley, de 30 años, cuyo cuerpo fue localizado el 8 de junio con severas huellas de violencia en la entrada del municipio de Zinacantán, Chiapas, no solo expuso la peligrosidad de su agresor, sino que dejó al descubierto un rastro de alertas y denuncias previas que la víctima interpuso en el estado de Yucatán meses antes de su muerte.
Las investigaciones en Chiapas confirman que su pareja, Joseph “N”, el principal sospechoso, fue capturado tras determinarse que la causa del deceso de la joven originaria de Indianápolis fue un traumatismo craneoencefálico provocado por un objeto contundente. Sin embargo, para Makala, el calvario en el sureste mexicano había comenzado mucho tiempo atrás.
El antecedente en Yucatán: Makala denunció
A diferencia de las primeras versiones que catalogaban a la pareja simplemente como prófugos de la justicia estadounidense, los registros en la Península de Yucatán revelan que Makala Marie Pendley ya era una víctima activa que intentaba salvar a sus hijos y a sí misma de un entorno de extrema violencia.
En agosto de 2025, Makala permaneció un día y una noche enteros ante el Ministerio Público de Yucatán para interponer una denuncia formal en el municipio costeño de Progreso. Esto ocurrió luego de que Joseph “N” le sustrajera a sus siete hijos menores de edad sin su consentimiento, configurando un claro cuadro de violencia vicaria.
En aquel momento, la madre desesperada lanzó un ruego público que hoy resuena con dolorosa premonición.
“Su padre fue visto por última vez en Progreso sin los niños ayer. Lo más probable es que los haya dejado en una habitación de hotel para ir a comprar comida. Mis hijos deben estar aterrorizados”, detalló en redes sociales.
La burocracia internacional y la huida
A pesar de las denuncias de Makala en la costa yucateca durante el verano de 2025, la burocracia institucional tardó meses en reaccionar a escala global. No fue sino hasta el 23 de febrero de 2026 cuando el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. emitió formalmente la alerta internacional por los siete menores.
Para ese entonces, el historial criminal de Joseph “N” en Estados Unidos ya era un foco rojo: contaba con una orden de arresto vigente en Alaska por delitos graves que incluían asalto, robo, fraude, intimidación y agresión sexual.
Tras intensos operativos en zonas residenciales exclusivas de Mérida donde la familia se refugiaba, las autoridades locales lograron finalmente asegurar a los siete niños para ponerlos bajo el resguardo de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay). No obstante, en la confusión del seguimiento o la falta de medidas de protección efectivas para la madre, Joseph “N” logró evadir el radar y arrastró a Makala hacia el estado de Chiapas, donde consumó el crimen.
Un patrón de omisión
El trágico desenlace de Makala Marie Pendley pone en evidencia el peligro que corren las mujeres víctimas de violencia transnacional. A pesar de haber recurrido a las instancias ministeriales en Yucatán y haber visibilizado el control y la sustracción de sus hijos por parte de un prófugo peligroso, los mecanismos de protección no lograron salvaguardar su vida.
Hoy, mientras el consulado estadounidense y las autoridades mexicanas coordinan la repatriación del cuerpo de la joven madre, Joseph “N” enfrenta el proceso de feminicidio en Chiapas a la espera de una probable extradición a la Unión Americana, dejando a siete menores en la orfandad en un país ajeno.
