Por Sofía Vital
A la mamá de Patricia Guadalupe Alpuche Chuc la conocí en la Plaza Grande de Mérida.
Recuerdo bien que fue una mañana del 10 de mayo de 2026, Día de las Madres. Cubría una marcha de madres buscadoras cuando la vi sentada en una banca. Tenía una pequeña libreta en las manos y escribía algo mientras observaba a las personas que caminaban por el centro de la ciudad.
Me acerqué para entrevistarla. Primero le pregunté si era mamá.
—Sí —respondió.
Después le hice una pregunta que, incluso mientras la formulaba, me pareció demasiado dura.
—¿Qué harías si tus hijos desaparecieran?
La conversación tomó un rumbo distinto.
Porque Addy María Chuc Burgos ya había perdido a una hija, Patricia, asesinada en el 2014, ella tenía 24 años y era madre de dos niños. Ese mismo año Yucatán comenzaba a adecuar su legislación para reconocer el feminicidio, pero la historia de Patricia terminaría convirtiéndose en otra de esas heridas que las estadísticas no alcanzan a explicar.
Addy aceptó hablar de su hija. También de una preocupación que sigue acompañándola once años después: la posibilidad de que el hombre sentenciado por el asesinato de Patricia obtenga beneficios que le permitan recuperar su libertad antes de tiempo.
Al principio hablamos de otras cosas. De su rutina, de la escuela, de los pendientes de la semana y de sus nietos. Como cualquier abuela orgullosa, comenzó a mostrar fotografías.
—Mira, él está practicando karate. Le gusta mucho. Y te confieso que una vez me dijo que si se llegara a encontrar a la Ardilla, no sabría si podría contenerse —me dice Addy.
La Ardilla es Mario Alberto F. V., el hombre sentenciado por el asesinato de Patricia.
Después me mostró una fotografía de su hija. Cuando uno cubre casos de violencia suele encontrarse con imágenes que terminan convertidas en evidencia judicial o en archivos periodísticos. Pero al ver la fotografía de Patricia pensé en algo distinto. Se veía alegre. Sonriente. Llena de vida.
Y fue inevitable preguntarme: ¿cómo una mujer así terminó atrapada en una relación marcada por amenazas y violencia?. Sin embargo, también pensé en algo que he aprendido cubriendo este tipo de historias. Llega un momento en el que las preguntas sobre la vida privada terminan desviando la atención del problema principal.
¿Por qué estaba ahí?
¿Por qué seguía viéndolo?
¿Por qué salió esa noche?
Son preguntas que aparecen constantemente cuando se habla de feminicidios. Pero ninguna de ellas cambia una verdad fundamental:
Patricia tenía derecho a vivir. Tenía derecho a equivocarse. Tenía derecho a terminar una relación. Tenía derecho a salir de su casa. Nadie tenía derecho a quitarle la vida.
Mientras avanzaba la conversación le pregunté a Addy si quería un café.
Dijo que no.
Yo todavía pensaba cómo abordar la parte más difícil de la entrevista. No hizo falta. Ella comenzó a hablar. Comenzó a contar la historia que sigue rompiéndole la voz.
Todo ocurrió el 24 de junio de 2014. Aquella mañana una comadre le avisó que Patricia estaba siendo jaloneada por un hombre cerca de donde vivían.
Addy fue a buscarla.
La encontró.
Le dijo que debían denunciar. Le propuso solicitar una orden de restricción, pero las cosas no avanzaron más allá de esa conversación.
Horas después Patricia volvió a salir.
—¿Dónde vas? Estás viendo lo que te pasó en la mañana —le reclamó Addy.
—No me pasa nada —respondió Patricia.
Fue una de las últimas veces que hablaron. Aquella noche Patricia dijo que asistiría a una convivencia relacionada con el coro de la iglesia. No llevó llaves. Sólo su teléfono celular. Nunca regresó.
Al día siguiente comenzaron las llamadas. Las búsquedas, las visitas a familiares y conocidos. Las preguntas. La incertidumbre. Addy me cuenta que marcaba una y otra vez el teléfono de Patricia, pero hay algo que nunca se le va a olvidar: haber acudido a la casa de la Ardilla, ubicada en la colonia El Roble. Recuerda que permaneció frente a la puerta, tocando y gritando el nombre de su hija. Esperando una respuesta. Y recuerda algo que todavía le cuesta explicar.
—Cada vez que pronunciaba el nombre de Paty mientras llamaba por teléfono, una puerta se azotaba dentro de la vivienda. No había viento. No había nadie respondiendo. Sólo el golpe seco de aquella puerta. Porque Patricia estaba ahí— me dice Addy mirandome a los ojos, esperanzada a que entienda lo que ella me estaba confiando. Patricia, estaba en esa casa.
Desde el primer momento, Addy buscó ayuda. Acudió a las autoridades para denunciar la desaparición de su hija, pero encontró una respuesta que aún recuerda con indignación. Le dijeron que ella no podía presentar la denuncia porque Patricia seguía legalmente casada y debía hacerlo el esposo.
Mientras los trámites se atoraban entre procedimientos, la familia continuó buscándola por su cuenta. Durante ocho días, su familia la buscó en calles, casas y oficinas gubernamentales hasta que finalmente fue localizada el 2 de julio, enterrada en el patio de la vivienda de Mario, alias la ardilla. La necropsia confirmó que murió por asfixia mecánica.
A partir de ese momento llegaron los procedimientos legales. Las diligencias, los peritajes, las declaraciones y las audiencias comenzaron a ocupar el lugar que antes había tenido la búsqueda.
Mientras la familia intentaba comprender lo ocurrido, las autoridades reunían evidencias y seguían el rastro del principal sospechoso. Mario huyó a Tabasco después del crimen. Sin embargo, días más tarde fue detenido e inició el proceso judicial que terminaría con una sentencia en su contra.
Pero para Addy, la justicia nunca significó el final de la historia. El asesinato de Patricia ocurrió en un momento en que Yucatán comenzaba a adecuar su legislación para reconocer el feminicidio. Sin embargo, el caso terminó siendo procesado y sentenciado como homicidio calificado. Para su familia, más allá de la clasificación jurídica, permanece la convicción de que Patricia fue víctima de violencia feminicida.
Mientras los expedientes avanzaban en los juzgados, Addy tuvo que enfrentar una realidad mucho más difícil: explicarle a dos niños que su madre no volvería. Tuvo que aprender a acompañarlos en medio del duelo, responder preguntas para las que no existe una respuesta sencilla y asumir la responsabilidad de criarlos.
Por eso, cuando habla de Patricia, rara vez menciona las audiencias o los documentos. Habla de sus nietos. Habla de cómo crecieron. De las veces que preguntaron por su madre. De los silencios que todavía cargan. De los abrazos que siguen haciendo falta.
Porque la sentencia cerró un proceso judicial, pero no cerró la ausencia. Esa continúa sentada a la mesa, presente en los cumpleaños, en las graduaciones y en cada momento importante que Patricia ya no pudo compartir con sus hijos.
Sobre Patricia, Addy la recuerda como una mujer alegre, trabajadora y profundamente dedicada a sus hijos. Habla de ella más como madre que como víctima. La describe como una joven que estaba pendiente de sus niños, que los bañaba, los peinaba y se preocupaba por ellos.
También reconoce que probablemente ocultó muchas cosas por miedo, especialmente las amenazas que recibía por parte de Mario:
—Que si me hubiera hecho caso, estaría viva con sus niños- dice Addy mientras seca sus lagrimas.
No la dice desde el reproche, sino desde el dolor de una madre que durante años ha repasado una y otra vez los acontecimientos previos al asesinato. Sobre las demás mujeres, Addy es muy insistente en una advertencia: no normalizar las señales de violencia.
Ella cuenta que Patricia recibió amenazas, que intentó alejarse de la relación y que existían conductas agresivas que hoy identifica como focos de alerta. Por eso, cuando habla con otras mujeres, les pide que se retiren a tiempo de relaciones violentas y que no minimicen comportamientos que suelen justificarse al principio.
Hay una frase que utiliza durante la entrevista que es especialmente fuerte:
—Te regala una flor, luego otra flor y después te va a llevar un ramo a tu tumba.
Con esa expresión intenta explicar que la violencia no siempre comienza con golpes. A veces inicia con control, manipulación, amenazas o conductas que pueden parecer pequeñas, pero que con el tiempo escalan. También insiste en que las mujeres deben denunciar y buscar apoyo cuando identifiquen violencia, porque siente que muchas víctimas creen que podrán manejar la situación por sí solas hasta que ya es demasiado tarde.
Addy exigió. Buscó. Insistió. Tocó puertas. Y aun así, once años después, sigue cargando una herida que no termina de cerrar. Escucharla obliga a enfrentarse a una de las contradicciones más incómodas de cualquier sistema de justicia. Las leyes hablan de derechos, reinserción social y procedimientos. Las familias hablan de ausencias, cumpleaños vacíos y proyectos que quedaron interrumpidos. Son lenguajes distintos intentando convivir en una misma historia.
Mientras Addy me cuenta que el hombre sentenciado por el asesinato de Patricia ha solicitado beneficios y atención psicológica debido a problemas de depresión, no puedo evitar pensar en quienes quedaron de este lado de la tragedia. En los hijos de Patricia. En la madre que tuvo que criarlos mientras aprendía a vivir con el asesinato de su hija.
¿Quién sostiene a los niños cuando preguntan por su madre? ¿Quién acompaña a una familia que sigue reconstruyéndose después de un feminicidio?
La respuesta, en este caso, estaba sentada frente a mí. Era y es Addy.
La mujer que convirtió el duelo en responsabilidad. La mujer que terminó criando a los hijos de Patricia. La mujer que todavía les recuerda que no deben buscar venganza. La mujer que sigue hablando de su hija como si hubiera salido hace un momento y estuviera por regresar.
Tal vez el diálogo sea necesario. Tal vez también lo sea la atención psicológica. Pero la justicia oportuna y efectiva también forma parte de la reparación. Y aun cuando llega, para muchas familias nunca es suficiente. Porque ninguna sentencia devuelve una hija. Ningún expediente sustituye una vida. Ninguna resolución logra llenar el espacio que deja una ausencia.
