Mientras México se prepara para la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol, María del Rosario Ayala y cientos de familias marcharon en las inmediaciones del Estadio Azteca bajo la consigna “¡México campeón en desaparición!”.
Por Claudia V. Arriaga Durán.
Ciudad de México, 11 de junio de 2026.- María busca desde 2022 a su hija, Mayra Alejandra Mendoza Ayala, una joven de 24 años víctima de trata cuyas pistas apuntan a que es explotada en la costa de Yucatán. Sin embargo, en lugar de recibir atención, las familias participantes en la denominada “Marcha de las Antorchas” se enfrentaron al cierre de accesos ordenado por el Gobierno Federal, una medida que impidió el paso de las y los manifestantes y restringió su derecho a la protesta social frente a la mirada internacional que atrae la fiesta mundialista.
La protesta de María visibiliza una crisis nacional que supera las 100 mil personas desaparecidas, donde el estado de Yucatán se ha convertido en un punto crítico. La búsqueda de Mayra Alejandra evidencia las barreras estructurales, la falta de coordinación interinstitucional y la omisión de las autoridades locales en el cumplimiento de sus obligaciones de búsqueda inmediata y acceso a la justicia.
La búsqueda de Mayra Alejandra en la costa
Durante una jornada de búsqueda realizada el pasado mes de abril en el puerto de Chicxulub, María del Rosario Ayala estuvo acompañada únicamente por personal de la Fiscalía y de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, la entidad de origen de la investigación. En aquella ocasión, las autoridades locales de Yucatán destacaron por su ausencia, lo que contravino los principios de cooperación previstos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. De acuerdo con el testimonio de la madre, la Fiscalía General del Estado de Yucatán se negó inicialmente a recabar los testimonios de los habitantes de Chicxulub Puerto, quienes habían afirmado ver a la joven días antes; la institución justificó su inacción bajo el argumento de no contar con peritos disponibles.
Esta falta de respuesta se sumó a una serie de acciones que la familia denunció como formas de revictimización, ya que la fiscalía yucateca pretendía condicionar las diligencias proponiendo acudir de manera directa y sin estrategia al inmueble señalado por los testigos. Esta medida fue rechazada por la madre al advertir que ponía en sobreaviso a las redes de trata y arriesgaba la integridad de su hija. Por su parte, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Yucatán postergó su disponibilidad de acompañamiento hasta el mes de mayo de ese año, ignorando el principio de inmediatez que rige la búsqueda de personas.
A pesar de estos obstáculos, el jueves 16 de abril de ese entonces se lograron recabar declaraciones vecinales en el mercado de Chicxulub mediante las gestiones de las autoridades de Quintana Roo, las cuales pusieron de manifiesto la presencia de Mayra Alejandra en la localidad, acompañada por un hombre joven. Sin embargo, aunque se contaba con los indicios necesarios para ejecutar una orden de cateo en un inmueble ubicado en la calle 21 de Chicxulub Puerto —el exbar “El Tarzán”—, el procedimiento judicial se retrasó por más de 24 horas debido a la falta de gestión de la fiscalía local.
El día en que finalmente se ejecutaron las acciones, los elementos de la Policía Estatal de Investigación y de la fiscalía de Yucatán arribaron con dos horas de retraso respecto al horario acordado, tiempo en el cual, según señalaron testigos, un grupo de al menos tres hombres abandonó el predio. La revisión del lugar duró menos de 25 minutos y evidenció profundas deficiencias operativas; las autoridades hallaron en el interior a un hombre en aparente estado de intoxicación por sustancias psicotrópicas que no fue interrogado ni puesto a disposición para esclarecer los hechos. El operativo concluyó sin detenciones y sin localizar rastros de la joven, consolidando una cadena de dilaciones institucionales que terminaron por impedir su localización.
