Tras la admisión del recurso por el juzgado federal, la Fundación Yansa exige imparcialidad y una perspectiva intercultural que frene la discriminación hacia la comunidad maya de Ixil.
Por Libres.
La Fundación Yansa promovió una demanda de amparo en contra del auto de vinculación a proceso dictado el pasado 12 de mayo por la jueza de control Suemy del Rosario Lizama Sánchez. El recurso legal fue admitido formalmente por el Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida, a cargo de la jueza Tania Gabriela González Rosas. Esta acción legal surge tras la denuncia interpuesta por integrantes de familias influyentes de Yucatán en contra de dos miembros de la comunidad maya de Ixil y del director de la citada fundación.
La organización defensora instó a la titular del juzgado federal a conducirse con absoluta imparcialidad y a resistir cualquier tipo de presión externa durante el proceso. Asimismo, se solicitó formalmente que en la resolución del caso se aplique una perspectiva intercultural alineada con los protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de derechos indígenas y de defensores de derechos humanos, con el objetivo de subsanar las presuntas violaciones cometidas durante la audiencia celebrada en Progreso.
Por otra parte, la fundación expresó su preocupación ante el actuar del Poder Judicial del Estado de Yucatán tras la emisión de un comunicado institucional en el que respaldó la resolución de la jueza Lizama Sánchez. Según los señalamientos de la organización, dicha postura judicial validó argumentos de carácter discriminatorio dentro del caso.
Entre los argumentos cuestionados, se criticó que se catalogara a la comunidad civil organizada como un «grupo de choque». De igual forma, se impugnó la negativa a reconocer la identidad indígena del pueblo de Ixil bajo el argumento de que el Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos no se había publicado de manera oficial al momento de presentarse la denuncia original.
Finalmente, la organización civil señaló que estas determinaciones evidencian una falta de imparcialidad orientada a favorecer intereses particulares o, en su defecto, un desconocimiento del marco legal y convencional aplicable. Ante este panorama, se reiteró el compromiso de mantener el acompañamiento legal y social a los habitantes de Ixil, sosteniendo que la defensa del territorio y de los derechos humanos no constituye un delito.
