Artesanos, vendedores y ejidatarios acusan a las autoridades federales de traicionar las mesas de negociación y denuncian que el diseño del nuevo CATVI, obra complementaria del Tren Maya, estrangula su economía local.
Por Claudia V. Arriaga Durán.
Tinum, Yucatán, 19 de mayo de 2026.- Una fuerte ola de protestas sacude las inmediaciones de la zona arqueológica de Chichén Itzá y del Centro de Atención a Visitantes (CATVI). Desde la noche del lunes, la comunidad maya de Pisté, en el municipio de Tinum, mantiene tomada la zona tras acusar al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de traicionar los acuerdos de paz y romper abruptamente una mesa de diálogo.
El conflicto estalló mientras el Consejo Indígena de la localidad se encontraba reunido con las autoridades en las oficinas del INAH. En plena sesión, los líderes comunitarios recibieron reportes y fotografías de que personal del instituto, respaldado por la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), estaba colocando vallas de tres metros de altura para clausurar el acceso principal e imponer el uso obligatorio de las nuevas instalaciones del CATVI, una obra derivada del proyecto del Tren Maya. La reacción de los pobladores —artesanos, vendedores y ejidatarios— fue inmediata: se movilizaron al sitio y derribaron las estructuras metálicas ante la mirada de las fuerzas de seguridad, que no pudieron contener el descontento.
“Se rompió y traicionaron la mesa de diálogo. Estábamos en la mesa de diálogo y nos enviaron las fotos en donde estaban cerrando el parador turístico. Metieron rejas de tres metros de altura (…) fue una puñalada y se hicieron a los tontos que no saben nada”, explicó en entrevista, Pablo Euán Ken.
Esta confrontación es el punto más crítico de una tensión que lleva meses escalando. Ya en abril, los guías y artesanos habían protestado a los pies de la pirámide de Chichén Itzá para exigir un freno al hostigamiento oficial.
Aunque tras esas movilizaciones el Consejo Indígena de Gobierno de Pisté logró sentar en una mesa de negociación a la Procuraduría Agraria, al Gobierno del Estado, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y a altos funcionarios del INAH —como su titular Joel Omar Vázquez Herrera y la directora del sitio, María Guadalupe Espinosa Rodríguez—, los pobladores denuncian que la intención de expulsarlos de su territorio nunca cesó.
Especialmente señalada es la participación de Diego Prieto, exdirector del INAH y actual titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCVPII) de la Secretaría de Cultura Federal, cuya presencia es vista por los inconformes como una provocación directa, acusándolo de intentar dividirlos ofreciendo dinero para que abandonen el parador tradicional.
“Uno de los temas de la mesa de diálogo es el no cierre del parador turístico de la entrada principal y a pesar que el INAH dijo que eso era jurisdicción del Gobierno de Yucatán, que Cultur tomaría la decisión final, también nos dijeron que la cerrarían, entonces ¿Si el INAH no tiene la facultad por qué nos advierten que cerrarán?”, reclamó Pablo.
El fondo del problema radica en el diseño y la funcionalidad del CATVI, inaugurado en marzo de 2025. Aunque el Gobierno Federal proyectó este espacio como la nueva y única entrada principal para conectar con la estación del Tren Maya —ubicada a tres kilómetros—, los trabajadores locales aseguran que el sitio carece de condiciones dignas.
Descrito por las comunidades como una «plancha de concreto» sin árboles y con locales excesivamente pequeños, el diseño obliga al turismo a desviarse hacia el Gran Museo de Chichén Itzá y caminar por un sendero al otro lado de la carretera hasta el Cenote Sagrado. Para los guías comunitarios y las familias que viven de la venta directa de sus artesanías, este circuito turístico los invisibiliza y estrangula su economía, razón por la cual rechazan el discurso del INAH, que justificó el cierre argumentando supuestos «trabajos de mantenimiento» mientras mantiene la zona arqueológica bajo un clima de total incertidumbre.
