A pesar de ser deudor alimentario y contar con denuncias por violencia vicaria, Julio C.G.C. logró que las autoridades boletinaran a sus propias hijas como «sustraídas». Hoy, Karla y las menores viven en el encierro mientras la Fiscalía ignora las pruebas de que las niñas están seguras con su madre.
Por Claudia V. Arriaga Durán.
Mérida, Yucatán, 07 de mayo de 2026.- Julio C.G.C. es padre de dos niñas, Anna Julie y Paula Renatta, de 4 y 11 años de edad. A pesar de ser deudor de pensión alimenticia, su expareja y madre de las menores, Karla, nunca obstaculizó la convivencia. Sin embargo, él la denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la supuesta sustracción de las menores —aunque no posee la custodia— y, sin una investigación con perspectiva de género, las autoridades activaron las Alertas Amber desde el pasado 25 de abril.
Julio adeuda 85 mil 455 pesos acumulados entre 2023 y 2025. Durante este periodo, únicamente depositaba la mitad de la pensión establecida: 750 pesos por cada niña. Incluso, intentó interponer un amparo para eludir sus obligaciones y los derechos de sus hijas.
“Mis niñas tienen discapacidad; una padece epilepsia e hiperplasia. Yo cargo con todos los gastos: consultas, medicinas y colegiaturas. Además, tengo que lidiar con denuncias. La Alerta Amber es un desgaste emocional. No sé por qué él hizo esto ni hasta dónde llegará, cuando no aporta nada”, declaró Karla.
Julio decidió finalizar la relación en 2022. Karla no se opuso; al contrario, le pidió liquidar propiedades, deudas y formalizar lo relacionado con sus hijas: la pensión y el régimen de convivencia. Se estableció un pago mensual de 6 mil 319.43 pesos, pero desde hace cuatro años, él solo cubre el 50 por ciento.
La madre no solo asume los gastos de alimentación, vivienda y educación, sino que garantiza el acceso a un desarrollo integral mediante actividades deportivas y recreativas, un esfuerzo doble considerando que ambas menores están diagnosticadas con discapacidad (epilepsia e hiperplasia).
El aumento de la hostilidad
La violencia contra Karla escaló en marzo, tras ser advertido Julio de que debía liquidar el adeudo de la pensión. Ese mismo mes, él la denunció ante la agencia 29 de la FGE. A la fecha, ella desconoce el delito que se le imputa; aunque solicitó información mediante un escrito, no ha recibido respuesta. En aquella ocasión, le exigieron presentar a las niñas, pero no pudo hacerlo porque ambas tenían varicela.
Ella ya ha denunciado a Julio previamente; existen carpetas abiertas por violencia vicaria. Él la amenazaba constantemente con quitarle a las menores. Irónicamente, quien ahora enfrenta a la justicia es Karla.
“Tengo dos carpetas abiertas por violencia vicaria. Me han hecho todos los estudios: médico forense, psicología pericial, todo, y no me he negado. ¿Cómo la FGE me deja en indefensión? En la segunda carpeta, con detenido, la Fiscalía me pidió cumplir con los protocolos y acepté”, apuntó.
Un día antes de que se publicaran las fichas de búsqueda de sus hijas, Karla presentó un escrito aclaratorio. Aun así, 24 horas después, la Fiscalía activó las Alertas Amber. “Antes de la Alerta, solicité medidas de protección. El 25 de abril meten las Alertas”, relató.
Ruta de la violencia vicaria
Karla inició su relación con Julio en 2013. En 2022, él abandonó el hogar; ella se enteró a través de un tercero. “Me habló el mejor amigo de él para preguntarme cómo estaba, porque Julio le dijo que nos divorciaríamos. Le marqué y me confirmó que el divorcio era inminente; le pregunté si estaba consciente de que no había vuelta atrás”, comentó.
Trabajaban en el mismo lugar hasta que, en 2023, él fue despedido. Durante los años de convivencia, la violencia no fue física, sino psicológica y emocional. Julio le repetía constantemente que «no era nadie sin él». Tras iniciar un proceso terapéutico y marcar límites, la relación dejó de ser cordial al romperse el ciclo de manipulación.
“Me decía que tenía que estar bien con él porque estaba sola, ya que no tengo papá, mamá o redes de apoyo aquí. Mi único círculo de apoyo son mis hijas. Me decía que sin él no podía hacer nada y lo creía. Cambió cuando empecé a tomar terapia”, reiteró.
Las amenazas de arrebatarle a las niñas iniciaron en 2024, bajo el argumento de que era «mala madre» por trabajar. Para entonces, Julio ya era deudor alimentario.
“Dije ‘ya basta’ y denuncié en agosto de 2024. Tenía una orden de restricción y, para el 16 de noviembre, él violó las medidas: fue con su hermano a grabar a mi casa. Llamé a la policía y lo detuvieron. Ahí se abrió la segunda carpeta con detenido”, narró.
Desde entonces, Karla ha sido confrontada y grabada por la familia de Julio y sus parejas en turno. Pese al hostigamiento, en febrero de 2025, cuando la pequeña Anna Julia fue hospitalizada en estado crítico, Karla priorizó el derecho de su hija a ver a su padre y permitió la convivencia pese a la restricción vigente.
“Mi hija, por fortuna, salió adelante y hoy es medallista en karate. La otra, con epilepsia, toma su medicamento (Keppra). Permití que la vieran porque lo aman, no se les habla mal de él. Lo hice por ellas, pero otra vez la novia, el hermano y policías grabando afuera. Me dicen que aguante, pero ¿cuánto más, si te hostigan para que salgas de tus casillas?”, lamentó.
A la fecha, las Alertas Amber continúan vigentes. Karla y sus hijas permanecen encerradas en su casa, a pesar de haber notificado formalmente a las autoridades que se encuentran bajo el resguardo de su madre, quien legalmente posee la custodia.
