Guillermo, campesino maya de 60 años, enfrenta medidas cautelares tras defender las parcelas que su familia ha trabajado por generaciones frente a los intereses de desarrolladores inmobiliarios.
Por Claudia V. Arriaga Durán.
Progreso, Yucatán, 13 de mayo de 2026. — La jueza Suemy del Rosario Lizama Sánchez vinculó a proceso a los campesinos Guillermo y Cecilio, originarios de Ixil, junto a Sergio Oceransky, director de la Fundación Yansa, por el presunto delito de despojo de cosa inmueble. La resolución, emitida en los juzgados de Progreso, incluyó como medidas cautelares la firma mensual ante la autoridad y la prohibición de salir del estado de Yucatán.
El proceso penal deriva de los hechos ocurridos el 17 de agosto de 2023, cuando agentes de la policía estatal y seguridad privada resguardaron el cercado de terrenos que eliminó el acceso a diversas parcelas. Los denunciantes son los empresarios Gerardo Millet Palomeque, Andrés Abimerhi Briseño y Gerardo Millet Menéndez, quienes reclaman la propiedad de 320 hectáreas.
Guillermo, campesino de 60 años dedicado al cultivo de la cebollita local, sostuvo que las tierras han sido trabajadas por su familia durante generaciones. “A mí nunca me citaron o tomaron una declaración, cuando me dijeron ya era la audiencia. En el terreno estaba la parcela que por generaciones hemos trabajado y llegaron estas personas a decir que son dueños, pero son falsos porque desde mis abuelos hemos trabajado la tierra”, alegó.
Por su parte, la comunidad de Ixil lamentó la falta de perspectiva intercultural de la jueza, señalando que los llamó «grupo de choque». Respecto a la validez de la propiedad, los afectados cuestionaron el origen de las escrituras: “Dicen que se lo compraron a una tal Pilar Quijano y que después se lo vendieron a Alfredo Espinosa y que después sacaron sus títulos. Son documentos apócrifos de notarios que se presentan. Ellos tienen a la policía y a la autoridad, nosotros no”.
El área en disputa posee un alto valor estratégico para el desarrollo inmobiliario debido a su cercanía con Mérida y su zona costera. Dos de los acusadores son socios de Baspul, un complejo habitacional cercano a la zona de conflicto.
En el caso de Sergio Oceransky, esta determinación ocurre semanas después de haber sido detenido en Guadalajara por una acusación de extorsión de la cual fue liberado por falta de elementos. Tras la audiencia en Progreso, el activista solicitó permiso para salir de la entidad para atender una emergencia de salud familiar derivada de la presión generada por el proceso judicial.
