Por Sofía Vital
Representantes de comunidades mayas de Yucatán, junto con la Fundación Yansa, ofrecieron una conferencia de prensa en la que denunciaron un patrón de criminalización contra defensores del territorio y anunciaron una serie de acciones legales y de movilización social.
El caso de Santa María Chí. Wilberth Nahuat Puc, comisario municipal de la localidad, informó que la empresa porcícola San Gerardo —socia de Kekén— apeló el sobreseimiento del juicio en su contra, mientras la PROFEPA aún no dictamina el daño ambiental que motivó el cierre de la granja. Nahuat cuestionó que sea la propia empresa la que evalúe los daños que ella misma habría provocado.
El conflicto de tierras en Ixil.Integrantes del Consejo Comunitario Ixil —Emanuel Chan, Peregrina Cutz y el campesino Guillermo Julián Yam Ek— rechazaron las acusaciones de despojo presentadas por las familias Abimerhi y Millet, y responsabilizaron a la jueza Suemy del Rosario Lizama Sánchez de actuar con parcialidad y desconocer su identidad indígena. Anunciaron que acudirán al Tribunal de Disciplina Judicial. También señalaron un posible conflicto de interés al vincular a uno de los denunciantes con familiares del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
El caso de Sergio Oceransky.El director de Fundación Yansa relató irregularidades en su propio proceso penal, incluyendo la imposición de un grillete electrónico basada en información que calificó de falsa, y expresó preocupación por su seguridad personal, vinculando el hecho a una presunta campaña de difamación digital en su contra que involucraría a un funcionario de comunicación social del gobierno estatal.
Victoria judicial contra PROFEPA.Un juzgado federal en Aguascalientes resolvió a favor de la comunidad Ixil y la Fundación Yansa en un amparo contra la PROFEPA por el manejo opaco de una denuncia ambiental contra el desarrollo inmobiliario Cedrón, calificando dicha opacidad como violatoria del Acuerdo de Escazú —la primera sentencia de este tipo a nivel federal.
También se abordaron el caso de la construcción irregular de granjas avícolas de CRIO en la zona arqueológica de Tzemé (Kinchil), la reciente asamblea comunitaria en Caucel Pueblo, y una advertencia sobre personas que estarían solicitando dinero a nombre de Nahuat y la Fundación Yansa sin autorización.
Se informó del próximo el Taller sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que se realizará el sábado 11 de julio a las 10:00 am en la Casa de los Saberes Jurídicos. Es de entrada pública, aunque está dirigido principalmente a personas de comunidades mayas, con miras a que posteriormente se realicen asambleas comunitarias para definir posturas frente a la consulta oficial de la ley.
Como actividades previas, el viernes 10 de julio habrá dos pláticas informativas abiertas al público sobre la propuesta de ley: a las 11:00 am en El Olimpo (junto con la CODHEY) y a las 6:00 pm en el Local de Chuburná(calle 16 x 15, Chuburná de Hidalgo).
La Marcha contra la criminalización, convocada para el domingo 9 de agosto Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con concentración a las 10:00 am en el Remate del Paseo de Montejo, en Mérida. Se invita a todo el público y comunidades a sumarse. Para más información están las páginas de Facebook de Consejos Mayas (facebook.com/consejosmayas) y Fundación Yansa (facebook.com/FundacionYansa).
