El 21 de mayo, Mariela de 14 años logró regresar a casa con su madre Rocío, luego del año y medio que pasó bajo la tutela del Estado. Las separaron porque Rocío apoyó a su hija con su decisión de abortar y la acusaron de tentativa de feminicidio, aborto y hechos posiblemente delictuosos.
Por Claudia V. Arriaga Durán.
Mérida, Yucatán, 21 de mayo de 2025.- El 21 de mayo de 2025, Mariela de 14 años logró regresar a casa con su madre Rocío, luego del año y medio que pasaron separadas. La adolescente quedó bajo la tutela del Estado de Yucatán porque el personal del IMSS T1, acusó a su mamá de tentativa de feminicidio, aborto y hechos posiblemente delictuosos.
Mariela se embarazó a los 13 años, pero no quería ser mamá y le pidió apoyó a su mamá. Rocío apoyó la decisión de su hija y juntas acudieron a un médico. La adolescente accedió a un aborto medicoso.
“Tenía menos de dos meses de embarazo y por eso es que decidimos hacerlo. Me informé del tema y entendí que ya no era un delito”, expuso la mamá de Mariela.
Pasaron tres días desde la toma del medicamento cuando sintió dolor y sangrado. Asustada le pidió a su abuela, ya que su mamá estaba trabajando, que la llevara al hospital. Acudieron a la Unidad Médica Familiar del IMSS No. 58. De ahí la enviaron al hospital de la T1 del IMSS. Rocío llegó a verla y un médico le dijo que la arrestarían, que era un delito.
A Rocío la citaron en la Procuraduría de Protección a Niñas,Niños y Adolescentes (Prodennay). Le preguntaron de los hechos, aunque nunca le permitieron presentar la receta médica, ni información relativa al delito que se le acusó.
A partir de ese día, a la menor no le permitieron regresar a casa con su mamá. Además, a Roció le abrieron dos carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE) y la UNATD 709/2023 por aborto y hechos posiblemente delictuosos.
Por ocho meses tampoco pudo ver o hablar con su hija.
Gracias a la ayuda de un equipo de personas abogadas que interpusieron amparos, es que se resolvió el 596/2024 en el Juzgado Primero de Distrito en Mérida, Yucatán y la PRODENNAY no tuvo más opción que dejar que se reúnan.
La menor fue enviada al Centro de Atención Integral al Menor Desamparado (CAIMEDE). Luego trasladada a Casa Otoch; en donde el 16 de mayo fue víctima de una agresión sexual, dos compañeros la tocaron sin su consentimiento.
“Si nos querían castigar estar separadas por más de un año es suficiente castigo. Solo quiero que me regresen a mi hija”, declaró Rocío.
Para reintegrar a la menor con su familia, la Prodennay le pidió a Mariela que desista del amparo que interpuso. Sin embargo, no fue necesario y lograron ganar esa lucha porque el 21 de mayo de 2025, un juez federal resolvió a favor de ambas.
Cabe mencionar que desde el 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que es inconstitucional criminalizar a las mujeres por interrumpir el embarazo.
Mariela y Rocío fueron acompañadas en está lucha por Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal(UNASSE).
