Entre dilaciones del Tribunal Agrario, inconsistencias en la defensa del Estado y el ascenso de funcionarios clave, la comunidad enfrenta más de dos décadas de impunidad por la tenencia de su tierra.
Por Claudia V. Arriaga Durán.
Mérida, Yucatán, 14 de septiembre de 2026.- El ejido maya de Dzununcán, comisaría de Mérida, denunció la falta de voluntad del Gobierno del Estado de Yucatán por llegar a un acuerdo, derivado del conflicto histórico que inició en 2004 con la expropiación de 82 hectáreas que nunca fueron pagadas. En la tierra —de la que fueron despojados— está el estacionamiento de la Feria de Xmatkuil, que organiza anualmente el Instituto Promotor de Ferias del Estado de Yucatán. El valor del predio asciende a 150 millones de pesos, según lo estimado.
En marzo de 2026, los campesinos mayas se acercaron al gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, «Huacho», para solicitarle un diálogo. Posteriormente, fueron recibidos por el subsecretario de Asuntos Agrarios, Moisés Rodríguez Briceño, quien actualmente fue propuesto por el titular del Ejecutivo para ocupar el cargo en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
“El Estado no ha respondido nada, cuando estaba Moisés (Rodríguez) dijo que el gobernador quería pagar al ejido, pero nada se ha visto. El gobernador no ha recibido al ejido, ni ha dicho si van a pagar o no”, expuso el representante legal del ejido, el abogado David López Ambrosio.
A meses de lucha y acciones de protesta, ni se ha logrado el pago de la indemnización ni fueron recibidos por Díaz Mena. El juicio con el expediente 1254/2023 del Tribunal Agrario continúa a paso lento. La expectativa es que la sentencia sea dictada en un plazo de uno o dos años, lo que obstaculiza el acceso a la justicia por la tenencia de la tierra del pueblo maya.
Un error en el trámite de expropiación cometida desde hace más de una década por el Gobierno Federal se tradujo en despojo de la tierra. No existe constancia de que existiera un pago por las 82 hectáreas, pese a que sí hay un cheque en el expediente del juicio.
“Está claro el error del gobierno federal al hacer la expropiación, pese a que aparece un cheque no quiere decir que se pagó al ejido, ni que se distribuyó equitativamente. El reglamento que estaba en 1996, que dejó de ser vigente en 2012, decía que cuando el pago era por expropiación iría a los titulares de la parcela y tenía que caer en el ejido”, relató David López.
La parcela —en litigio— se creó en agosto de 2003 y en octubre de ese mismo año, esa asamblea del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos en México (PROCEDE) se inscribió ante el Registro Agrario Nacional (RAN). Sin embargo, el Gobierno Federal realizó la expropiación como tierras de uso común.
“Eso desencadenó errores en el proceso de expropiación que finaliza con un pago que no se apega a la ley (…) No tenemos la certeza que el comisario de ese entonces haya cobrado un cheque. Los ejidatarios son conscientes que no llegó el dinero, ni se repartió en una asamblea ejidal”, sostuvo el asesor legal.
En la respuesta del Gobierno de Yucatán al juicio del Tribunal Agrario por las 82 hectáreas del ejido de Dzununcán hay incongruencias en las fechas, pues alegaron que desde 2022 ya había pláticas para la expropiación cuando esta ocurrió formalmente en 2004.
El próximo 3 de noviembre se realizará una audiencia en la que se desahogarán las pruebas testimoniales y documentales. La sentencia será dictada en los seis meses posteriores, aunque el asesor legal señaló que por temas burocráticos del Tribunal podría demorar hasta dos años y, de ahí, el Estado aún tiene la posibilidad de promover un amparo para no pagar.
“Sabemos que la intención es patear la lata para que esta administración no tenga que pagar”, lamentó David.
El pago de los 150 millones de pesos de indemnización por la expropiación se calculó con la parte proporcional de la tierra ocupada como estacionamiento de la feria y el avalúo del paso del Tren Maya por el ejido de Dzununcán.
