Por Claudia V. Arriaga Durán
La impunidad es total para la red cibernética Packs de México y absoluta para las 3,485 víctimas contabilizadas en sus bases de datos a lo largo de seis estados del sur del país. En Yucatán, el territorio más afectado con 1,797 mujeres expuestas —varias de ellas menores de edad—, apenas el 8.4 por ciento formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) entre 2018 y 2023. Las más de cien querellas interpuestas no derivaron en la desarticulación del sitio ni en la captura de sus administradores. Este nulo avance provocó que entre 2024 y 2026 la recepción de denuncias cayera a cero: no porque la explotación haya cesado, sino por la abierta desconfianza ciudadana y el efecto coercitivo que genera la inacción de las autoridades.
El alcance del cibercrimen y la burla institucional
La ineficacia de la procuración de justicia estatal contrasta con la acelerada expansión del portal de trata en la modalidad de pornografía, el cual explota material íntimo de 735 mujeres en Campeche, 706 en Quintana Roo, 98 en Veracruz, 93 en Tabasco y 56 en Chiapas. La audacia de la plataforma alcanzó su punto crítico a partir de 2022, cuando sus operadores lanzaron una campaña en el marco del Día Internacional de la Mujer condicionado a que, si existían menores de edad en su catálogo, debían enviar una copia de su acta de nacimiento para validar su edad y considerar la remoción del contenido.
Investigaciones que solo avanza con presión extranjera
La parálisis de la FGE no responde a la imposibilidad técnica de rastrear a los responsables. Especialistas en derecho y activistas señalan que la fiscalía cuenta con herramientas para seguir la ruta del dinero y solicitar la colaboración de empresas tecnológicas globales como Google, mecanismos que han demostrado su efectividad únicamente cuando existen presiones o investigaciones internacionales de por medio. Un ejemplo directo ocurrió en octubre de 2024 con la detención en Mérida del instructor de danza Juan Carlos T.R., propietario de «TDS Tenorio Dance Studio», vinculado por trata e imágenes de abuso infantil tras un reporte de Google encausado por el NCMEC de Estados Unidos que la fiscalía local congeló desde 2022. De forma similar, en abril de 2026 la FGR arrestó a Josué Raúl «N» en Mulchechén por investigaciones de la Policía de Queensland y la Embajada de Australia, evidenciando que la justicia local solo reacciona ante la intervención externa.
La resistencia del activismo frente al fracaso judicial
Frente al dilema de nombrar o silenciar el portal para no otorgarle publicidad, defensoras de derechos humanos como Emmy Puerto, integrante del Frente Nacional para la Sororidad en Yucatán y sobreviviente de violencia digital, enfatizan que visibilizar a la red exhibe de forma directa la negligencia institucional. El saldo judicial contra Packs de México se reduce a dos carpetas judicializadas en 2023, año en que se vinculó a proceso al fotógrafo Alberto E. por imágenes de 13 denunciantes. La impunidad actual replica el antecedente de Yucatercos, red desarticulada en 2016 por la FGR donde Bryan Slater G.P. cumplió una condena corta de cuatro años y quedó en libertad, mientras los materiales robados a aquellas víctimas continúan comercializándose en el catálogo activo del portal.
