Entre el subejercicio de fondos federales y un presupuesto local de apenas 156 mil pesos en cuatro años, la Comisión de Búsqueda de Yucatán opera como una oficina de trámites que ha dejado perder más de 6 millones de pesos, obligando a las familias a rastrear la selva con sus propios recursos.
Por Claudia Victoria Arriaga Durán.
31 de agosto de 2026.- Detrás del discurso oficial que promueve a Yucatán como un oasis de tranquilidad, la atención a las desapariciones enfrenta un colapso institucional. Mientras las familias de las víctimas recorren la selva monte adentro con palas pagadas de su propio bolsillo, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Yucatán (CBPY) funciona como un engranaje administrativo desarmado por el desinterés presupuestal local y la incapacidad técnica para aprovechar los fondos nacionales.
En un país que contabiliza 131 mil 835 personas desaparecidas, la entidad yucateca replica el abandono hacia los colectivos de búsqueda. En un periodo de cuatro años —de 2022 a la fecha—, el gobierno estatal asignó a la CBPY una partida acumulada de apenas 156 mil 6 pesos con 31 centavos.
Recurso Presupuestal (2022-2026) | Monto Asignado / Perdido |
Presupuesto asignado por el Estado de Yucatán | $156,006.31 MXN |
Fondos federales recibidos (Programa U008) | > $11,000,000.00 MXN |
Fondos federales devueltos / perdidos por subejercicio | $6,059,866.51 MXN |
Acudir a presentar una denuncia no garantiza la movilización de las autoridades. Ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni la propia CBPY aseguran un acompañamiento efectivo en el terreno a quienes intentan dar con el paradero de sus seres queridos.
“Las desapariciones aún no son parte de la agenda pública”, advierte Clara Gutiérrez, fundadora de la Colectiva Familias Buscadoras de Yucatán.
Frente a esta omisión gubernamental, los rastreos se trasladan a la espesura del monte maya. Entre el calor extremo y el terreno irregular, el sonido de los picos al golpear la tierra sustituye la acción que la ley le exige a las instituciones. Ante la inacción pública, las familias financian sus propios operativos con el respaldo de redes solidarias y amistades.
Aunque la CBPY depende principalmente del financiamiento federal que se distribuye mediante el Programa U008 («Subsidios para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas»), el acceso a esta bolsa exige gestión y el cumplimiento estricto de lineamientos. La Ley General en la materia catalogaba como una falta grave la omisión de estos trámites por parte de los organismos locales.
Para obtener el dinero de la Federación, el estado debe aportar un monto de coparticipación de al menos el 10% del total otorgado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
La Secretaría de Administración y Finanzas del Estado recibe esta transferencia federal en dos entregas: un primer pago del 70% y un segundo del 30%. Sin embargo, las reglas del Programa U008 determinan que, si no se comprueba ni se gasta la totalidad de la primera ministración, se pierde de manera definitiva el saldo restante.
Una serie de respuestas entregadas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) demuestra que el organismo no solo opera con una partida estatal raquítica, sino que además fue incapaz de gastar los recursos federales aprobados, omitiendo detallar el destino de las partidas que sí ejecutó.
Durante el periodo 2022-2026, la CBPY captó más de 11 millones de pesos federales; sin embargo, devolvió o dejó de percibir 6,059,866.51 pesos del Programa U008 por no haber ejercido a tiempo los montos asignados en las primeras etapas.
Una estructura vacía durante dos años
El origen de la CBPY se remonta a la publicación del Decreto 177/2020 en el Diario Oficial del Estado, el 5 de febrero de 2020.
A pesar del mandato legal, los informes de la Secretaría General de Gobierno (SGG) confirman que la comisión careció de presupuesto durante más de dos años y operó sin una persona al frente durante sus primeros siete meses de existencia.
“El nombramiento de la Titular de la Comisión de Búsqueda fue con fecha 09 de mayo de 2022. Asimismo, resulta imperativo señalar que a la Unidad Administrativa de mérito se le asignó presupuesto en el mes de octubre del año 2022”, indica la documentación obtenida vía PNT.
Tras la designación de Karla Patricia Quintal Solís en mayo de 2022, el trabajo institucional se concentró en trámites de escritorio: girar oficios para búsquedas virtuales, atender peticiones de colaboración y asistir a reuniones de trabajo del Sistema Nacional.
Periodo | Personal Operativo en CBPY |
Octubre 2022 – Junio 2023 | 5 personas |
Julio 2023 – Septiembre 2024 | 8 personas (2 administrativas) |
Octubre 2024 – A la fecha | 5 personas |
La legislación local obliga a la CBPY a realizar despliegues de campo inmediatos desde el momento en que se reporta la ausencia de una persona, sin supeditar el rastreo a que la Fiscalía inicie formalmente una carpeta de investigación.
El inciso 11 del Artículo 4 de la Ley Estatal en Materia de Desaparición Forzada estipula la obligación de “ejecutar de inmediato las acciones de búsqueda que correspondan […] e informar a los familiares sobre la posibilidad de canalizarlos a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas”.
La comisión posee la atribución de requerir datos a dependencias locales, solicitar la intervención de la CNB y pedir escolta policial para los colectivos. Por su parte, la aclaración de los hechos y la persecución de los responsables corresponden de forma exclusiva a la FGE.
Aun cuando en octubre de 2022 se liberaron los primeros fondos y se sumaron cuatro empleados, la dinámica no cambió. El personal priorizó pláticas de sensibilización, revisión de redes sociales y creación de fichas informativas, manteniendo la carga de las búsquedas físicas sobre los familiares.
La plantilla operativa ha sido cambiante e insuficiente: tras operar con cinco integrantes entre finales de 2022 y mediados de 2023, la cifra subió a ocho entre julio de 2023 y septiembre de 2024 (con dos perfiles dedicados a oficina). Desde octubre de 2024 a la fecha, la nómina volvió a reducirse a cinco personas. En ese lapso, la CNB asignó en comisión a seis especialistas de la Red Nacional de Buscadores para reforzar la entidad.
Año | Acciones de Búsqueda Reportadas |
2022 (Octubre – Diciembre) | 265 |
2023 | 588 |
2024 | 1,540 |
2025 | 2,498 |
2026 (Enero) | 281 |
Total acumulado | 5,172 |
En el papel, la CBPY suma 5 mil 172 «acciones de búsqueda» reportadas entre octubre de 2022 y enero de 2026: 265 en el tramo final de 2022, 588 en 2023, 1,540 en 2024, 2,498 en 2025 y 281 en el inicio de 2026.
Estas cifras engloban tareas de gabinete, búsquedas en vida y diligencias forenses, con la participación media de dos a tres funcionarios por operativo. El propio organismo admitió que durante los primeros nueve meses de 2022 no se realizó trabajo de campo debido a que las operaciones iniciaron hasta el último trimestre de ese año.
La insistencia en negar que Yucatán enfrenta dinámicas de desaparición afecta directamente las garantías de las víctimas y la labor de sus familias.
“Si no sale a la luz, la gente nunca va a entender y saber que en Yucatán pasan estas cosas. Hay que asimilar que el estado ya cambió. Las personas no quieren ver que hay más decomisos de drogas, personas desaparecidas y jóvenes en situación de calle. Todo está relacionado”, afirma Clara Gutiérrez.
Con 311 personas registradas como desaparecidas o no localizadas al corte de marzo de 2026 en la plataforma nacional (RNPDNO), los colectivos exigen terminar con la resistencia oficial a reconocer la problemática.
“Yucatán ya no es tranquilo, en todos lados pasan cosas y la gente se acostumbra, pero Yucatán no quiere aceptarlo para prevenirlo”, concluye la activista.
