Fotos y texto por Sofia Vital
Mérida, Yucatán 11 de abril de 2026.- El Ejido de Dzununcán, Mérida; mantiene una lucha legal y social por la recuperación de 82 hectáreas que actualmente funcionan como estacionamiento del recinto ferial de Xmatkuil, en un conflicto que arrastra décadas de presuntas irregularidades, falta de indemnización y reclamos directos al Gobierno del Estado.
Wilbert Cocom Celis, presidente del comisariado ejidal, explicó que el origen del problema se remonta a 2004, cuando el Gobierno Federal expropió las tierras sin que existiera una indemnización real para los ejidatarios.
Posteriormente, dichas hectáreas aparecieron asignadas a un particular. De acuerdo con la denuncia, en 2015 el entonces comisariado Eleazar Bacap las asignó a su hermano, Benito Bacap, en un acto que, según el núcleo agrario, contraviene la Ley Agraria, la cual establece que un comisario en funciones no puede comprar, vender ni asignar tierras del ejido durante su gestión.
El ejido tuvo conocimiento de estas irregularidades cuando vecinos de la colonia La Guadalupana acudieron a una asamblea para solicitar sus títulos de propiedad. Fue entonces cuando se les informó que el ejido nunca había vendido dichas tierras.
La investigación interna reveló que, tras la asignación a Benito Bacap, las hectáreas fueron aparentemente vendidas a un tercero identificado como Miguel.
Ante esta situación, la asamblea tomó diversas acciones: destituyó al comisariado Ariel Cetz, señalado como “tapadera” de estos movimientos; recuperó 216 hectáreas que habían sido asignadas ilegalmente a otro particular mediante una asamblea falsa; e inició la demanda por las 82 hectáreas restantes, proceso que se mantiene en tribunales desde 2023.
El comisario ejidal fue enfático al describir la postura actual de la asamblea y el cansancio ante la falta de atención del Ejecutivo estatal.
“Ya no tenemos que ir a buscarlo. Que nos busque. Medios, solicitudes, le ha valido. Entonces, ya no tenemos que ir a buscarlo a él. Él si quiere que nos busque. El papelito nosotros lo tenemos. Es la parcela, somos los dueños. Si nosotros hemos querido acercarnos con ellos y ellos no nos han querido escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Y me da mucha pena, ¿no? Porque pues realmente el gobernador está para escuchar, para dialogar”.
Sobre su identidad y la defensa del territorio, expresó:
“Nosotros somos clase indígena. Nos pueden ver muy buenos, pero a veces nos pueden salir a lo indio o lo maya. Entonces, por eso yo digo una cosa, y no porque yo sea un provocador, no lo soy, nunca he sido provocador. Lo que cuando hay que luchar se da por luchar. Esas tierras, esas tierras son del ejido y lo repito una vez más”.
El ejido sostiene que, al no haber existido un pago real por la expropiación y al ser la asignación posterior a un ejidatario un acto ilegal, las tierras continúan siendo propiedad ejidal.
El abogado del caso, David López Ambrosio, ha entregado al Gobierno del Estado la documentación que acredita la propiedad de la parcela. A pesar de que acudieron a la Ciudad de México en febrero del año pasado para solicitar la intervención de la Presidencia, así como de haber realizado manifestaciones pacíficas y peticiones directas al gobernador, el ejido sigue en espera de una audiencia formal.
La postura de la asamblea es clara: si el Gobierno desea negociar, deberá hacerlo directamente con el núcleo ejidal, al asegurar que cuentan con los títulos que los avalan como legítimos propietarios.
Bajo este nuevo escenario, este 6 de abril de 2026, alrededor de 180 ejidatarios de Dzununcán, junto con personal de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, iniciaron trabajos de medición en las instalaciones de la Feria Xmatkuil.
Como la parcela está prácticamente cerrada por la maleza, los ejidatarios llegaron con machete en mano para abrirse paso y ayudar a marcar los límites exactos del terreno. Wilbert Cocom aclaró que no se trató de una toma de instalaciones, sino de un trabajo coordinado entre el Gobierno y el ejido para conocer la superficie real ocupada por la feria, ante una expropiación que refiere 79 hectáreas.
El asesor jurídico, David López Ambrosio, informó que el juicio inició en 2023 y recordó que la próxima audiencia en el Tribunal Agrario de Mérida será el 15 de abril, donde esperan que se agilice la realización de la primera asamblea. Los ejidatarios reiteraron su disposición para concluir el conflicto y recibir el pago correspondiente.
“El primer paso ya lo dimos, esperemos que el gobierno nos cumpla porque estamos en la mejor disposición de darle fin a ese conflicto y los ejidatarios por fin reciban su paga”, finalizó Wilbert Cocom Celis.
