Por Claudia V. Arriaga Durán.
Guadalajara, Jalisco, 10 de abril de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Jalisco fue señalada por el director de la fundación Yansa, Sergio Oceransky Losana, de proteger intereses políticos y empresariales para criminalizar la defensa del territorio. En rueda de prensa, el activista denunció que su reciente arresto fue arbitrario y fundamentado en una denuncia falsa que cambió de extorsión a amenazas.
“El juez quiere proteger la imagen de la empresa que quiere que se me vincule a proceso por un supuesto delito de amenazas”, puntualizó Oceransky.
Reveló que, además de las medidas de arraigo, el juez le impuso una restricción para hablar sobre sus acusadores. El defensor calificó esta determinación como una «mordaza» que vulnera su libertad de expresión y lo deja en desventaja procesal al arrebatarle su principal herramienta de defensa: la denuncia pública.
Detalló que existen graves anomalías en la investigación, como notificaciones enviadas a domicilios inexistentes en Zapopan, lo que a su juicio demuestra un intento directo por frenar su labor ambientalista.
Por su parte, Alejandra Poot denunció que, tras la detención, buscó el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, pero recibió un trato negligente y discriminatorio. Según relató, el personal cuestionó su procedencia de forma despectiva.
“Me decían ‘a ver no te entiendo, no se te escucha, tu no eres de acá, háblame bien ¿por qué eres de Yucatán?’”. Poot señaló que este trato no fue solo hacia Sergio, sino hacia todo el equipo que confía en dichas instituciones.
Finalmente, el Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo (CEPAD) informó que el caso ya fue turnado a la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Las organizaciones exigieron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras su intervención inmediata y solicitaron a las fiscalías de Jalisco y Yucatán que cesen el uso del sistema penal para criminalizar la labor de la fundación Yansa.
