A través del informe “La toxificación de la Península de Yucatán”, comunidades mayas alertaron a las Naciones Unidas sobre el riesgo crítico del suelo kárstico frente a la agroindustria y las megagranjas de cerdos y avícolas. La visita del Relator Especial pone el foco en el derecho a un medioambiente sano y el despojo territorial en la región. También se pidió poner el ojo en la minería a cielo abierto.
Por Claudia V. Arriaga Durán.
Mérida, Yucatán; 17 de marzo de 2026.- El Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos acudió a la comisaría de Santa María Chi, en Mérida, para constatar las afectaciones ambientales que sufre la comunidad maya debido a la megagranja porcina de Kekén. Pese a que dicha empresa fue clausurada definitivamente el 9 de septiembre de 2025 por daños al entorno, la localidad denuncia que aún no existe un plan de reparación integral para el ecosistema vulnerado.
Marcos Orellana, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, también escuchó los testimonios de habitantes de las localidades mayas de Chocholá y Sitilpech, sitios que enfrentan luchas similares contra megagranjas porcinas.
“Es un tema de derechos humanos porque la exposición de sustancias peligrosas puede generar vulneración de derechos que están internacionalmente reconocidos como el derecho a la vida, a la salud y a un medioambiente sano”, expresó Marcos Orellana de la ONU.
En el encuentro, donde participaron académicos y organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A.C., la Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), se hizo entrega del informe “La toxificación de la Península de Yucatán”. El documento advierte sobre el riesgo ambiental crítico en Yucatán, Campeche y Quintana Roo ante el crecimiento exponencial de la agroindustria porcina y avícola.
El informe detalla que la naturaleza del suelo kárstico —compuesto por rocas solubles y sistemas de cuevas de alta permeabilidad— facilita que los contaminantes se filtren con rapidez hacia el subsuelo y las reservas de agua. Aunado a esto, se denunció el despojo territorial que enfrentan los pueblos originarios por la instalación de estas plantas, así como la falta de consulta y consentimiento previo, libre e informado.
El documento también documenta obstáculos sistemáticos en el acceso a la justicia, la captura corporativa de las instituciones y la criminalización de la protesta social.
Al respecto, Wilberth Nahuat, comisario de Santa María Chi, recordó cómo su comunidad fue perseguida legalmente por Kekén para desestimar su lucha: “A nosotros no nos golpeó la policía, nos criminalizaron penalmente para intentar frenarnos”, sentenció ante el representante de las Naciones Unidas.
Otro de los temas que sobresalió fue el de la minería a cielo abierto, que según el informe, de acuerdo a la información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de 2018 a marzo de 2025, en el contexto de la construcción del Tren Maya se autorizó la operación de 362 bancos de materiales pétreos en la región: 53 en Yucatán, 108 en Quintana Roo y 165 en Campeche.
