A pesar de que la Granja Porcícola Santa María tiene los días contados para desalojar a sus animales, el fantasma de la contaminación persiste. La comunidad maya de Santa María Chí denuncia que el plan de salida de la aparcera de Kekén ignora el desmantelamiento de 71 naves y gigantescas pilas de oxidación, dejando una bomba de tiempo ambiental en el suelo y el aire de la región. Tras años de lucha jurídica y 24 amparos, los habitantes advierten que el cierre no será el final de su batalla hasta que la infraestructura tóxica sea removida por completo.
Por Claudia V. Arriaga Durán.
Mérida, Yucatán, 27 de febrero de 2026.- La Granja Porcícola Santa María, aparcera de Kekén y vinculada a la familia Loret de Mola, tiene como fecha límite el 31 de marzo para desalojar a todos los cerdos del recinto. Sin embargo, a la fecha se desconoce el destino de las 71 naves de cría y las pilas de oxidación que conforman el sistema de alcantarillado y tratamiento de excretas.
El programa de siete meses presentado por la empresa a la comunidad maya, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tras su clausura definitiva el 9 de septiembre de 2025 por daños ambientales, no incluye estos detalles.
El comisario de Santa María Chí, Wilberth Nahuat, señaló que es imperativo informar sobre los pasos a seguir con el resto de la infraestructura. Las pilas de oxidación son el foco de la contaminación contra la que han luchado y uno de los motivos principales del cierre.
“El calendario es para el retiro del animal, no para el desmantelamiento de las naves ni de las pilas de oxidación. Recordemos que una mide 21 mil metros cuadrados y otras dos miden siete mil metros cuadrados (…); estas excretas nos afectaron en mayo de 2023. En el aire fluye el polvo con excremento hacia la comunidad y zonas aledañas”, expresó Nahuat.
La defensa del medio ambiente y los recursos naturales de Santa María Chí inició en 2023. Hasta 2025, la población interpuso 24 amparos con apoyo del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP). El primero de ellos (1889/2023) fue promovido en noviembre de hace dos años por la niñez y su derecho a un entorno sano.
El catalizador de la organización comunitaria fue la quema de desechos, el fétido olor y la alteración en la coloración del agua de los pozos. Asimismo, organizaron protestas y un campamento de vigilancia, dado que la granja intentó operar incluso bajo suspensiones judiciales.
Cronología del conflicto
El 30 de noviembre de 2023, la Profepa multó a la megagranja con 14 millones 782 mil 950 pesos y ordenó la clausura parcial temporal de la descarga de aguas residuales. El 22 de enero de 2024, la empresa impugnó mediante un recurso de revisión, pero la autoridad confirmó la legalidad del dictamen.
Debido al incumplimiento de las medidas correctivas, el 19 de mayo de 2025 se inició un nuevo procedimiento administrativo. Esto derivó en una segunda sanción el 4 de septiembre de 2025 por 18 millones 668 mil 100 pesos y la determinación de la clausura definitiva. Según el proceso, los empresarios nunca mostraron voluntad de regularizar sus faltas.
Respecto a los amparos vigentes, Wilberth Nahuat advirtió que no se detendrán: “Seguimos con los procesos; no porque ya se vayan a ir los dejaremos a un lado”, sentenció.
