En octubre de 2025, vecinos y vecinas del fraccionamiento Gran Calzada, etapa IV, en Umán; Yucatán, comenzaron a denunciar la cercanía de una estación de compresión de gas natural (booster) a sus viviendas. Esta instalación forma parte de la infraestructura del gasoducto Mayakán, operado por ENGIE, y tiene como función aumentar la presión del gas para mantenerlo circulando a través del sistema de transporte.
En enero de 2025, en la página web de Grupo Casitas muestra un mapa del fraccionamiento, donde estan ya las casas en la etapa IV, pero no el booster, solo se notan unos tubos largos de color . Lo mismo pasa en el mapa de septiembre del 2025, no se ve el booster y de ahi no existe actualización. En google maps, aparece ya el booster frente a las casas de la etapa IV.
Bajo la consigna “¡No al gasoducto!”, los habitantes comenzaron a manifestarse para exigir la reubicación del booster. Ese mismo mes llevaron sus demandas ante el Palacio de Gobierno de Yucatán, preocupados por la proximidad de la instalación industrial a sus hogares y por los riesgos que representa su funcionamiento.
Entre sus principales preocupaciones se encuentran el ruido, las vibraciones, las posibles fugas de gas natural, los incendios o explosiones y las emisiones contaminantes. Durante 2025, los habitantes también reportaron olores a gas durante las noches, una situación que generaba molestias y temor por las posibles afectaciones a la salud y seguridad de las familias.
El 5 de noviembre de 2025, el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán, a cargo de la jueza Mercedes del Sol Hernández Cetina, concedió una suspensión provisional mediante el amparo indirecto 2113/2025. La medida implicaba detener la instalación y las operaciones de la estación de compresión del gasoducto Mayakán, ante los cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y las actuaciones de las autoridades involucradas.
Sin embargo, el 12 de noviembre de 2025, los vecinos y vecinas volvieron a manifestarse, esta vez cerrando el periférico de Mérida durante la noche, luego de que se levantara la suspensión provisional que mantenía detenido el funcionamiento del booster. Durante la manifestación, los habitantes estuvieron expuestos a situaciones de peligro. Según sus testimonios, en determinados momentos algunos conductores intentaron atropellarlos para abrirse paso entre quienes protestaban. Los vecinos señalaron también la ausencia del gobernador del estado, quien no se acercó presencial ni telefónicamente para dialogar con los manifestantes.
Al día siguiente se comunicó una posible solución: la reubicación de las viviendas afectadas.
A partir de diciembre de 2025, el diálogo prácticamente se detuvo. Los habitantes denunciaron que ninguna autoridad se acercaba a la zona para revisar las condiciones de la instalación ni responder a sus preocupaciones. Mientras tanto, continuaban reportándose encendidos y pruebas del booster, ruido durante las noches y olores a gas. El temor fue creciendo entre las familias. Algunas comenzaron a retirarse de Gran Calzada y otras, ante la falta de alternativas, tuvieron que resignarse a continuar viviendo junto a una instalación que consideran peligrosa.
En marzo de 2026, vecinos y vecinas de Gran Calzada, decidieron movilizarse nuevamente para exigir respuestas ante los riesgos de convivir con una infraestructura industrial de estas características.La preocupación se intensificó después de conocer la tragedia ocurrida en la refinería de Dos Bocas, Tabasco. También señalaron el incumplimiento de las promesas de reubicación, la ausencia de un plan concreto de evacuación e indemnización para las familias y la falta de respuestas por parte de las autoridades.
En mayo de 2026 denunciaron nuevamente el encendido del booster. La respuesta que recibieron fue que “se estaban limpiando las máquinas”. Sin embargo, las familias continuaron cuestionando las promesas de reubicación que no se habían concretado.
En junio de 2026 se manifestaron frente a las instalaciones del booster, sin que ninguna autoridad se acercara a dialogar con ellas.
En julio entregaron el documento AEY/015/2025, en el que denunciaron el incumplimiento sistemático de los compromisos que el Gobierno del Estado había asumido con los habitantes de Gran Calzada desde noviembre de 2025.
En ese documento exigieron tres cuestiones fundamentales:
- Conocer la verdad: obtener información clara y verificable sobre las condiciones de operación de la estación.
- Seguridad: conocer los riesgos reales de vivir junto al booster y contar con medidas de prevención y protección.
- Responsabilidad de las autoridades: denunciaron la omisión del Ayuntamiento de Umán, señalando que cuentan con el oficio OM/37/2025, en el que el propio Ayuntamiento informa que no tiene registros de permisos de uso de suelo, construcción ni dictámenes de Protección Civil relacionados con la obra del gasoducto.
Por su parte, la respuesta de Mayakán ha sido que la estación ya se encontraba ahí antes de la construcción de las viviendas. Sin embargo, los habitantes continúan cuestionando la congruencia de los permisos y las autorizaciones relacionadas con la infraestructura.
En septiembre de 2026, los vecinos se alarmaron por la presencia de una flama en uno de los respiraderos de la instalación. De acuerdo con la explicación que posteriormente recibieron, el incidente habría sido provocado por la caída de un rayo sobre la estación de venteo.
Ese mismo mes consiguieron reunirse con representantes de la empresa y del Gobierno del Estado. Sin embargo, denunciaron que no obtuvieron soluciones concretas y que el encuentro estuvo marcado por intimidaciones y explicaciones que consideraron carentes de sustento. La reubicación de las familias continuaba sin resolverse.
“Aquí no es saber quién llegó primero, sino qué nos asegura que estaremos bien enfrente de ese monstruo, que nada nos va a pasar y que no habrá una desgracia», expresó una vecina de manera anónima.
El sábado 31 de octubre de 2026, vecinos y vecinas de Gran Calzada volvieron a reunirse en una rueda de prensa para informar sobre el estado de su lucha y las condiciones que siguen enfrentando. Se percibe el cansancio, el hartazgo y la desesperanza de una comunidad que lleva un año exigiendo soluciones mientras continúa viviendo junto a una estación de compresión de gas natural.
Uno de los principales anuncios fue la actualización del proceso legal. El 25 de septiembre de 2026, el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán dictó sentencia dentro del amparo 2113/2025, notificada a los promoventes el 1 de octubre.
La resolución tuvo dos partes: se sobreseyó el juicio respecto de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal; además, se negó el amparo respecto de los actos reclamados al Ayuntamiento de Umán, la Comisión Nacional de Energía y la autoridad reguladora del sector hidrocarburos mencionada durante la rueda de prensa como ASEA.
Los vecinos reconocieron que perdieron el amparo en primera instancia, pero informaron que presentaron un recurso de revisión, firmado electrónicamente el 16 de octubre de 2026, con el objetivo de que la resolución sea examinada nuevamente.
Durante la rueda de prensa también se expusieron aspectos relevantes de la propia sentencia. De acuerdo con lo informado por los representantes vecinales, se mencionan 30 posibles escenarios de riesgo, la posibilidad de que la estación permanezca operando hasta 30 años y una distancia aproximada de apenas 2.5 metros entre el muro perimetral de las viviendas y el muro de la estación de compresión.
La cercanía de la instalación no es el único problema. Los habitantes denunciaron que el ruido puede prolongarse durante las 24 horas del día. La estación cuenta con cinco ventiladores que alimentan los compresores, por lo que la intensidad del sonido varía dependiendo de cuántos equipos estén funcionando. A esto se suma el ruido adicional de la zona de venteo.
Durante la madrugada, entre las dos y las seis de la mañana, los equipos continúan funcionando. Los habitantes han compartido videos en los que se escucha el ruido durante esos horarios y han señalado que, para algunas familias, el sonido se ha convertido incluso en una especie de alarma involuntaria.
También han documentado vibraciones dentro de las viviendas. Una vecina relató que una mesa de cristal se rompió presuntamente a causa de estas vibraciones. Otros testimonios describen puertas y elementos de las casas temblando durante el funcionamiento de la maquinaria.
En cuanto a los olores, los vecinos explicaron que su intensidad varía. En ocasiones reciben reportes de habitantes que perciben un fuerte olor a gas, pero enfrentan otro problema: no cuentan con instrumentos ni con una instancia independiente que les permita identificar si efectivamente se trata de una fuga. Protección Civil y el Gobierno del Estado no cuentan con indicadores o medidores de gas disponibles para que la población pueda verificar estas situaciones.
A partir de esta última reunión se realizó una medición de ruido en las viviendas próximas al booster, utilizando un medidor de decibeles. En una de las mediciones de campo se registró una lectura de 90 decibeles, en un entorno donde las viviendas se encuentran aproximadamente a tres metros de la instalación.
La medición adquiere relevancia al contrastarla con la NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de fuentes fijas. Para zonas residenciales, los límites establecidos son de 55 dB(A) durante el día, entre las 6:00 y las 22:00 horas, y de 50 dB(A) durante la noche, entre las 22:00 y las 6:00 horas. Para industril es de 68 dBdiurno y 65dB nocturno.
Si la lectura de 90 dB corresponde a una medición realizada con ponderación A y bajo condiciones comparables con el procedimiento establecido en la norma, representaría una diferencia de 35 decibeles respecto al límite diurno y de 40 decibeles respecto al nocturno.
Además, los habitantes señalaron que la estación cuenta actualmente con una barda de malla ciclónica que impide acercarse a la infraestructura para realizar mediciones desde sus inmediaciones. Por ello, consideran necesario utilizar otros medios, como un dron, para documentar las condiciones de operación.
“Pero es como vivir en un aeropuerto, me han dicho mis amigos. Pero no, no ves enfrente del aeropuerto casas. El aeropuerto de la ciudad está alejado de las casas, por eso no molesta tanto el ruido o las vibraciones. Aquí está cerquita, muy cerquita, que el olor se vuelve costumbre, pero cuando te visitan, lo notan y se van por el ruido, es una tortura, como cuando se usaba una gota de agua en la cabeza todos los días, en la época de la santa inquisición es usaban ahora usan el ruido contra nosotros para desplazarnos de manera sutil”.
El testimonio pone sobre la mesa una diferencia importante: no se trata solamente de la intensidad del ruido, sino de la proximidad de una instalación industrial a un entorno habitacional y de la exposición prolongada de quienes viven ahí. El vecino decidió mantener su identidad en el anonimato, al igual que otros habitantes que temen posibles represalias o la negación de apoyos por hacer públicas sus denuncias.
Uno de los aspectos más preocupantes expuestos durante todo un años es la falta de información y protocolos de emergencia para las familias.Los habitantes señalaron que no saben cómo actuar ante una posible fuga, un incendio, una explosión, un sonido de alarma o una situación de emergencia relacionada con el funcionamiento del booster.
Aunque ENGIE refiere contar con protocolos de prevención, los vecinos cuestionan que estos estén dirigidos principalmente al personal que trabaja dentro de las instalaciones y no a las familias que viven a escasos metros. Tampoco cuentan con señalética suficiente, números de emergencia visibles ni información clara sobre cómo actuar ante un incidente. Incluso señalaron que la empresa les propuso un canal de comunicación que solicita datos personales, como dirección y número telefónico, sin que los habitantes tuvieran claridad sobre el tratamiento y la protección de esa información.
La caída del rayo sobre la estación de venteo, que provocó una flama y alarmó a los vecinos, volvió a evidenciar esta falta de comunicación. Los habitantes señalaron que no recibieron una explicación oportuna y que solo después de realizar cuestionamientos conocieron la versión de la empresa.
Son aproximadamente 33 casas las que ENGIE propuso adquirir. Sin embargo, los representantes vecinales aclararon que la medida ofrecida no constituye una reubicación integral, sino la liquidación de los créditos hipotecarios de esas viviendas, además de un apoyo económico para la mudanza.
La empresa liquida los créditos correspondientes ante instituciones como Infonavit, Fovissste o entidades bancarias y posteriormente adquiere la propiedad de las casas. Sin embargo, los vecinos señalan que el apoyo económico para mudarse es insuficiente para adquirir otra vivienda. También explicaron que, en el caso de algunos créditos, existe un periodo de espera de aproximadamente seis meses antes de poder solicitar uno nuevo, lo que representa una dificultad adicional para las familias.
La propuesta tampoco contempla necesariamente las inversiones realizadas en remodelaciones o mejoras de las viviendas. Para las personas jubiladas, la posibilidad de acceder a otro crédito puede ser todavía más complicada. Los representantes vecinales cuestionaron que una medida presentada como solución termine dejando a las familias sin una alternativa habitacional equivalente y con la incertidumbre de dónde podrán establecer nuevamente su hogar.
En la etapa IV de Gran Calzada, considerada zona de amortiguamiento en declaraciones del gobernador, se habla de aproximadamente 270 familias. Algunas ya se han retirado, pero para quienes no cuentan con los recursos económicos necesarios, abandonar sus viviendas no es una posibilidad sencilla. Hay quienes deben pagar simultáneamente su casa y una renta en otro lugar.
Además, señalaron que Grupo Casitas no ha participado en los diálogos sostenidos con el Gobierno del Estado ni ha presentado un posicionamiento ante las demandas vecinales.
Los representantes vecinales reconocieron el desgaste emocional y económico que ha significado este proceso. Algunas familias han tenido que cubrir con recursos propios los gastos de movilización, trámites y gestiones. También se compartieron testimonios de vecinas que han requerido valoraciones psicológicas debido al estrés acumulado.
El conflicto ha afectado incluso los proyectos de vida de quienes invirtieron sus ahorros en construir, remodelar y mejorar sus viviendas, sin saber ahora qué sucederá con ese patrimonio. A pesar de que el proceso legal no ha terminado, los habitantes anunciaron que continuarán agotando las vías jurídicas y comunitarias necesarias, además de exigir la intervención del Gobierno del Estado y de las autoridades federales para esclarecer las condiciones en las que se autorizó la convivencia de una estación de compresión de gas natural con una comunidad habitacional.
Gran Calzada cumple un año de denuncias, manifestaciones y exigencias. Un año de promesas de reubicación que no han ofrecido una solución satisfactoria para las familias, de incertidumbre sobre los riesgos y de una lucha que continúa tanto en las calles como en los tribunales.
Las y los vecinos de Gran Calzada seguirán adelante, aun frente a las adversidades. Han puesto en riesgo su tranquilidad y han enfrentado el desgaste de una lucha desigual porque saben que está en juego el futuro de sus familias. Saben que se enfrentan a grandes corporativos y a sistemas que parecen estar muy por encima de ellos, pero también saben que lo que exigen es justo: vivir en un ambiente sano y tener un hogar digno.
No han dejado de alzar la voz y no piensan hacerlo. Seguirán sin temor, y no estarán solos. Cada vez habrá más personas acompañando su lucha, porque nadie debería tener que enfrentarse a todo un sistema para defender algo tan esencial como su casa, su salud y su derecho a vivir en paz.
