Texto por Sofia Vital
Fotos por: Pablo Piovano
El 5 de marzo, el pozo exploratorio Krem-1, ubicado en el ejido Constitución Mexicana, municipio de Las Choapas, Veracruz, sufrió una explosión y se incendió tras un flujo inesperado de hidrocarburos durante labores de perforación. Más de cuatro meses después, 134 días, según reportes de mediados de julio, el incendio y la contaminación asociada continúan golpeando a las comunidades cercanas, sus medios de vida y la biodiversidad de la zona.
Pemex informó a mediados de julio que logró apagar la llama principal e instaló un nuevo sistema de válvulas de alta presión, e inició los trabajos de sello y taponamiento definitivo del pozo. Sin embargo, pobladores de la región reportaron que el pozo volvió a salirse de control y que la empresa tuvo que reencender la quema de combustible para evitar una acumulación de gas que pudiera derivar en una nueva explosión, lo que devolvió los olores intensos de gas e hidrocarburos a ejidos como Las Cruces, Nacimiento, Las Guadalupes y Las Mañanitas. Al cierre de esta nota, habitantes de al menos 40 comunidades de Las Choapas seguían reportando afectaciones, pese a que Pemex insiste en que la situación está bajo control.
Un desastre que se acumula
Este no es un incidente puntual ya resuelto: es una contingencia que, a más de cuatro meses de iniciada, sigue sin cerrarse por completo y cuyos efectos se agravan con el tiempo. El caso ocurre justo en la víspera de la aprobación del fracking por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, lo que ha llevado a organizaciones y habitantes a preguntarse qué garantías existen de que esa técnica no repetirá, a mayor escala, el mismo patrón de riesgo subestimado y daño real.
Impactos reportados por la población
Vecinos de las comunidades cercanas al pozo, entre ellas el ejido Constitución Mexicana, han denunciado durante meses:
Afectaciones a la salud, en un contexto de atención médica precaria y desabasto de medicamentos básicos:
- Dificultad para dormir por el ruido constante del pozo.
- Fuertes dolores de cabeza.
- Náuseas y vómito.
- Dificultad para respirar y otras complicaciones respiratorias.
Afectaciones a los medios de vida:
- Pérdida de milpas, árboles frutales y pastizales.
- Muerte de animales de traspatio y ganado.
- Daños reportados en arroyos y afectaciones a la fauna de la región.
Testimonios desde la comunidad
Damaris Torres salió de Las Choapas hace cuatro años para radicar en Acapulco, Guerrero. Hace unas semanas volvió de visita y decidió ir con su familia al río donde creció. Lo que encontraron los dejó consternados: el agua estaba a una temperatura anormalmente alta, despedía un fuerte olor a petróleo y había cambiado de color. También notaron que el caudal ha bajado de forma notoria. Para su familia, ver ese río —un lugar de recuerdos entrañables— convertido en escenario de un desastre es motivo de tristeza profunda.
María, habitante de la zona, atraviesa junto a su familia una crisis que golpea sobre todo a sus animales, enfermos por la contaminación del pozo. Sus sembradíos de mango, guanábana y ciruela se han echado a perder. Acudió con encargados de Pemex para exponer su situación, pero no ha recibido ninguna solución. «Somos nosotros los más afectados: las vacas malparieron, a los animales se les pegó el espinazo, hay un mosquerío también. Pero Dios no nos va a dejar de comer; si ellos no nos dan nada, ya veremos, pero estoy consciente de que Dios no nos abandonará», relata.
Reina Torres, del ejido Ignacio López Rayón, describe afectaciones en toda su familia por la contaminación del aire, el agua y la tierra, y la falta de recursos para comprar medicinas. También ha perdido animales y cultivos. «Los pollitos ya se murieron, los borregos, hemos tenido muchas afectaciones, la siembra se murió. ¿Cómo comerán los pobres animales si todo se murió, el agua, todo?», cuenta.
Ulises González perdió 27 cabezas de ganado por la fuga del pozo tras el accidente. Ya enfrentaba afectaciones previas por la actividad del pozo, pero después de la explosión la situación se agravó considerablemente. Frente a lo que queda de su ganado, sin saber quién responderá por la pérdida, resume así el daño: «Todo desértico quedó el rancho, me mató todo».
Edgar González también perdió animales a causa de la contingencia. Además de la pérdida material, expresa una sensación de abandono ante la falta de atención a su comunidad y ante el daño ambiental que, dice, se destruyó sin que nadie responda por ello.
Un riesgo que ya estaba previsto
La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto había identificado el descontrol del pozo como el peor escenario posible, otorgándole la categoría de riesgo más alta. Pese a ello, sus conclusiones sostuvieron que no existían riesgos de daño para la población ni el medio ambiente, calificando el riesgo como «tolerable», sin aportar mayor sustento técnico. Los hechos de los últimos cuatro meses contradicen esa conclusión.
La pregunta que dejan planteada organizaciones y habitantes es directa: si la evaluación de riesgo de un solo pozo exploratorio minimizó un desenlace que terminó siendo real, ¿qué garantiza que la evaluación de riesgos del fracking (una técnica que multiplica el número de pozos e intervenciones) no repetirá el mismo error, ahora a mayor escala?
La versión de las autoridades
Pemex ha sostenido en distintos comunicados que la contingencia se mantiene bajo control y que no representa riesgo para la población ni para las zonas agrícolas cercanas, y ha señalado que el Instituto Mexicano del Petróleo realiza mediciones de calidad del aire en la zona. No obstante, la empresa no ha hecho públicos los datos completos de esas mediciones (horarios, dirección de vientos, ubicación exacta de los sensores y límites de detección), información sin la cual no es posible verificar si los monitoreos captaron picos de contaminación, exposición intermitente o desplazamiento de oxígeno en el ambiente.
Mientras tanto, habitantes del ejido Constitución Mexicana se han manifestado exigiendo a Pemex la reparación de los daños ocasionados por la explosión y el incendio.
