Por Kiki VC
Mérida, Yucatán 27 de marzo de 2025.-El caso de Negrita, la perrita atropellada en Kanasín cuyo rescate terminó envuelto en polémica, ha despertado indignación en la comunidad. Ayer, en rueda de prensa, activistas exigieron una aclaración sobre el manejo de la perrita tras el accidente y el papel de quienes intervinieron en su rescate. Sin embargo, más allá de los conflictos internos, este caso expone una realidad urgente: sin justicia, organización y salud mental dentro del activismo, historias como esta seguirán repitiéndose.
Negrita fue atropellada el 2 de marzo y falleció el 18 de marzo por causas aún desconocidas. Hasta ahora, no se han deslindado responsabilidades sobre el conductor que la arrolló. Mientras tanto, el debate se ha centrado en la actuación de quienes intentaron ayudarla, generando una división que desvía la atención del problema principal: la impunidad en los casos de maltrato animal.
Existen varias interrogantes en torno a este caso. ¿Dónde estaban todos cuando Negrita sufrió el accidente? Se dice que tenía una familia, entonces, ¿por qué estaba en la calle? Además, ¿por qué no ha habido noticias recientes sobre el responsable, quien fue presentado ante la autoridad judicial el 18 de marzo, pero cuya audiencia se suspendió porque solicitó cambiar de defensor público a privado? Esta modificación provocó que la audiencia se reprogramara para el 1 de abril. Casualmente, ese mismo día Negrita falleció por causas desconocidas, aunque existen sospechas de intoxicación. Esta situación ha dejado consternada a la comunidad animalista, que teme que el responsable quede libre o reciba un castigo menor.
Otra cuestión es la actuación de las asociaciones de protección animal. Si bien realizaron una protesta el 3 de marzo en la que hubo riesgo de vida, ¿qué ocurrió después? No se sabe con certeza si alguna ha acudido a la Fiscalía a preguntar por el caso de Negrita. Se tiene entendido que cualquier ciudadano puede acudir directamente a la Fiscalía para solicitar información o presentar una denuncia, lo que podría ejercer más presión sobre las autoridades.
La Ley de Protección a la Fauna en Yucatán contempla sanciones por actos de crueldad, pero su aplicación sigue siendo deficiente, muchas veces con la excusa de la falta de presupuesto. Para los activistas, la exigencia de justicia debe centrarse en el agresor y en las condiciones que permitieron que este caso ocurriera. No basta con rescatar a un animal si no existen mecanismos para prevenir estas situaciones y sancionar a los responsables.
Cuando Negrita fue trasladada tras el atropellamiento, las autoridades, en este caso la Policía Ecológica de Kanasin, debieron asegurarse de que estuviera en una zona segura. Un ejemplo claro es el caso de varios perritos rescatados en Caucel tras ser abandonados en una casa; estos fueron asegurados por la Unidad de Protección Animal (UPA) y atendidos en la clínica veterinaria municipal. Entonces, ¿por qué en Kanasín no ocurrió lo mismo? ¿Es que los municipios y comisarías carecen de estas unidades o simplemente no las consideran necesarias? Si es así, Negrita falleció por negligencia de todos.
El movimiento de protección animal en Yucatán ha sido clave para visibilizar la violencia contra los animales, pero la falta de coordinación y apoyo institucional genera fracturas que debilitan su impacto. Existen conflictos entre asociaciones y, al mismo tiempo, animalistas independientes que han rescatado a muchos canes y felinos sin pedir ayuda, prefiriendo actuar desde las sombras para evitar estos pleitos. Sin embargo, si el esfuerzo se centra en señalar culpas y enaltecer egos, jamás se erradicará la violencia y el maltrato animal en Yucatán, donde los casos van en aumento.
El caso de Negrita no solo evidencia la necesidad de justicia, sino también la importancia de un activismo estructurado y consciente del desgaste emocional que implica. Sin trabajo en equipo, estabilidad y salud mental, los esfuerzos pueden volverse insostenibles y los conflictos internos pueden desviar la lucha principal.
No se culpa a nadie en particular, pero sí es momento de dejar de normalizar la violencia contra todo ser vivo. Este año, Yucatán ha registrado un aumento en los casos de violencia, una problemática que los ciudadanos afirman que siempre ha existido, pero que ahora es más visible gracias a las redes sociales. La imagen de una ciudad blanca y pacífica se desmorona ante una sociedad que arrastra un pasado de violencia y que, en el presente, parece no encontrar otra forma de escape más que perpetuarla.
