Como se recordará, el 9 de noviembre de 2020, se realizó una movilización tras el feminicidio de Alexis, manifestación que fue violentamente reprimida por policías municipales
Por: Carmen Torres González
MÉRIDA, Yuc., 7 de.diciembre de 2022.- Autoridades municipales y estatales, así como dependencias que debieran velar por los derechos humanos de las víctimas, continúan siendo omisas en la reparación del daño y procuración de justicia para las personas afectadas en las manifestación feminista del pasado 9 de noviembre de 2020 en Cancún, Quintana Roo.
Como se recordará, el 9 de noviembre de 2020, se realizó una movilización tras el feminicidio de Alexis, manifestación que fue violentamente reprimida por policías municipales que incluso dispararon en contra de los manifestantes, en su mayoría mujeres.
Hasta la fecha únicamente hay una policía mujer en prisión preventiva, mientras que otros tres policías se encuentran prófugos de la justicia, además hay 11 altos mandos bajo investigación, según indicó en entrevista, Wendy Galarza del Comité de Víctimas del 9N.
“Estamos teniendo justicia selectiva, esta cañón que obviamente no sabes, ni quien dio la orden, ni quien disparó, ni quien los cubrió, no sabemos nada, no tenemos verdad, no tenemos justicia porque no hay, por la parte legal, justicia que nos satisfaga y por la parte de recomendación de Derechos Humanos, pues tampoco”.
Y es que la obtención de justicia para las víctimas de esta represión se ve lejana cuando han ocurrido una serie de omisiones por parte de autoridades estatales y municipales e incluso de dependencias encargadas de derechos humanos en la entidad, al no cumplir con las recomendaciones emitidas en un primer momento.
En primer lugar el ayuntamiento de Benito Juárez, en ese entonces encabezado por Mara Lezama, actual gobernadora de Quintana Roo, tras los hechos violentos de sus policías, recibió de la Comisión de Derechos Humanos de ese estado, 10 recomendaciones que el municipio aceptó acatar.
“En la recomendación había puntos esenciales como: atención médica de calidad, había terapias psicológicas, había la creación de protocolos de seguridad, registrar a todas las víctimas en el Registro de Víctimas, también había una reparación integral, también había la creación de un monumento en el cual se detallara un poco o fuera acorde a la represión, había también el día municipal en contra de la represión policial y pues bueno todos estos puntos fueron elaborados a modo, las terapias psicológicas nunca llegaron para todos, las atenciones médicas mucho menos”, señala Wendy.
Posteriormente, comenta Wendy, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas generó un dictamen violatorio a derechos humanos pidiendo que las víctimas corran con sus gastos en atención psicológica y médica del monto por reparación del daño.
“Nos rebajan las terapias psicológicas y las fisioterapias y pues eso es violatorio a derechos humanos porque, si bien una parte dice que nos deben de dar atención médica de calidad y terapias psicológicas en ningún momento dice que esas terapias las vamos a tener que pagar nosotras de nuestra reparación integral”.
Ante ese dictamen, 12 de las víctimas de la represión policial solicitaron un amparo el cual terminan ganando, “estos amparos, lo que nos dan es una resolución a nuestro favor, en el cual dice que tienen que reponer el proceso del dictamen, tienen que reponer el dictamen ya que es violatorio a derechos humanos, pero en este dictamen nos hacen descuentos en las terapias y de un monto que se nos había otorgado en la primera ocasión desde ayuntamiento, desde el mes de diciembre 2020, ese también lo quitan, eso es violatorio porque no les correspondía a ellos quitarnos ese dinero y menos las terapias, entonces bueno en este amparo nos dice que nosotros estamos en lo correcto”, señala.
Estos amparos fueron sometidos a revisión por parte de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, pues en ellos no se toca el tema de los descuentos a los que están sometiendo a las víctimas.
A pesar de los amparos obtenidos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, encabezado en ese entones por Marco Antonio To Eúan, decide dar por cumplidas en el mes de diciembre, sin consultar a las víctimas, las recomendaciones impuestas al Ayuntamiento de Benito Juárez, dejando el camino libre para que la entonces alcaldesa pudiera ir por la gubernatura estatal.
«Las recomendaciones tienen un puntito en especial que es, que los puntos recomendatorios o las recomendaciones se van a dar por cumplidas, solamente si las víctimas están de acuerdo y solamente si es a satisfacción de las víctimas y por supuesto que nosotros no estábamos satisfechos con las cosas que nos habían dado por reparación”, señala.
Sin importar lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos da por cumplidas las recomendaciones hechas al ayuntamiento de Benito Juárez y pasa al Congreso del Estado de Quintana Roo, en donde la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, la diputada del Partido Verde, Judith Rodríguez Villanueva somete a votación y se acepta, desde el Congreso, que la recomendación esta cumplida.
Por su parte, desde el gobierno del estado, en ese entonces encabezado por Carlos Joaquín González se crean mesas de dialogo para trabajar en la reparación integral de los daños a las víctimas.
En dichas mesas participaron diferentes instancias gubernamentales y aunque en un principio se trabajó correctamente, cuando las víctimas solicitaron firmar los acuerdos como un compromiso, se rompen las mesas.
“Elías Prado del Departamento de Derechos Humanos del Estado, entonces rompe estas mesas, un mes antes de las elecciones de Mara, esto quiere decir que nada más nos sentaron en las mesas para ganar tiempo y para que pues pudiera ir Mara, sin que nosotros estuviéramos, literalmente, estorbando”, puntualiza Wendy.
Así, tras cumplirse dos años de esta represión policial que dejó un saldo de tres personas heridas de bala, además de otras más golpeadas, las víctimas continúan en pie de lucha, exigiendo una verdadera reparación del daño y justicia para dar con los responsables de estos actos de violencia en su contra por policías que deberían de cuidar a los ciudadanos y no ser sus victimarios.
