En el 2018, Mariela se casó con Jonathan A.R.P. y en enero de este año decidió separarse y tramitar el divorcio. Vivió violencia de género. Además, cuando dejó la casa para ir a un lugar seguro, se negó a regresarle sus documentos personales. Situación que las obligó a vivir en precariedad. Actualmente, a pesar que un juez dictó la pensión provisional para sus hijas, él se niega a pagarla.
Por Claudia V. Arriaga Durán.
Mérida, Yucatán, 221 de noviembre de 2022.- En el 2018, Mariela se casó con Jonathan A.R.P. y en enero de este año decidió separarse y tramitar el divorcio. Vivió violencia de género. Además, cuando dejó la casa para ir a un lugar seguro, se negó a regresarle sus documentos personales. Situación que las obligó a vivir en precariedad. Actualmente, a pesar que un juez dictó la pensión provisional para sus hijas, él se niega a pagarla.
Jonathan se enojaba si llegaba a casa y Mariela no estaba en casa, aunque solo salía con su familia: su mamá, suegra y suegro.
“Todo estaba aparentemente de maravilla. Había escenarios de violencia, pero para mí era normal. Si él llegaba de trabajar y no estaba, se enojaba y hacía un escándalo. Una vez fui al cine con su papá, mamá y hermano, y le pedí a su papá me lleve antes de las 9 de la noche porque él se enojaría. Le reclamó a su papá y a mí, que no le pedimos permiso y que si salíamos yo no debería regresar después que él”, relató en entrevista.
Al principio de la separación, Jonathan visitaba a su hija de cuatro años de edad, pero no aportaba dinero para sus gastos. Mariela solicitó una mediación en el Juzgado de lo Familiar para llegar a un acuerdo y él no acudió.
A la cita al DIF si fue y manifestó que únicamente le daría entre 200 y 300 pesos por semana para los gastos de la menor. No consideró a la bebé que esperaban, incluso dijo que no era de él.
“Me voy al DIF ahí si va a la cita y sigue montado en su caballo con que 200 a 300 me va a dar por la niña, pero que no estaba seguro que la bebé que esperaba sea de él”, apuntó.
Mariela también sospechaba que Jonathan le era infiel, situación que confirmó luego de separarse. La casa donde vivían era de la familia de él, así que le cambió las cerraduras e impidió que la joven recuperara sus documentos personales. En consecuencia, no pudo inscribir a su hija a la guardería, ni acceder a un empleo mejor pagado.
“Por más que yo quiera buscar otro empleo, te pagan bien poquito y si no tienes como comprobar tus estudios menos. Encontré un trabajo como maestra y no tenía mis papeles, podía tramitarlos en la facultad pagando el derecho, pero realmente no tenía dinero, si lo pagaba mis hijas no comían”
Para poder trabajar, Mariela tuvo que pagar un kínder particular, ya que sin la cartilla de vacunación ninguna escuela pública la aceptó.
“El kínder particular fue la única escuela que aceptó y me pidió el documento donde daba constancia de que le pedía al papá la cartilla de la niña, en las de gobierno me dijeron que no”, relató.
Mariela ya no puede pagar la renta de la casa en la que vive con sus dos hijas pequeñas, y aunque es bióloga, trabaja en una lavandería porque no tiene sus papeles para comprobar sus estudios.
Los muebles que compró se los quedó Jonathan y tampoco le dio la ropa que guardó para su bebé. “La ropa de recién nacida de mi primera hija que guarde para mi bebé se quedó ahí. Mi hija se ha vestido solo con ropa regalada de segunda mano y una amiga me envió un extractor de leche para ayudarme”, dijo con tristeza.
Recordó que una de las razones por las que decidió separarse de Jonathan es que al llegar del trabajo, encontró a su hija con hambre y él no le compró leche porque ya había aportado 15 pesos en la mañana.
Él es médico veterinario, trabaja en una clínica particular y también ofrece servicios externos por su cuenta, incluido cirugías. Mariele aseguró que constantemente tiene clientes,además de su salario fijo. Ella solo está luchando por lo justo, recibir una pensión digna para sus dos hijas y que le regresen sus documentos. La joven recibe asesoría legal de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) y apoyo psicológico para enfrentar el proceso.
**El nombre de la denunciante fue cambiado para cuidar de su integridad y el proceso legal en curso.
