Los feminicidios de Debanhi Escobar ocurrido en Nuevo León y el de Ariadna Fernanda en Ciudad de México inicialmente, no fueron reconocidos por las las Fiscalías de esos estados. En la Península de Yucatán, los casos de Jazmín Viridiana de 10 años y de María May de 20, son otros feminicidios que hasta la fecha no obtienen justicia.
Por Carmen Torres González
Los feminicidios de Debanhi Escobar ocurrido en Nuevo León y el de Ariadna Fernanda en Ciudad de México, pero cuyo cuerpo fue localizado en Morelos, han acaparado la atención de miles en México por las circunstancias que envuelven sus muertes y por la manera en que las Fiscalías de esos estados manejaron la información al respecto.
En el caso de Debanhi, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 21 de abril en una cisterna de agua en un Motel, la Fiscalía de Nuevo León informó que murió por contusión profunda de cráneo. Y se manejó la versión de que se ahogó. La tercera necropsia estableció que murió de asfixia por sofocación.
Por su parte, la Fiscalía de Morelos informó que Ariadna Fernanda de 27 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado el lunes 31 de octubre, a la orilla de la carretera rumbo a Tepoztlán, Morelos y que presentaba huellas visibles de tortura, había muerto por intoxicación alcohólica y broncoaspiración. En una segunda necropsia, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México reveló que murió por trauma múltiple.
En ambos casos fueron las familias quienes, a pesar del intenso dolor por el que atraviesan por la muerte de su ser querido, decidieron luchar para exigir verdad y justicia.
En opinión de Ana Katiria Suárez, abogada penalista, defensora de género y derechos humanos, las fiscalías estatales prefieren no contabilizar feminicidios pues son sinónimo de un estado fallido.
“Contabilizar correctamente la cantidad de feminicidios que tiene cada estado de la república es un reflejo del Estado fallido, de la falta de protección que tenemos las mujeres en este país y la ineficiencia con la que actúan los respondientes la policía y la Fiscalía, conlleva a tener un menor índice de violencia de género en cada estado”, explicó en entrevista, la abogada.
Además de la repercusión a la imagen estatal que representan los feminicidios, estos requieren la aplicación de más recursos públicos para su investigación, indica Ana Katiria.
“Tendría una repercusión en la imagen de la institución pública como son las fiscalías, pero también nos habla del poco interés que en muchas ocasiones existe por parte de las Fiscalías para integrar este tipo de delitos. Tampoco podemos dejar de lado que existen muchas y muchos servidores públicos que les falta mucha capacitación y sensibilización para este tipo de delitos”, apuntó.
El sur de México no es la excepción, nos faltan Jazmín Viridiana y María May
En la Península de Yucatán, los casos de Jazmín Viridiana de 10 años y de María May de 20, son otros feminicidios que hasta la fecha no obtienen justicia.
En 2008, Jazmín Viridiana Jiménez Ramos desapareció en el fraccionamiento Infonavit en Chetumal, Quintana Roo, iba a la tienda, 12 días después encontraron su cuerpo en un lote baldío, había sido violada y asesinada, tenía heridas provocadas por un objeto punzocortante. Se arresto al presunto feminicida de Jazmín, pero posteriormente fue puesto en libertad.
En Yucatán, en el 2021 se encontró el cuerpo de María May en un parque del fraccionamiento La Joya Paseos de Opichén de Mérida. La Fiscalía estatal argumentó que se trató de un suicidio. La familia de María insistió en una segunda necropsia que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) determinando que murió por asfixia mecánica.
La hermana de María, Edith May aseguró que la Fiscalía de Yucatán les advirtió que en diciembre cerrará el caso como suicidio.
En la ley, el artículo 325 del Código Penal Federal se establecen las causales para que el homicidio de una mujer sea tipificado como feminicidio y basta solo una para que estos crímenes sean investigados en razón de género.
Al respecto, la abogada Ana Suárez reitera que basta una causal para que el asesinato de mujeres sea investigado bajo el protocolo de feminicidio.
“Por supuesto que no se tienen que reunir todas las fracciones. las fracciones que contempla este artículo es porque por sentido común todos los casos que desgraciadamente ocurren tienen diferentes características, no es lo mismo el feminicidio de un esposo o pareja sentimental, que del secuestro o violación, es importante conocer la diferencia entre homicidio y feminicidio, porque existe gente que piensa que es igual”, dijo.
Las causales son:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
En un país con un promedio de 3 mil asesinatos de mujeres al año, según la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, son las familias de ellas víctimas quienes además de la complicada situación que viven, deben enfrentarse a la ineficiencia e indiferencia de las autoridades de procuración de justicia.
“No acreditan el delito de feminicidio por resistencia, por malas investigaciones y omisión Los estados tienen unidades dizque especializadas para feminicidio, tienen el protocolo de investigación del delito, que de hecho ha sido una batalla para que lo sigan y comprendan que toda muerte violenta de una mujer se investiga como feminicidio”; declaró María de la Luz.
Las fiscalías cuentan con las herramientas para la investigación, pero no son implementadas y cuando se intenta evaluar su desempeño se niegan.
“Se enfrentan al personal que no está capacitado, y además a la corrupción e impunidad que puede estar arropando a los agresores. Las autoridades generaron las herramientas, pero no se fiscaliza su implementación y siempre que se le plantea generar mecanismos de evaluación, no quieren. El caso es alarmante porque se están visibilizando las grandes fallas que hay en las fiscalías”, apuntó.
