Periodistas de Yucatán protestan para visibilizar la precariedad laboral y exigir justicia en memoria de quienes fueron asesinados ejerciendo su labor periodística en México. Además, denuncian agresiones contra comunicadores locales.
Por Andrea Segura Rodríguez.
Mérida, Yucatán, 23 de mayo de 2022.- «¡No hay estado con periodismo censurado!», se escuchó al unísono en la voz de 40 integrantes de diversos medios de comunicación de Yucatán, que protestaron en la Plaza Grande del Centro Histórico de Mérida. Juntos manifestaron su preocupación por el incremento de la violencia en contra de las personas que se desempeñan en el periodismo. A la par, recriminaron la precariedad laboral y la criminalización del oficio con el delito de difamación, aún vigente en el Código Penal del Estado.
«El periodismo no es de quienes ejercemos la profesión, sino de toda la sociedad, un derecho de la ciudadanía a informarse sin censura» se leyó en el posicionamiento que las y los comunicadores presentaron para dar a conocer la situación actual que se vive en el gremio periodista.
Durante la manifestación colocaron fotografías de las y los periodistas asesinados del país, los nombres de las y los compañeros que trabajan en los medios de comunicación y que fueron agredidos.
El hecho más reciente ocurrió el 18 de mayo, contra el periodista Ramón Reyna, del portal de noticias el Sol de Poniente. Él acudió al Palacio Municipal de Kinchil para documentar desde afuera cómo los agentes de la Policía Municipal resguardaron el vehículo del alcalde Valentín Pech, con el que minutos antes protagonizó un siniestro vial. Lo agredió una mujer policía, que al percatarse de su presencia, tomó dos piedras y se las lanzó.
«Hacemos un nuevo llamado a detener las agresiones en contra de las y los comunicadores, y que se generen las condiciones adecuadas para garantizar su protección y se sancione a los responsables», indicó la periodista Itzel Chan.
También señalaron la precariedad laboral con la que las reporteras, reporteras, periodistas, fotógrafos, fotógrafas, camarógrafos y demás personal de los medios de comunicación laboran día a día.
«El ejercicio periodístico, que nos dota la libertad de expresión y el derecho a la información, requiere de las condiciones laborales, por lo menos mínimas de Ley, para desarrollarse de la mejor manera; condiciones que hasta ahora nos han sido negadas”, señaló el periodista Rafael Gómez Chi.
«La realidad que vivimos desde los medios de comunicación Yucatán es de precariedad laboral: bajos salarios y buena parte de las y los periodistas carecen de seguridad social, acceso a la vivienda (Infonavit), ni un posible retiro (Afore) y quienes lo tienen, resulta ser una miseria porque los tasan en salarios mínimos”, puntualizó durante su participación.
La fotógrafa y reportera Cecilia Abreu leyó en el posicionamiento que el desempeño de este ejercicio profesional, «Es fundamental para la sociedad, pues éste permite conocer lo que ocurre para tomar decisiones y/o acciones, especialmente para aquellas cosas que las autoridades, instituciones no quieren decir».
«Una situación que agrava las condiciones laborales de las y los reporteros es la impunidad de la que gozan esos empresarios dueños de los medios solapados por las autoridades y políticos de los partidos que llegan al poder con tal de obtener “protección”. Eso debe acabarse, pues la ley es para todos», apuntó la comunicadora.
Recordaron que ante estos hechos violatorios de derechos humanos, el pasado 16 de febrero, se presentó una solicitud formal ante el Congreso del Estado para eliminar el delito de difamación del Código Penal de Yucatán, ya que es una figura utilizada para obstaculizar la labor periodística. Hasta el momento no ha sido presentada alguna iniciativa con respecto a este tema.
Finalmente, exigieron un periodismo libre y sin censura. Reiteraron que es obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno responder ante solicitudes de información, entrevistas y demás. Exigieron eliminar los bloqueos informativos y obstáculos para poder desempeñar la labor periodística y erradicar la violencia por parte de los trabajadores y funcionarios de los gobiernos.
