La violencia institucional, física y psicológica y discriminación hacia el menor y su madre ocurrieron en la escuela primaria Andrés Quintana Roo del fraccionamiento Los Héroes.
Por Claudia Arriaga.
Mérida, Yucatán, 02 de mayo de 2022.- María Cuytún lleva cinco años luchando contra la estructura de la escuela primaria donde estudia su hijo y los procesos burocráticos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey). Ambos fueron víctimas de violencia institucional y violaciones a sus derechos humanos. Todo inició en el 2016, cuando se quejó por encontrar solo al menor de siete años, afuera de la escuela.
Ella tiene dos hijos y en el 2016, su hija más pequeña iniciaba el primero de primaria. Decidió inscribir a ambos en la escuela primaria Andrés Quintana Roo, ubicada en el fraccionamiento Los Héroes. El plantel aún estaba habilitándose así que dividieron a los menores.
Pidió que le tuvieran consideración con él tiempo de traslado que le tomaría ir a buscar a la menor a una casa que la escuela usó temporalmente como salón, después pasaría por Isaac, su hijo mayor. Serían como 15 minutos de diferencia entre un punto y otro.
“No hubo problema con esto hasta que por un Consejo Técnico no consideraron que los horarios iban a chocar, no fue mucho, pero cuando llego veo a mi hijo fuera, me extrañó y no me agradó que este afuera porque es un niño, le pudo pasar algo. Al final son niños y no miden consecuencias se cruzan, secuestran, violan. Me molesté, le pregunté (a mi hijo) que hacia fuera y dijo que lo sacó la directora”, comentó.
La directora de la escuela, Patricia O.L. le informó que había sacado al menor de la escuela porque estaba corriendo. Sin embargo, Isaac y otra madre de familia le dijeron que no era así, que estaba adelantando su tarea.
Este hecho que parecía aislado se convirtió en una confrontación en donde la directora insistiría en demostrar su poder.
Iniciaron las agresiones de la directiva de la escuela contra María y su hija e hijo
El 19 de enero del 2017, María asistió a una junta de madres y padres de familia, en la puerta se encontró con una lista que exhibía los datos personales de los menores que no habían pagado las “cuotas voluntarias”. Le pedí a la directora que no lo hiciera, que yo no autoricé exhibir la información de Isaac.
A raíz del incidente presentó un escrito con su inconformidad dirigido a la directora Patricia y a la supervisora de zona Lourdes S. N. Ambos fueron recibidos y sellados, pero no respondieron. El 29 de enero del 2017, interpuso una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey). Se inició el expediente 028/2017.
El 3 de febrero, luego de interponer la queja, la directora de la escuela le llamó para pedirle ir porque el menor se había lastimado un dedo de la mano con la puerta. María le pidió activar el seguro escolar. Inicialmente se negó y alegó que para eso se usan las cuotas. Al final, terminó cediendo, ya que la mamá del menor le insistió que era un derecho.
A partir de este día, recrudecen los actos de intimidación contra María. El 21 de marzo del 2017, en una reunión con madres y padres de familia, la maestra y la directora permitieron el ingreso de los elementos de la policía estatal para intimidarla. Ocurrió luego de que revelaron que habían iniciado una queja ante la Codhey.
Días después, el 30 de marzo, pasó de nuevo lo mismo. Integrantes, particularmente hombres, de la mesa directiva la intimidaron y otra vez fueron policías estatales. En esta ocasión recibió apoyo de un grupo de vecinos del fraccionamiento Los Héroes. Su abogada también estaba en la junta. La situación se volvió violenta contra ellas.
“Ese día solo llegué en compañía de la abogada, estábamos solas y fuimos víctimas de amenazas de hecho la abogada fue empujada y amenazada directamente, por un integrante de la mesa directiva”, detalló.
Meses después, en julio del 2017, la Codhey terminó la queja y en septiembre, María, impugnó está acción en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Para el 2018, inició el nuevo ciclo escolar e ingresó una nueva directora, que respondía al nombre de Salomé L.P. y otra supervisora Eugenia A.E.
Cerraron la escuela y responsabilizan a la mamá de Isaac.
Dos años después, María pensó que ya todo estaba relativamente en paz y solo esperaba que la escuela acate las próximas resoluciones de la Codhey. No pasó así. Derechos Humanos cerró la queja y el 19 de febrero del 2019, tuvo que promover un amparo para pedir que la reabran. Su hija e hijo habían quedado desprotegidos. La directiva es notificada ese mismo día.
El 20 de febrero del 2019, la nueva directora Salomé L.P. envió un aviso en donde cancelaba el festival de Carnaval, responsabilizó a María, pero ella nunca pidió que no se realizará. Tampoco se negó a que su hija e hijo hicieran un trabajo extra para compensar su participación en el festejo, el cual se supone no debe ser obligatorio.
La directora lo hizo para enojar a las madres y padres que ya habían pagado los trajes de carnaval de las niñas y niños. Tras esto, el 21 de febrero, madres y padres de familia cerraron la escuela. No todos estaban de acuerdo y solo consiguieron privar del derecho a la educación a otros menores.
“La directora envió una nota con mi nombre completo en donde señaló que había una queja y no quería que mis hijos participen en el carnaval y si, lo que menos quería era exponerlos y no es obligatorio que participen, más por la situación económica o religioso, en mi caso yo solo no quería exponerlos con todo lo que había pasado. Entonces ella canceló todo el festejo y me culpó”, comentó.
Por este motivo, el 23 de febrero, interpuso una denuncia en la Agencia 23 de la Fiscalía del Estado en contra la directora Salomé L.P. y la mesa directiva de la escuela, misma que no le recibieron hasta que no acudió su abogada. En respuesta, María fue demandada por un integrante de la mesa directiva.
En el ciclo escolar 2019-2020, para inscribir a su hija, la directora la obligó a firmar un acuerdo y además se negó a entregarle una copia. Posteriormente, solicitó otra vez la reapertura de la queja 028/2017. La Codhey decidió iniciar otra queja. El 31 de enero del 2022, se emitió la recomendación 02/2022, en donde solo “protegían” a su hija menor y no a Isaac.
A María le preocupa el acoso que vive su hija, ya que antes del cierre de la escuela, es decir, la protesta. Las y los maestros, y otras madres y padres de familia les decían que por culpa de su mamá ocurrió todo esto. Pero también la policía estatal la acosaba cuando iba por los menores.
“Había detenciones sin argumentos, policías siempre en la entrada de escuela, inclusive en una detención cerraron una calle de las entradas a la escuela y que según ya no iba a hacer entrada; el policía dijo que era por indicación de la directora», apuntó.
Se solicitó la postura de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) sobre el tema, hasta la publicación de la nota no fue recibida.
*El nombre de los menores se modificó para evitar que sean vulnerados en sus derechos. En lo que refiere a las partes involucradas no se hicieron señalamientos directos de los nombres completos para mantener la presunción de inocencia en lo que la FGE de Yucatán esclarece las denuncias.
La Silla Rota
