Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Sonora es uno de los estados con más homicidios del país en proporción a su población y Yucatán es una de las entidades más seguras del país. En ambas regiones las fiscalías investigan sólo un fragmento de las desapariciones y fosas que se han registrado en los últimos años.
Desde 2018 y hasta 2021, Sonora sumó 2 mil 399 personas con reporte de desaparición, pero sólo existen ante la Fiscalía seis carpetas de investigación, mientras que Yucatán -hasta la publicación de este reportaje- tiene 522 personas bajo el estatus de desaparecidas y no localizadas. En el caso de Sonora, las carpetas de investigación representan apenas el 0.0025% del total de las personas con reporte de desaparición.
A nivel nacional e internacional, Yucatán es el estado más seguro de México. Estudios de la American Chamber of Commerce y del Índice de Competitividad Urbana 2021 del IMCO, le dieron el título. Sonora, en cambio, pasó del décimo al séptimo sitio a nivel nacional en homicidio doloso entre 2015 y 2021, de acuerdo con datos del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En esta entidad no existe una certeza de cuántas personas permanecen ausentes de sus hogares hasta antes del 17 de enero de 2018, día que entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Fue a partir de ese año y hasta noviembre del 2021, que se registró a mil 207 personas como no localizadas y nueve como desaparecidas, la información se obtuvo gracias a una solicitud de transparencia que se pidió en noviembre de 2021. Cabe aclarar que corresponde a un dato acumulado, es decir, engloba también a aquellas que sí fueron encontradas.
En el mismo sentido, datos de la base pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, no Localizadas y Localizadas, de 1968 hasta la publicación de este reportaje, en esta entidad, 522 personas permanecen en calidad de desaparecidas y no localizadas. Sin embargo, la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) -que hasta enero del 2021 tenía entre sus funciones atender los reportes de las personas desaparecidas- declaró a través de una solicitud de transparencia “la inexistencia de la información” de 1968 al 2017.
El 3 de febrero del 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán creó la Unidad Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
De las fosas clandestinas, en Yucatán hay una, del hecho dio constancia el Informe sobre Fosas Clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas del Gobierno Federal.
Mientras que a 3 mil 365 kilómetros al norte, en Sonora, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) reveló en una solicitud de información que entre los años 2016 y 2021, encontraron en 10 municipios 419 fosas clandestinas.
El 88% (233) de las fosas encontradas entre los años 2016 y 2020 (369) se localizaron en Cajeme, Caborca, Nogales, Hermosillo, Magdalena de Kino, Navojoa, Guaymas, Cananea, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco.
Yucatán, una fosa clandestina, dos mujeres desaparecidas y la deuda de la justicia
En 2017 se encontró en los montes del municipio de Tekax la única fosa clandestina de la que existe un registro oficial. La lentitud de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán por esclarecer su origen se registró en la carpeta de investigación F2-F2/000552/2017 por el delito de homicidio.
Pasaron cinco años desde que giró el oficio para la obtención del perfil genético -toma de muestras de las osamentas-, para enviar el estudio al laboratorio. El esclarecimiento del delito se quedó atorado entre las carpetas de un escritorio.
Se logró conocer qué diligencias realizó la FGE a través de una solicitud de transparencia que se interpuso el 12 de mayo del 2021. Se averiguó que comparecieron siete personas, tres mujeres cuyas iniciales son MEACC, WADM y VDM y cuatro hombres MLG, IDM, EMDM, y VMDM.
El 24 de abril del año 2017 comparecieron el ciudadano MLG y la ciudadana MEACC. El 13 de mayo acudió dos veces ante la autoridad investigadora WADM. Ese mismo día también fueron IDM, EMDM, VDM y VMDM.
Del perfil genético, del 15 de mayo del 2017, se giró oficio al departamento de genética forense, a fin de que realice la obtención.
El 17 de mayo del 2021, la Fiscalía envió otro oficio al departamento de genética y química del instituto de ciencias forenses, para que procediera al estudio de perfil genético de las muestras recolectadas. Dieron la instrucción dos días después de que se solicitará la información a través de transparencia. La FGE recibió los resultados el 15 de julio del 2021.
No existen más detalles de los avances de la investigación y de la identidad de las dos mujeres a las que pertenecen las osamentas. En este punto, es importante mencionar que en Yucatán no existe un banco de ADN para contrastar las muestras extraídas a los cuerpos enterrados en la fosa común.
En una entrevista -realizada durante un evento de Gobierno- el titular de la FGE en Yucatán, Juan Manuel León León, negó la existencia de una fosa clandestina, pese a que se encuentra en un informe del Gobierno federal y que la pregunta expresa de la solicitud de transparencia que respondieron hace referencia a las “diligencias para conocer la identidad de las víctimas encontradas en la fosa clandestina hallada en Tekax en el 2017”.
Las mujeres encontradas en la fosa clandestina de Yucatán están en calidad de desconocidas, pero su familia asegura que sí las identificaron
María Susana Monforte Colli, de 55 años, y Magdalena Durán Monforte, de 32 años, eran madre e hija. Desaparecieron en 2013 y existía una denuncia por este hecho. Sus cuerpos fueron encontrados en 2017, en una cueva del municipio de Tekax. Su familia reconoció sus osamentas, pero nunca les entregaron sus restos, ni sentenciaron al asesino confeso.
El hallazgo de los cuerpos fue posible porque el presunto responsable, de nombre Felipe, reveló la ubicación y su crimen, sin embargo, las autoridades lo dejaron ir. Eran la madre y hermana de José Durán Monforte.
“El licenciado Freddy, que era el titular de la Fiscalía de Tekax en aquella época, nos citó y nos dijo que esa persona había declarado y que habían encontrado osamentas de personas, que nosotros vayamos a identificar los huesos”
“La verdad es que eran sus huesos, por ejemplo, mi hermana tenía una peculiaridad, era alta, pero tenía unos piecitos muy pequeños, usaba zapatos de dos y medio a tres no más y se miraban sus piecitos. Tenía un diente que era una coronilla y lo tenía. Y pues mi mamá el pelo era rústico, negro y grueso. A parte esta persona había confesado detalladamente cómo había asesinado a mi mamá. Él dijo que la golpeó con algo duro en la cabeza cuando pasaban en la moto y los cráneos tienen rajaduras, así como había confesado”, narró con tristeza.
Freddy, a quién José Monforte señaló como encargado de la investigación y de la agencia de la FGE en Tekax, le aseguró que los cuerpos de sus familiares le serían entregados después de realizar las pruebas de ADN. A casi cinco años de distancia, esto nunca ocurrió. Tampoco comprende qué leyes dejan libre a un asesino confeso.
“Lo que yo no entiendo a veces y probablemente por mi ignorancia en las leyes, es cómo dejaron libre a esa persona después de haber confesado, no sé qué ley es esa. Al otro día ya estaba suelto. Incluso pasaba acá en la esquina porque iba a leñar y yo lo veía. Le confieso que tuve la intención de vengarme , pero ya después se me pasó, no tengo porque mancharme con la sangre de un asesino”, expresó José.
El presunto asesino vivía a 30 metros de la parcela de las dos mujeres en el ejido Plan Chac Pozo Dos , en Tekax. Las asesinó porque María lo denunció por robo ante el consejo de la parcela y lo expulsaron. Actualmente, Felipe está encarcelado por otro crimen.
José Monforte quiere justicia para su madre y hermana. Intentó reabrir el caso y en medio de la pandemia acudió a la Fiscalía de Tekax. Acusó que nadie le hizo caso.
En Sonora, son sus madres quienes buscan a los desaparecidos, no la Fiscalía
Información emitida por la FGJE de Sonora a través de su Unidad de Transparencia, reporta que entre los años 2015 y 2021 solamente se han abierto seis carpetas de investigación por el delito de desaparición forzada de personas y/o desaparición cometida por particulares.
La información proporcionada a través de una solicitud de información contrasta con los datos ofrecidos por la fiscal, Claudia Indira Contreras Córdova, en una rueda de prensa el pasado 7 de febrero de 2022, donde dijo que de 2019 a la fecha se identificaron 538 cuerpos por comparativa genética de ADN, de los cuales 288 corresponden a personas reportadas como desaparecidas ante la Fiscalía estatal.
Declaró también que en 2020 se localizaron a 838 personas con vida y 128 sin vida; en 2021 a 886 personas con vida y 109 sin vida, y en 2022 (al 7 de febrero) 69 personas habían sido localizadas con vida y siete sin vida.
Por mencionar un ejemplo: en Cajeme el grupo Rastreadoras de Ciudad Obregón ha encontrado 112 cuerpos u osamentas de 2019 a noviembre de 2021, según su representante Nora Lira, de los cuales hay cero carpetas de investigación, según información de la FGJE proporcionada a través de una solicitud de información. Patricia Flores, del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, dijo que, de acuerdo con sus registros, han encontrado más de 800 personas sin vida y casi 700 con vida en los últimos tres años.
“Nosotros como colectivos no pedimos justicia ni venganza, ni nos interesa saber quién lo hizo, pero justamente creo que las autoridades tienen que hacer ese trabajo y en lo particular en mi caso no ha habido responsables, no ha habido un avance en lo que pasó”, declaró Nora Lira.
La activista reportó como desaparecida a su hija Fernanda, de 17 años, en octubre de 2018 y la encontró luego de incesantes búsquedas justo dos años después. Asegura que ella llevó datos e información a las autoridades, pero el caso no prosperó.
“Tengo la duda de qué fue lo qué sucedió, creo que las autoridades tienen que citarme para decirme. Pero no quiero mover sentimientos y mover todo otra vez; así que me quedo con el orgullo de que yo la encontré, que cumplí esa promesa y no me interesa saber quién la mató”, consideró.
Cecilia Delgado, líder del Colectivo Buscadoras por la Paz Sonora aseguró que luego de que su hijo Jesús Ramón desapareció, ella prácticamente integró la carpeta de investigación con información, datos, videograbaciones y otros elementos que consiguió para que dieran con los responsables del hecho.
“Di todo para que pudieran detener a las personas que se llevaron a mi hijo junto con otro muchacho y no han hecho nada. Fueron policías estatales, les di el número de patrulla. A mi hijo lo encontré en una fosa clandestina y aún no hay justicia, ni detenidos y ni nada”, enfatizó.
Yucatán y los no localizados: 28 hombres y 3 mujeres fueron hallados sin vida
Del 2019 al 2021, tres mujeres reportadas como no localizadas fueron encontradas sin vida. Todas fueron vistas por última vez en Mérida; una fue hallada en diciembre de 2019 y tenía 51 años; otra 39 y la encontraron en junio de 2020; en abril del año siguiente ubicaron a la tercera de apenas 20 años. La información se obtuvo vía transparencia.
Y de enero del 2018 a noviembre del 2021, se reportó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán a 615 mujeres en calidad de no localizadas. 612 aparecieron con vida. Del total, solo en tres casos manifestaron haberlas ubicado en sitios lejos de la capital yucateca, tales como el estado de Quintana Roo, Tabasco y el municipio de Conkal.
El mayor número de reportes están relacionados con mujeres adolescentes de 13 a 17 años y adultas de 18 a 20 años. En ese lapso de 2018 a 2021 se reportó a 33 de 13 años, 48 de 14 años, 71 de 15 años, 79 de 16 años, 53 de 17 años, 28 de 10 años, 16 de 19 años y 17 de 20 años.
Al igual que las mujeres, son los hombres adolescentes de 14 a 18 años quienes llevan la delantera con las denuncias de no localizados.
Llama la atención que en comparación a las mujeres registradas como no localizadas, son más los hombres bajo ese estatus quienes son encontrados sin vida. En tres años, localizaron a 28 de ellos muertos. Se desconocen las causas precisas de los decesos o si se realizó un proceso legal para determinar la responsabilidad.
Yucatán: ¿Dónde está Alex Koyoc?
El niño que desapareció en el monte y regresaría convertido en un brujo Maya
En Mayo del 2005, en el municipio de Tetiz, desapareció Alex Koyoc Cuytún de 10 años de edad, ese día fue a la parcela en compañía de su hermano, tío y abuelo. Su papá Luis Koyoc narró que cuando regresaban a casa, el pequeño se quedó atrás en el camino y ya nadie volvió a verlo.
La familia dio aviso a las autoridades e interpusieron una denuncia por la desaparición. Se formaron brigadas de búsqueda donde participaron militares, policías y voluntarios.
“Hicieron un operativo de búsqueda de tres meses, vinieron policías judiciales, soldados, ahí vivían; día y noche estaban caminando y nada. A las tres semanas de la búsqueda del niño un policía dijo que había que traer unos perros entrenados porque donde esté el niño lo van a encontrar. Uno de los perros murió en el lugar”, relató su padre.
A 17 años de su desaparición, su padre se consuela con las palabras de un brujo Maya -Hmen-, quien le pidió no perder la esperanza, ya que a Alex, los aluxes (duendes mayas) se lo llevaron para convertirlo en un brujo como él.
“Me dijo que desde que Alex fue la primera vez a la parcela se enamoraron los aluxes porque su pelo es como pelirrojo. Iba a irse con ellos nomás nueve días, pero como trajimos una bruja que los insultó ya no lo regresaron”, comentó.
El padre de Alex tiene fe en que su hijo regresará a casa. Desconoce si la búsqueda de la FGE de Yucatán continúa vigente, después de ese año ningún oficial regresó a su casa para darle seguimiento al caso.
Ruby Aracelly desapareció hace 10 años en Yucatán, su familia aún la busca
En Mérida, Ruby Aracelly Madera Chan tenía 17 años cuando salió a buscar trabajo y no regresó a casa, todavía era menor de edad. Un día después de no saber nada de su paradero, la familia interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán.
Su madre, la señora María Chan, recordó que no querían recibir la denuncia en la Fiscalía porque no habían pasado 72 horas tras la desaparición de su hija. Las primeras especulaciones de las autoridades eran que Ruby se había ido con el novio.
“La pregunta que me hicieron era si se había ido con el novio y les dije que no, porque el novio estaba en la casa con nosotros ¡y me preguntaron si no tenía otro novio, que si no se había ido con otro!”, señaló sorprendida.
Las últimas personas que vieron a Ruby fueron su hermana y una amiga. Se despidió de ellas y se dirigió al centro de Mérida. Se supone que fue a una tienda por el rumbo de la estación de autobuses de ADO a pedir trabajo.
María intentó buscar a su hija de muchas formas. Impulsada por la abuela de Ruby acudió con un “brujo” en un pueblo y también a una asociación llamada Lester, ambos le pidieron dinero.
“Me empezaron a pedir dinero y dinero y nada, me decía ese señor que si no le entregaba la cantidad de dinero que me decía, me entregarían el cuerpo de mi hija muerta. Solo me robaron. En los pueblos me decían: ‘tráeme una gallina, flores, que íbamos a hacer tal cosa y va a regresar’”, relató.
En el caso de Ruby, los agentes de la FGE regresaron una sola vez a visitar a María. Intentaron coaccionarla para que les «confesara» que sabía la ubicación de su hija. “Que yo sabía de ella. Les dije que no: ‘no se quién les dijo eso, pero les mintieron’”.
María sueña que se reúne con su hija y que todos conviven en familia como antes. Tiene la esperanza que la encontrará pronto.
Las denuncias registradas no reflejan la realidad de Sonora y Yucatán
En Sonora, desde el año 2010 y hasta el primer semestre de 2021, el número de personas desaparecidas aumentó. Contrasta con el número de carpetas de investigación abiertas y de sentencias condenatorias a culpables directos o indirectos de estos hechos.
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde el año 2010 el crecimiento ha sido constante y se ha multiplicado.
Por ejemplo, en ese año, 2010, el reporte es de 171 personas desaparecidas; para 2018 aumentó a mil 44 personas, lo que representa un alza de 510.5%. En la entidad suman 6 mil 27 personas con reporte de desaparición entre 2010 y 2021.
A diferencia de Sonora, en la Fiscalía en Yucatán del año 2018 a 2021 solo se abrieron ocho carpetas de investigación.
Se levantó la denuncia por tres mujeres de 27, 33 y 53 años de edad; a dos las vieron por última vez en el municipio de Mérida y una en Umán. En el caso de los hombres, se reportó a cinco bajo esta categoría; dos de 24 años, 31, 35 y 41 años de edad. El último paradero de dos de ellos dos fue Umán. Todos fueron encontrados con vida.
Yucatán sin Comisión; la de Sonora, con escaso personal
A cuatro años de la publicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas -que indica que todos los estados del país deberán tener una Comisión Local de Búsqueda-, en Yucatán no existe tal. En abril de este año se publicó la convocatoria para postular a personas que puedan ser candidatos para presidirla. Pero será el gobernador Mauricio Vila Dosal quien elegirá al o la directora de este organismo desconcentrado.
El 5 de febrero del 2020 se publicó el decreto para su creación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Un año después, el sábado 30 de enero del 2021, modificaron el decreto. Justificaron que debido a la pandemia no se podría cumplir con el plazo, ni contaban con la liquidez presupuestal. En tanto, para cumplir nombraron a una encargada de la dirección.
Además, aunque no existe una obligación para decretar una ley local en la materia, las familias enfrentan obstáculos como la invisibilización de sus búsquedas. Más aun en los municipios del interior del estado.
En Sonora, la Comisión Estatal de Búsqueda que dirige José Luis González Olivarría comenzó a operar en 2020 y a finales de 2021 contaba con 16 personas en su plantilla de personal, número que, a decir de los líderes de colectivos de búsqueda, son insuficientes para atenderlos.
Datos otorgados vía la Plataforma de Transparencia señalan que la Comisión ejerció un presupuesto de 40.2 millones de pesos en 2020 y de 38.7 millones en 2021, que en su mayoría se ejerció en la compra de tecnología para las búsquedas como un georadar, drones, autos, bienes informáticos, mobiliario y otros suministros, además del gasto corriente.
Para González Olivarría, la disparidad en los datos entre el Registro Público de Desaparecidos, la Fiscalía Estatal y los grupos de buscadores depende del tiempo en que se procesa y se integra la información.
“Las estadísticas en la plataforma continuamente se están actualizando y esto va a depender de los aportes que hagan las fiscalías generalmente porque ellos son los que procesan las escenas y diariamente no lo están subiendo, creo que lo suben por tiempos”, consideró.
Afirmar que el fenómeno de las desapariciones va al alza o a la baja, expuso, es difícil, sobre todo si existe la creencia de que las desapariciones están relacionadas con los hechos delictivos violentos.
“A pesar de que en el Estado hay mucha violencia, haciendo un análisis no es tanta la desaparición. Sí hay, y muchos; pero derivados propiamente de la delincuencia, pues también los hay por ausencias voluntarias, las extorsiones, los secuestros exprés, la trata, incluso, la desaparición por trabajo forzoso, eso también cuenta, no debemos ir a la cargada con un solo rubro”, enfatizó.
En Yucatán, María hizo a mano las fichas de búsqueda de su hijo y logró encontrarlo.
El 5 de diciembre del 2021 María Baas encontró a su hijo Walter deambulando en el Centro de Mérida. Desde hacía más de dos meses estaba desaparecido. Lo encontró porque todos los días viajaba de su municipio Hunucmá a la capital del estado. No tenía dinero, pero a pesar de sus limitados recursos logró reunirse con él.
Había interpuesto la denuncia por su desaparición, pero la FGE de Yucatán nunca generó una ficha de búsqueda.
“Ya no podía ni dormir, pedía a Dios que le mande ángeles a su alrededor, porque no sabía si ya comió, si ya desayunó, y pensaba que ‘aunque sea alguien que le regale un bocado’. Yo aunque bajo lonitas, pero aquí lo tenía. Pensaba si tenía un techo donde estar y esa era mi desesperación: me levantaba a medianoche y no podía dormir, solo lloraba pensando dónde estaba”, recordó.
En tres ocasiones recibió noticias falsas del paradero de su hijo. Una vez se fue de noche al municipio de Umán y no tenía dinero para regresar a su casa, ni había transporte. Por fortuna, un policía la ayudó con dinero para ir a casa de su nieta que vive en Mérida.
El reporte de las muestras de ADN. Fallan la identificación
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, a través del Laboratorio de Genética Forense, informó vía la Plataforma de Transparencia respecto al número de personas reportadas como desaparecidas que han sido identificadas por medio de muestras de ADN y entregadas a sus reclamantes.
Durante 2020 se reportó oficialmente el hallazgo de 114 fosas clandestinas con 128 cuerpos, de los cuales 82 no fueron identificados y 46 fueron identificados por genética. Durante 2021 en 110 fosas se reportaron 209 cuerpos, de los cuales 153 no fueron identificados y 56 sí, vía genética.
La dependencia informó respecto a las muestras generales de ADN por año que han sido tomadas en el laboratorio, las cuáles fueron en aumento desde 2015, al igual que el número de personas desaparecidas.
En 2015 el número de muestras tomadas de ADN por el laboratorio de la Fiscalía de Sonora fue de 270. Para 2018 el número creció a mil 29, y para 2020 fueron 3 mil 26 muestras. Mientras que en 2021 se contabilizaron 2 mil 401 pruebas. El aumento entre 2015 y 2021 fue de 789%.
Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, con sede en Hermosillo, señala que una de las principales fallas está precisamente en la identificación.
“Es el problema que tenemos, que las personas que estamos buscando en campo y están en una fosa común, están tardando hasta dos meses para entregarlo a la familia, cuando no tendría que durar eso. Una exhumación de un cuerpo puede tardar una semana en lo que dan los oficios para que se exhume, pero lamentablemente con su burocracia y sus protocolos, nos vienen a fregar a las familias”, aseveró.
En Yucatán existe una sola fosa común, la cual desde 1982 -año que se creó el panteón Xoclán- a 2007 fue administrada por el Gobierno del Estado. No existen registros de cuántos cuerpos fueron enterrados antes de esa fecha.
Lo que hay son discrepancias entre los datos de la Fiscalía, que envía los cuerpos, y el Ayuntamiento de Mérida que los entierra. Tampoco coinciden los años documentados. La FGE proporcionó información a partir de 1991; declaró que de ese año a 2021 envió 1 mil 145 cuerpos; mientras que el municipio, de 1982 a abril del año pasado, enterró a mil 820 personas.
Al igual que Sonora, en esta entidad al sur del país también se toman muestras hemáticas de los cadáveres, pero no se realizan exámenes de ADN. La Fiscalía estatal señaló que no existe una base de datos para hacer la confronta. Aunque según reportan, tienen más de mil muestras de sangre de los cuerpos depositados en la fosa común.
Se ignora si fueron abandonados en hospitales públicos, si tenían un reporte de desaparecidos; de no localizados; de encontrados en la carretera o de víctimas de algún delito. La única certeza es que más de mil personas no regresaron con sus familias.
Sonora sin sentencias
Derivado de escasas investigaciones e integración de carpetas, de acuerdo con los mismos datos de la Fiscalía, son pocos o casi nulos los casos donde se llega a dictar sentencia por el delito de desaparición forzada de personas.
Información del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora (STJE), solicitada a través de la Plataforma de Transparencia, da cuenta que desde el año 2010 a la fecha sólo se han dictado tres sentencias condenatorias por esta causa.
En 2015, y bajo el sistema penal inquisitorio, fue cuando un juez dictó dos sentencias por quince años de prisión a dos personas que resultaron culpables de la desaparición de un hombre.
En el año 2020 y bajo el sistema penal oral hubo una causa con un imputado -por el caso de desaparición forzada de una mujer- cuya condena resultó suspendida por apelación. En 2021, por la desaparición de una persona, se abrió otra causa, la cual se encontraba en trámite.
A las autoridades no les interesan los desaparecidos, dicen especialistas
Expertos en el tema coincidieron en que el aumento de las personas desaparecidas y no localizadas en el país son el reflejo del desinterés de la autoridades por brindar verdad y justicia a quienes son víctimas de este delito.
Aunque reconocieron que el contexto entre Sonora y Yucatán no es el mismo, ven que tienen en común la falta de interés de las autoridades por investigar en dónde están las y los desaparecidos. Aclararon que este fenómeno es el resultado de una convergencia de múltiples violencias.
“México es signatario de múltiples tratados de derechos humanos en los que asume responsabilidad internacional y el Estado mexicano es todo, no importa si es Sonora o Yucatán o si es el municipio de Mérida. La responsabilidad es del conjunto del Estado”, consideró la investigadora principal del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México, Karina Mariela Ansolabehere Sesti.
La experta reiteró que a pesar de la división de competencias por niveles de Gobierno, la responsabilidad de esclarecer las desapariciones es de las autoridades que -por ley- están obligadas a garantizar los derechos de la población.
Para Raúl Benítez Manaut, profesor e investigador experto en Seguridad Nacional y Crimen Organizado, el tema debería ocupar a todos los estados del país, incluido Yucatán, ya que basta con que haya uno o dos desaparecidos para ponerse a trabajar sobre el tema.
Un solo caso podría destapar el crecimiento de este fenómeno y si no se investiga se genera una espiral de impunidad que hará que a futuro no existan resultados positivos para brindar justicia a las víctimas. Comparó la burbuja de seguridad y paz de Yucatán con el caso de Guanajuato, una de las entidades más peligrosas.
“Uno de los estados clasificados como los de más violentos hoy en día, Guanajuato, hace cinco años era un estado parecido a Yucatán. Había una paz social bastante bien lograda, había un buen trabajo de las policías municipales, acudieron industrias a ubicarse para invertir, y tenía índices de violencia social, política y de crimen organizado muy bajo”, comentó.
“¿Qué pasó?, que el desmantelamiento del Cartel de los Caballeros Templarios, la reducción del poder del Cártel de Sinaloa generó muchos sicarios sueltos, y el crecimiento del Cartel de Jalisco y la falta de control de este gran crimen que es el huachicoleo pues llegó a que Guanajuato sea de los más violentos del país. Lo que te estoy señalando es: que ahora sea estable Yucatán o que tenga bajos índices de homicidios, no quiere decir que es una garantía de que en el futuro se va a mantener así, sobre todo si hay impunidad policíaca y protección de criminales por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”, explicó.
