Por Claudia V. Arriaga Durán.
Umán, Yucatán, lunes 9 de noviembre de 2026.— El 6 de diciembre de 2025, la rutina en la obra de construcción de la Habitacional Guardia Nacional Federal 1 se fracturó por un accidente en motocicleta que sufrió Jesús Juárez Cabrera, de 40 años, conocido entre sus compañeros como el “Barbas”. Según los testimonios recabados por su esposa, Sandy Valdez, el percance ocurrió cuando el trabajador circulaba al interior del complejo y los frenos de su vehículo fallaron al llegar a la tercera glorieta. La motocicleta lo catapultó y, tras impactarse contra el pavimento y un árbol, Jesús sufrió graves traumatismos que incluyeron inflamación cerebral severa, pérdida masiva de sangre y una fractura que dejó su mandíbula descolocada,además de dejar inutilizada su mano derecha y provocarle secuelas permanentes en sus funciones motrices y de memoria.
En medio de la emergencia, las restricciones operativas impuestas por la propia Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) dentro del recinto militar agravaron su estado de salud. La institución castrense impidió el acceso de una unidad de socorro al interior del predio, de modo que sus compañeros debieron trasladarlo en la batea de una camioneta de redilas hasta la salida del complejo, donde una ambulancia convencional finalmente lo recibió alrededor de las dos de la tarde para su canalización a un centro médico. A consecuencia de la gravedad de sus lesiones, el trabajador tuvo que ser inducido a coma para estabilizar sus signos vitales.
Pese a haber sido contratado formalmente por una constructora subcontratada para levantar la primera zona habitacional destinada al personal de la Guardia Nacional en el estado, quedó documentado que fue la propia SEDENA la entidad que gestionó directamente su alta y su posterior baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Dicha baja administrativa se ejecutó de manera anticipada en el mes de octubre, dos meses antes de la fecha prevista para la conclusión de las labores de edificación. Esta maniobra institucional provocó que Juárez Cabrera perdiera sus derechos médicos de forma abrupta, lo que retrasó por espacio de tres meses la compleja cirugía maxilofacial que requería con urgencia para corregir las lesiones en su rostro.
Ante este escenario de desprotección institucional, la familia acudió al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP). Gracias a la intervención de esta instancia federal, se logró que la SEDENA y el IMSS restituyeran las prestaciones médicas a Jesús Juárez, aunque bajo un esquema condicionado estrictamente a la culminación de los procedimientos quirúrgicos que aún tenía pendientes en su historial clínico.
El proyecto de construcción estuvo bajo la dirección del coronel ingeniero constructor Herminio Jiménez Velázquez, un mando militar con trayectoria en la región que también ha encabezado obras públicas de relevancia en Yucatán, tales como el parque de La Plancha y los trabajos de remodelación en el campo de béisbol Kukulkán. Cuando Sandy Valdez intentó dialogar con las autoridades del proyecto para exigir respuestas sobre la situación laboral y médica de su esposo, la atención fue delegada en una colaboradora identificada como la contadora Claudia, quien intentó justificar la ausencia de seguridad social vigente argumentando que la obra civil estaba a punto de entregarse en el mes de diciembre.
Transcurridos más de diez meses desde el día del accidente y frente a la incapacidad permanente con la que ahora vive su esposo, Sandy Valdez ha buscado incansablemente un acuerdo de conciliación con la SEDENA con el propósito de conseguir una pensión parcial permanente que garantice la subsistencia del hogar. Sin embargo, la respuesta de la institución ha sido la negativa sistemática a comparecer ante el IMSS para dar inicio formal al trámite correspondiente, mientras que el coronel Jiménez Velázquez ha optado por evadir cualquier tipo de comunicación directa con la familia afectada.
“Tengo miedo porque la SEDENA es un monstruo, tengo miedo de que tomen represalias. La SEDENA es la que domina ahora”, expresó con profunda angustia la esposa del trabajador, reflejando el estado de vulnerabilidad frente a una estructura de poder militar que mantiene bloqueados los derechos de seguridad social y compensación para el obrero accidentado.
