Mientras el gobierno estatal reduce la crisis humanitaria a cifras convenientes y simula pacificación, más de 24 mil víctimas de desplazamiento interno enfrentan violencia, despojo y la colusión de autoridades con el crimen organizado en la entidad.
Por Libres.
Chiapas, México.- La inacción estatal y la colusión de las fuerzas de seguridad con el crimen organizado mantienen a Chiapas en una severa crisis de Desplazamiento Forzado Interno (DFI). Pese a que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas registra más de 24,000 víctimas, la narrativa gubernamental insiste en minimizar la tragedia reduciéndola a porcentajes y presentando la huida de las familias como una decisión voluntaria. Esta postura oficial busca proyectar una imagen irreal de pacificación que invisibiliza el despojo territorial, la violencia sistemática y el sufrimiento de comunidades enteras.
La impunidad que atraviesa la entidad abarca desde la región fronteriza hasta Ocosingo, Chenalhó, Ángel Albino Corzo y Chilón, donde la población enfrenta asedio armado y un férreo control territorial. Lejos de garantizar la protección física o un retorno digno, las instituciones obstaculizan la atención integral al negar la condición formal de desplazados a las víctimas y reclasificarlas arbitrariamente como «personas en vulnerabilidad». Esta argucia burocrática enmascara la complicidad entre la delincuencia organizada y las autoridades de los tres órdenes de gobierno, perpetuando el tránsito inseguro de las familias desplazadas.
La simulación gubernamental se profundiza al pretender resolver la crisis mediante la promulgación inoficiosa de un nuevo marco legal, mientras se mantiene congelada la reglamentación de la ley vigente desde hace años. Esta maniobra legislativa y mediática evade de forma deliberada las obligaciones vinculantes que el Estado mexicano ha firmado en el ámbito internacional, dejando a las víctimas sin acceso efectivo a la justicia, sin esquemas de reparación del daño y totalmente expuestas a agresiones recurrentes sin que existan garantías mínimas de no repetición.
Al despojar a las comunidades campesinas y pueblos originarios de su patrimonio, medios de subsistencia e identidad, la respuesta del Gobierno revela una grave insensibilidad institucional que revictimiza de manera directa a mujeres, infancias y adultos mayores. Reducir violaciones sistemáticas a los derechos humanos a un simple cálculo de conveniencia política destruye proyectos de vida y posterga indefinidamente las condiciones para recuperar la paz territorial en el estado.
