Auditorías internas al HRAEPY revelan el cobro sistemático de insumos médicos inexistentes por más de 12.4 millones de pesos a favor de una empresa fachada, mientras la dirección operativa mantiene en la impunidad las carpetas de investigación y a los mandos implicados.
Por Claudia V. Arriaga Durán.
Mérida, Yucatán, 15 de septiembre de 2026.- La gestión administrativa del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY) enfrenta severos cuestionamientos tras la detección de una red de corrupción e irregularidades financieras que supera los 12.4 millones de pesos. Diversas denuncias tramitadas formalmente por el propio personal operativo desde febrero de 2026 exponen un mecanismo estructurado para simular la compra de insumos médicos. Sin embargo, a pesar de la solidez de las evidencias documentales aportadas, la alta dirección del nosocomio ha incurrido en una omisión sistemática, evitando iniciar procedimientos sancionatorios o citar a rendir cuentas a los funcionarios señalados.
El detonante de la investigación interna ocurrió con la interceptación del comprobante fiscal identificado con el folio M158, emitido el 12 de febrero de 2026. Dicho documento amparaba un cobro por más de 4 millones de pesos y registraba como fecha de surtimiento al almacén el 12 de enero de 2026. Esta alteración cronológica —donde la supuesta entrega de mercancía antecede por un mes a la expedición de la factura— motivó una revisión física que confirmó la inexistencia total de los insumos en los inventarios. El análisis detallado de la facturación reveló además alteraciones en las sumas numéricas de los desgloces, sobreprecios arbitrarios en artículos básicos y la falsificación de la orden de surtimiento.
La profundización en las auditorías operativas permitió constatar que la proveedora beneficiada con las asignaciones contractuales, la empresa Mercado del Sureste, S.A. de C.V., opera bajo las características típicas de una entidad fachada. Consultas en los acervos del Registro Público del Comercio confirmaron la inexistencia de folio mercantil alguno a nombre de dicha razón social. Adicionalmente, verificaciones físicas en el domicilio declarado por la compañía, ubicado en la calle 35 número 282 de la colonia San Nicolás, constataron que el inmueble se encuentra en total abandono y con las instalaciones cerradas, descartando cualquier tipo de capacidad operativa o comercial real.
La documentación apócrifa utilizada para justificar la entrada de material evadió intencionalmente los controles institucionales. Los acuses de recibo presentaban tipografías discrepantes, carecían de los logotipos institucionales oficiales y omitieron la inclusión de las claves del Catálogo Nacional de Insumos (CNI) emitidas por el Consejo de Salubridad General. De forma paralela, el peritaje interno de los folios ratificó el uso de sellos institucionales apócrifos y la falsificación explícita de las firmas de validación correspondientes al encargado del Almacén General, el Dr. Alexis Gabriel Varela García, y a la personal del área química, la profesional Velia Peraza.
| Folio de Factura | Fecha de Recepción | Estatus Financiero | Monto (MXN) |
| Factura 154 | 08/12/2025 | Pagada (30/01/2026) |
$2,186,213.45
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| Factura 155 | 09/12/2025 | Pagada (30/01/2026) |
$3,467,989.79
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| Factura 157 | 17/12/2025 | En proceso de pago |
$657,871.24
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| Factura M158 | 12/01/2026 (surtido) | Cancelada por inconsistencias |
$4,169,394.21
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| Total auditado | — | — |
$12,481,468.69
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A pesar de la gravedad del quebranto patrimonial, la respuesta directiva ha estado marcada por la pasividad. Desde el 18 de febrero de 2026, el director de operaciones del HRAEPY, Joan Manuel Johnson Herrera, recibió formalmente el expediente contentivo de las pruebas fácticas, periciales e inventarios alterados. No obstante, no se abrieron carpetas de investigación administrativa ni se dio aviso a las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades penales o civiles, dejando en el desamparo la correcta aplicación del gasto público asignado a la salud.
Esta inacción institucional colocó al personal denunciante en una posición de alta vulnerabilidad. En los escritos de notificación dirigidos a la dirección operativa, el Dr. Alexis Varela García exigió de manera explícita la adopción de medidas cautelares para salvaguardar la integridad laboral y profesional de su equipo de trabajo. Las demandas exigían garantías contra posibles represalias, acoso laboral, degradación de funciones o despidos injustificados derivados de la revelación del fraude, subrayando que la denuncia buscaba deslindar al personal de almacén de cualquier complicidad en el desvío de recursos.
La persistencia de pagos concretados a una empresa inexistente bajo documentación apócrifa sugiere la complicidad de mandos superiores en la estructura del HRAEPY. Mientras los recursos destinados a la atención médica hospitalaria continúan diluyéndose en expedientes irregulares, la falta de actuación por parte de la dirección de operaciones consolida una política de impunidad interna que vulnera la operatividad del sistema de salud en la región.
