Texto y fotografía por Sofía Vital
Académicos, colectivos ciudadanos y organizaciones vinculadas con la movilidad urbana expresaron este lunes 31 de agosto su preocupación por el enfoque del componente vial del Plan Bienestar Metropolitano y cuestionaron que las propuestas de infraestructura privilegien la circulación de automóviles por encima de las necesidades de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.
Durante una rueda de prensa realizada en Mérida, representantes del Laboratorio Urbano de la Universidad Modelo, colectivos de movilidad y ciudadanos señalaron que no se oponen a la inversión en infraestructura, pero consideran necesario revisar el modelo bajo el cual se están planteando las obras.
“No estamos en contra de invertir en infraestructura. Estamos en contra de invertir mal”, señaló la Dra. Silvana Forti, directora del Laboratorio Urbano de la Universidad Modelo, quien sostuvo que el problema de movilidad de Mérida no debe reducirse a la necesidad de agilizar el tránsito vehicular.
Movilidad y salud pública
Se cuestionó que ante el crecimiento del parque vehicular la respuesta sea aumentar la capacidad de las vialidades para automóviles. De acuerdo con las cifras expuestas durante la conferencia, entre junio de 2023 y junio de 2024 el parque vehicular de Yucatán habría aumentado alrededor de 6.5%, equivalente a unos 68 mil vehículos adicionales.
“La zona metropolitana de Mérida con 1.5 millones de habitantes concentra la mayor presión vehicular del estado. El uso excesivo del automóvil particular es ya una característica central de nuestra movilidad con todas sus consecuencias, más emisiones, más siniestros, más congestión, más isla de calor, menos actividad física, más obesidad”.
Para los participantes, el incremento de carriles puede generar un círculo en el que una mayor infraestructura para vehículos particulares termine incentivando un mayor uso del automóvil.
“La realidad que enfrentamos es otra”, sostuvo Forti, al señalar que el objetivo de las políticas de movilidad debería ser construir una ciudad que favorezca los desplazamientos seguros y accesibles para toda la población.
Uno de los principales puntos de desacuerdo se relaciona con la construcción de infraestructura para cruces peatonales a desnivel. Los participantes señalaron que los puentes peatonales trasladan al peatón el esfuerzo y el tiempo adicional necesario para cruzar una vialidad, mientras los vehículos mantienen su circulación a nivel de calle.
También cuestionaron la viabilidad de los puentes equipados con elevadores debido a los costos de mantenimiento y a experiencias previas en las que, según expusieron, la falta de mantenimiento habría dejado inutilizada este tipo de infraestructura. Como alternativa propusieron cruces peatonales a nivel de calle, pasos con prioridad peatonal, isletas de refugio, infraestructura ciclista continua y accesible, así como espacios específicos para el transporte público.
Uno de los representantes estimó que un puente peatonal puede superar los 7 millones de pesos de construcción y generar costos de mantenimiento anual superiores a 500 mil pesos, mientras que un paso de prioridad peatonal podría representar, según sus estimaciones, alrededor de 200 mil pesos de construcción.
Otro de los principales reclamos durante la rueda de prensa fue el proceso de participación ciudadana realizado para integrar el Plan Bienestar Metropolitano. Grace Carrillo, representante del colectivo Haciendo Ciudad, relató que integrantes de distintos colectivos acudieron a los foros convocados por el Gobierno del Estado y presentaron propuestas relacionadas con banquetas, cruces peatonales, ciclovías, transporte público, accesibilidad y seguridad vial.
Sin embargo, cuestionó que las propuestas ciudadanas no se hayan reflejado, a su juicio, en el documento que posteriormente conocieron. La preocupación surgió, dijo, al conocer posteriormente las intervenciones contempladas en el Plan Bienestar Metropolitano.
“¿Qué pasó entre los resultados de los foros y los proyectos que terminaron integrando el plan?”, cuestionó.
Para los colectivos, la participación ciudadana solamente puede considerarse efectiva si las opiniones de la población tienen una posibilidad real de modificar las decisiones públicas. También señalaron que hasta el momento no han tenido acceso a proyectos ejecutivos detallados de las obras, sino principalmente a un listado de intervenciones.
Los participantes pusieron especial atención en el Anillo Periférico de Mérida, donde señalaron que existe una creciente interacción entre vehículos y personas que necesitan atravesar la vialidad para llegar a sus colonias, escuelas, trabajos o servicios.
Propusieron que las intervenciones contemplen cruces seguros a nivel de calle y accesibilidad universal, además de soluciones para ciclistas y usuarios del transporte público. También cuestionaron la permanencia de retornos vehiculares y plantearon que algunos puntos podrían resolverse mediante intersecciones semaforizadas o pasos superiores vehiculares que mantengan cruces peatonales seguros a nivel de calle.
El planteamiento, insistieron, no es eliminar la infraestructura para automóviles, sino redistribuir el espacio vial de acuerdo con una jerarquía que coloque primero a peatones y ciclistas.
Durante la conferencia también se expuso la situación de la movilidad ciclista en Mérida. Representantes de colectivos señalaron que Yucatán presenta una alta presencia de bicicletas en los hogares, pero consideraron que la infraestructura ciclista no ha crecido al mismo ritmo.
Entre los problemas mencionados estuvieron el deterioro de ciclovías, falta de mantenimiento, señalización deficiente y la invasión de espacios ciclistas por vehículos motorizados. Los colectivos como Cicloturixes plantearon nueve acciones: publicar el reglamento de la Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial; armonizar la legislación estatal con la Ley General; instalar el Comité Estatal de Movilidad y Seguridad Vial; crear un Observatorio Estatal de Movilidad; establecer una política integral de gestión de velocidades; desarrollar un plan estatal de infraestructura ciclista; aumentar la inversión en infraestructura peatonal; implementar una estrategia para reducir muertes y lesiones graves en el Periférico, y garantizar que las políticas de movilidad prioricen a las personas sobre los vehículos.
Samuel Gómez, del colectivo Poder Anti Gandalla, señaló que las organizaciones no pretenden rechazar el Plan Bienestar Metropolitano en su totalidad, sino pedir que las obras se apeguen a la normativa vigente y consideren de manera efectiva a quienes se desplazan sin automóvil.
Los colectivos también cuestionaron el monto destinado a las intervenciones viales y señalaron que, de acuerdo con el documento que conocieron, se contemplan más de mil 562 millones de pesos en infraestructura, mientras que una parte menor estaría destinada a infraestructura peatonal y vialidades.
Los representantes buscarán continuar el diálogo con las autoridades y solicitarán una mesa de trabajo en la que puedan revisarse los proyectos y sus justificaciones técnicas. También plantearon que el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano de Yucatán debería tener una participación más visible en la planeación de las intervenciones.
La propuesta es cambiar la pregunta: pasar de ¿cómo hacemos que haya mayor fluidez vehicular? a ¿qué tipo de ciudad necesita Mérida para que sus habitantes puedan desplazarse de manera segura, accesible y saludable?.
