Por libres
MÉRIDA, YUCATÁN 5 de Junio de 2026. — El sistema de transporte metropolitano «Va y Ven», diseñado como el estandarte de la modernidad y la movilidad en el sureste mexicano, enfrenta actualmente su prueba más difícil. Lo que comenzó como una transformación histórica en la experiencia de viaje de miles de yucatecos se encuentra hoy atrapado en un laberinto financiero de deudas y amenazas de paros operativos.
Para comprender la magnitud de la crisis que mantiene en vilo a más de 370,000 usuarios diarios en Mérida y municipios conurbados, es indispensable analizar el origen del modelo económico diseñado durante la administración del exgobernador Mauricio Vila Dosal y el complejo esfuerzo de transición que encabeza el gobierno actual de Joaquín Díaz Mena para evitar el colapso del servicio.
El Origen: Un modelo de alta gama con una «bomba de tiempo» financiera
En noviembre de 2021, la administración estatal panista encabezada por Mauricio Vila inauguró la primera ruta del «Va y Ven» en el Periférico de Mérida. El sistema fue aclamado de inmediato: unidades modernas con aire acondicionado, accesibilidad universal, pago electrónico y transbordos con descuento. La creación de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) en 2024 buscó consolidar esta estructura de manera autónoma.
Sin embargo, detrás del beneficio social se estructuró un esquema contractual con las empresas concesionarias privadas que, a la larga, resultaría insostenible para las finanzas públicas. El gobierno de Vila Dosal pactó un modelo basado en el «pago mínimo garantizado por kilómetro». Bajo este concepto:
- El Estado se comprometió a pagar a los transportistas una tarifa fija por cada kilómetro que recorrieran sus unidades, independientemente de si el autobús viajaba lleno o vacío.
- Se garantiza un promedio de hasta 270 km diarios por unidad en circulación.
Este diseño incentivó frecuencias de paso sumamente ágiles que agradaron a la ciudadanía, pero generó una sobreoferta costosa subsidiada casi en su totalidad por el erario público. La ecuación financiera original reveló pronto una enorme disparidad:
Sustituyendo los valores promedio de operación del sistema:
Este desbalance de $131 millones de pesos mensuales se tradujo en un subsidio anual superior a los $1,500 millones de pesos, una carga presupuestaria heredada de manera directa a la administración entrante de Joaquín Díaz Mena a finales de 2024. Al tomar control de la ATY, las nuevas autoridades diagnosticaron el fideicomiso del transporte en una situación financiera crítica.
El punto de quiebre: El adeudo de 189 millones de pesos
La imposibilidad de sostener un subsidio tan elevado bajo las reglas del modelo anterior provocó retrasos paulatinos en las transferencias a los concesionarios. La situación escaló a niveles críticos cuando representantes de 14 empresas transportistas —entre las que destacan firmas de alta demanda como Líneas Urbe y Circuito Metropolitano— acudieron formalmente al Palacio de Gobierno para solicitar la intervención directa del Ejecutivo estatal.
Los voceros del movimiento empresarial, Raymundo Vega León y David Quintal, expusieron que el adeudo acumulado por parte de la ATY asciende a $189 millones de pesos, acumulando un retraso de aproximadamente 45 días (congelado desde la primera quincena de abril).
La consecuencia operativa de este impago es inmediata: los concesionarios aseguran que las empresas proveedoras de combustible les han cancelado los esquemas de crédito. Sin liquidez diaria, el sistema corre el riesgo de suspender operaciones o reducir críticamente sus recorridos, afectando la movilidad de miles de familias. Los transportistas señalaron que requieren de manera urgente un fondo de rescate mínimo de $45 millones de pesos para garantizar el abasto de diésel y la nómina de los operadores para las próximas semanas.
La respuesta gubernamental: Hacia un modelo sostenible sin afectar al usuario
Frente a la inminente amenaza de paro, la postura de la actual administración estatal ha sido de contención y reestructuración, priorizando en todo momento la continuidad del servicio público.
El subsecretario general de Gobierno, Pablo Castro Alcocer, recibió a la comitiva de transportistas en el Palacio de Gobierno, empeñando el compromiso de la administración estatal con la frase «no les vamos a fallar», abriendo una mesa de negociación inmediata para liberar los recursos mínimos que mantengan las unidades activas.
De forma paralela, la ATY emitió un pronunciamiento oficial donde reafirma que la solución de fondo no consiste únicamente en inyectar recursos al antiguo pozo sin fondo, sino en implementar de manera estricta la reforma a la Ley de la Agencia de Transporte de Yucatán aprobada en el Congreso del Estado bajo el Decreto 187/2026.
Este nuevo esquema busca corregir la herencia financiera del gobierno anterior mediante dos estrategias clave:
- Migración al Pago por Kilómetro Recorrido Efectivo: Se elimina el «mínimo garantizado» de la era Vila. Ahora el pago se calculará estrictamente sobre los kilómetros útiles programados y verificados vía satélite (GPS). Esto evitará el desperdicio de unidades circulando vacías sólo para cobrar el subsidio, ajustando la oferta de autobuses a la demanda real de cada franja horaria.
- Instalación de la Junta Directiva de la ATY: Un órgano colegiado de carácter técnico que se instalará la próxima semana. Este comité será el encargado de auditar de manera transparente el adeudo histórico de los $189 millones de pesos y definir el plan de pagos bajo las nuevas reglas de sostenibilidad.
El reto para el gobierno del estado es mayúsculo. La transición hacia un transporte público financieramente sano implica recortar los excesos del subsidio heredado sin mermar la calidad que el usuario final ya percibe como un derecho. Los próximos días serán determinantes para observar si el diálogo y el rediseño técnico logran salvar al «Va y Ven» de su primera gran parálisis operativa.
