Texto y fotos Sofía Vital
Fue la primera vez que pude observar una familia de jabalíes en su entorno natural. Por un instante, uno de ellos se quedó mirando hacia nosotros. Fue tan rápido que no pude capturar ese momento: se quedó únicamente en mi memoria. Desde unos metros nos observaba y, de pronto, salió corriendo tras su manada, perdiéndose entre el monte.
“De seguro van al ojo de agua… lástima, qué triste”, expresó una de las mujeres que caminaba con nosotras en ese largo tramo deforestado en la zona de Yaxcopoil, comisaría de Umán, un lugar que no solo destaca por su imponente hacienda, sino que también carga con la memoria de los capítulos más oscuros de la época henequenera.
Desde muy temprano nos reunimos con los vecinos de la comisaria, para conocer más sobre el conflicto ambiental que enfrentan: la construcción de un banco de materiales. Para los habitantes de Yaxcopoil, su tierra, la misma que sostuvo haciendas y generaciones enteras; hoy enfrenta maquinaria, deforestación y proyectos extractivos. La historia, en el fondo, no es nueva. Solo cambia la forma de explotación.
No era solo unas máquinas en medio del monte. Detrás del proyecto aparece la empresa Caminos y Puentes del Sureste S.A. de C.V., vinculada a la extracción de material pétreo en la zona. Antes de llegar a la entrada del poblado, sobre la carretera federal 261, tramo Umán–Hopelchén, los vecinos mantienen un campamento improvisado. Ahí, entre lonas, piedras y turnos rotativos, vigilan para evitar que la maquinaria vuelva a ingresar. No hay horarios fijos: hay resistencia.
“Todos damos tiempo… dos, tres horas, lo que se pueda” expreso una de las vecinas que nos acompañaba en el largo tramo de camino que había sido despojado.
Luis (para mantener su nombre en anonimato) nos guía junto con otros habitantes. El camino no es corto. Son varios kilómetros de terracería, de monte abierto a la fuerza. Lo que antes era un callejón de paso ahora es una cicatriz. Desde la carretera hasta el interior del predio se han desmontado aproximadamente 1.8 kilómetros. En ese trayecto no solo cayó el monte: también aparecieron al menos diez indicios de vestigios arqueológicos que datan de hasta 200 años antes de Cristo.
“Esos cerritos que ve… son basamentos. Aquí hubo asentamientos”.
Durante el recorrido, el paisaje cambia de forma abrupta. Árboles derrumbados, albarradas rotas, caminos abiertos sin orden. En algunos puntos, el aire huele dulce. Es el dzidzilché, árbol fundamental para la producción de miel, ahora tirado sobre la tierra. Entre las ramas caídas, aún se perciben restos de vida: arboles importantes para la región, huellas de animales, fragmentos de cerámica con tonos de azul maya.
“Se han desmontado varios kilómetros… y hasta se metieron a un predio que no era donde iba el proyecto”, explica Luis. Ahí, en un terreno ajeno, se abrió otro tramo de aproximadamente 1.5 kilómetros, también con presencia de vestigios arqueológicos.
La caminata continúa. El calor aprieta. Las mujeres avanzan al frente. Algunas llevan sandalias. Caminan con firmeza, con una seguridad que contrasta con mis tropiezos constantes. Ellas no dudan. Ellas conocen el terreno. Ellas lo defienden.
Norma Pech va entre el grupo. Observa, señala, recuerda.
“Esto nos preocupa a todos… no solo por nosotros, sino por los niños, por nuestros nietos”.
Al llegar al sitio, el impacto es inmediato.
El ojo de agua (ese al que supuestamente corrían los jabalíes) ya no es lo que era. Donde antes había un punto de abastecimiento para fauna y campesinos, ahora hay un hueco cubierto de piedras, tierra removida, restos de maquinaria. Aún se alcanza a ver un poco de agua, oscura, atrapada en el fondo.
“Aquí venían los venados, los coatíes… aquí tomaba agua la gente cuando iba a la milpa. Ya se perdió… con la maquinaria lo rellenaron. Si se realiza este banco de materiales, pues va a ser una pérdida importante al ecosistema, a la fauna, a la flora.” cuenta Luis.
Ese ojo de agua no era un punto aislado. Formaba parte de una red de cenotes interconectados bajo la superficie de la península. En un territorio kárstico como Yucatán, donde el agua viaja por debajo de la tierra, rellenar un cenote no es solo tapar un hueco: es intervenir un sistema entero. Una herida que no se ve completa desde arriba.
“Nosotros solo vemos monte desde la carretera… pero aquí hay vida”, dice otra mujer mientras señala huellas recientes en la tierra. “Venados, jabalíes, aves… todo esto también es su casa”.
Lo que buscan ahí es material pétreo: piedra, arena, grava. Elementos que, en su estado natural, permanecen inertes, estables, casi silenciosos en el equilibrio del suelo. Pero extraerlos es otra cosa. Para sacarlos hay que abrir la tierra, desmontar monte, romper lo que sostiene la vida. Y entonces el equilibrio se rompe: se pierde el suelo fértil, se alteran los ecosistemas, el agua deja de filtrarse como antes.
Aquí, el conflicto deja de ser solo ambiental. Se vuelve humano. El proyecto, según explican los habitantes, no cumple con la distancia mínima requerida respecto a la comunidad, que debería ser de entre tres y cinco kilómetros. Aquí no alcanza ni dos.
Luis durante el recorrido comenta que no hay ni dos kilómetros:
“Imagínese cuando empiecen las explosiones”. Las consecuencias ya son visibles en comunidades cercanas. Se siente como si cayera un rayo… las casas ya se están cuarteando” dice una de las mujeres que nos acompaña también en el camino.
Más tarde, lo confirmamos. En una vivienda afectada por detonaciones, las grietas atraviesan las paredes. El piso está desnivelado. Una ventana presenta fracturas. La casa, construida con años de esfuerzo, muestra signos de desgaste anticipado. El miedo no es exageración.
“Desde el 2021 que se fueron acercando las explosiones, se fueron notando los daños; cuarteaduras en la casa. Primero empezó con el techo, grietas pequeñas. Pero siento que es muy peligroso” nos cuenta la dueña de la casa cercana a la construcción del banco de materiales.
Pero el impacto no termina ahí. La deforestación también golpea la economía local: árboles como el dzidzilché, fundamentales para la apicultura, han sido derribados. Para una región donde la miel es sustento, cada árbol perdido es también ingreso que desaparece.
Y, sin embargo, la piedra extraída de estos territorios no se queda aquí. Sale. Alimenta carreteras, construcciones, desarrollos inmobiliarios en otras zonas. El beneficio económico viaja lejos. El impacto, no.
El conflicto comenzó días antes del 19 de enero, cuando habitantes detectaron maquinaria trabajando sin previo aviso.
“De repente llegó la máquina… así, sin avisar” expresa Norma.
El comisario ejidal habría otorgado permiso, pero la comunidad no fue informada. No hubo consulta. No hubo explicación. La maquinaria llegó primero. El 18 de enero se realizó una reunión comunitaria. Al día siguiente, decidieron actuar. Desde entonces, las guardias no han cesado.
Durante casi dos meses, la empresa no se presentó. Fue hasta después que apareció un representante legal, identificado como Fernando Torres. La respuesta de la comunidad fue clara: ninguna decisión se toma sin el pueblo. El pueblo es quien decide.
En paralelo, se interpusieron denuncias ante distintas instancias: INAH, Profepa, Semarnat. Solo las dos primeras respondieron, colocando sellos de clausura tras detectar posibles daños arqueológicos y ambientales. Las autoridades municipales y estatales, según los habitantes, no han intervenido de manera efectiva.
A pesar de que el proyecto cuenta con autorizaciones, como una Manifestación de Impacto Ambiental aprobada en 2023 y un cambio de uso de suelo en 2024; las condiciones establecían que no debía afectarse el acuífero. Sin embargo, la comunidad señala que ya se han rellenado cuerpos de agua.
Además, al tratarse de territorio habitado por comunidades mayas, el proyecto debió haber cumplido con el derecho a consulta previa, libre e informada, establecido en el Convenio 169 de la OIT. Aquí, esa consulta no ocurrió.
En el camino, entre la tierra removida, aparecen fragmentos de cerámica. Recuerdo cuando alguien me dijo que a veces estos restos se colocan para frenar proyectos. Pero al verlos ahí, dispersos, enterrados a medias, entendí que no necesitan ser inventados. Simplemente están. Han estado ahí por siglos. Y están protegidos. Bajo la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que dice que todo fragmento, cada montículo, cada rastro, pertenece a la Nación. No puede ser removido ni alterado sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero ahí estaban: expuestos, atravesados por el paso de la maquinaria.
El problema no es uno solo. Yaxcopoil está rodeado por al menos tres proyectos más de bancos de materiales, algunos ya en operación, otros en proceso. Todos, según los habitantes, a distancias menores a las permitidas.
“Ya estamos rodeados… y quieren hacer más” cuenta Norma.
De regreso a la entrada a Yaxcopoil, el silencio pesa distinto. Ya no es solo el cansancio de la caminata. Es la acumulación de historias, de testimonios, de un territorio que resiste.
“Nosotros no estamos cuidando máquinas… estamos cuidando el territorio”, se escucha entre los vecinos.
Durante la investigación a este caso, surge otro elemento: la venta irregular de tierras ejidales. Mientras buscaba más información, en redes sociales encontré una publicación, alguien ofrece “10 hectáreas con certificado de uso común… con ojo de agua”. Al ser cuestionado en su publicación, esta persona responde con agresividad: A ti que ptm de que importa hijo de la vga. Esta parte ya no es necesario explicarlo.
Con todo esto, pienso en el jabalí. En el agua. En todo lo que no se ve desde la carretera. Y en lo que pasa cuando desaparece. Porque tal vez no volvamos a ver a esa familia cruzar el monte. O tal vez sí. Si el agua sigue ahí.
