Por Fabio Fuentes.
Don Andrés Nieves Marín tiene 77 años. Ingresó en 1971 a la Alianza de Camioneros como empleado durante siete años y, a base de esfuerzo, sacrificios y turnos dobles, logró adquirir una unidad en copropiedad dentro del Transporte cuando aún era joven.
Desde ese momento, ascendió posiciones hasta convertirse en socio de la Alianza y acumuló patrimonio mientras conducía autobuses por las calles céntricas de la ciudad. Sus jornadas superaban las 10 horas diarias. Sacrificó juventud, salud y tiempo. Pero con esos ingresos sacó adelante a cuatro hijos y mantuvo un matrimonio que hoy sigue vigente.
Cuando llegó el gran cambio en la estructura del transporte público en la ciudad, impulsado por el gobierno de Mauricio Vila, todo ocurrió de forma inesperada. Don Andrés, junto con más de 100 cooperativistas, vio su trabajo, el fruto de años de esfuerzo desvanecerse. Las acciones fueron vendidas al concesionario ADO y el gobierno pagó una parte por las concesiones de rutas.
Los operadores de transporte, quienes no apoyaban las decisiones del presidente de la Alianza, Xavier Arturo Rodríguez Berzunza, y su tesorero, Alfonso Ramírez Ojeda, marginaron a quienes no compartían sus decisiones.
La forma discrecional con la que distribuyeron las utilidades de las acciones, junto con cobros de adeudos no auditados para los trabajadores, dejó en indefensión a familias entras. Mientras tanto, estos personajes viven en una opulencia que resulta insultante, pues no corresponde a sus ingresos. Las mansiones, los lujos, las empresas que formaron y la extensa red familiar con la que cuentan contrastan con la situación de quienes dieron años al trabajo.
Esos trabajadores viven en condiciones precarias. Algunos, ya mayores, llegaron al seguro social y descubrieron que no se habían pagado sus cuotas, lo que les impide tener derecho a la Seguridad Social. A esa edad, es casi imposible encontrar un empleo digno en México, especialmente después de los cincuenta. Aquellos que construyeron su patrimonio a través de la adquisición de unidades de transporte vieron cómo les arrebataban todo, despojados de su esfuerzo.
Este es el caso de don Andrés, quien vive en Mulchechén, apoyado por sus hijos, que lo asisten como pueden. A veces recibe la pensión del bienestar, pero 2500 pesos al mes no son suficientes. Él y su esposa venden ropa de segunda mano o comida en los tianguis. A pesar de su difícil situación, don Andrés busca justicia.
En esta entrevista, aparece con el brazo roto, en demanda que se le remunere lo que invirtió toda su vida en su patrimonio: su unidad del transporte público. Él reclama por esfuerzo, las horas extras, la ilusión y el haber alcanzado sus metas.
Don Andrés pide la ayuda del gobernador Joaquín Díaz Mena y reitera que no está en contra de la transformación del sistema. De hecho, apoya y ve positivos los cambios. Lo que reclama es que había una alianza, un patrimonio que quedó en manos de unos pocos y de sus incondicionales. Los recursos, como los subsidios entregados durante la pandemia, fueron absorbidos por los dirigentes.
Si don Andrés lleva su caso a los tribunales, enfrenta un supuesto adeudo, sin auditoría sobre si realmente se invirtieron las refacciones y otros insumos que hoy se les cobran a los trabajadores. Esto los deja en indefensión, que no hay nada para ellos. Este trato discrecional afecta a quienes se atreven a pedir una rendición de cuentas. Además, hay quienes ya han fallecido y son sus viudas las que reclaman justicia, por el derecho de quienes trabajaron durante tantos años y hoy se encuentran despojados de lo que les pertenecía.
