Por Sofia Vital
“Ya nació mi bebé, estoy recuperándome”. Con ese mensaje de texto, enviado poco antes de mediados de octubre de 2026, Yahari confirmó el nacimiento de su hijo. Ella estuvo en prisión desde el 8 de marzo, en el penal de San Francisco Kobén, durante casi toda su gestación. Fue liberada el 30 de agosto de 2026, cuando un tribunal colegiado ordenó modificar su medida cautelar de prisión preventiva justificada, pues presentaba un embarazo riesgoso.
Yahari Brito, de 26 años, es artista plástica y, podría decirse, tiene un gran talento como artista y está llena de calidez humana. Hoy sigue sin entender todo lo que ha pasado. Antes de que naciera su bebé estaba en shock, porque toda su gestación estuvo tras las rejas, peleando no solo por sobrevivir sino por la vida de su hijo. Estando en prisión tuvo amenazas de aborto, razón por la cual se le permitió salir para esperar en casa el nacimiento. Tuvo poco tiempo para disfrutar de su embarazo.
“Estoy en shock, es mi primer bebe, toda mi maternidad estuve en prisión y no viví el proceso de mi embarazo, a disfrutar de mi familia. Es muy poco tiempo que tengo ahora para disfrutar de mi embarazo y asimilar el hecho que aún sigo siendo señalada por los hechos que pasaron”.
Aun con miedo, aceptó declarar y contar lo que pasó el 8 de marzo de este mismo año. Para entender cómo una joven artista y activista pasó casi seis meses en prisión durante su embarazo, hay que volver al 8 de marzo, día de la marcha feminista.
Yahari es activista por personas desaparecidas y dice que de ahí nace su presencia en las protestas.
“Yo siempre he hecho protestas porque tengo un desaparecido aquí en el estado de Campeche, yo me muevo desde mi sensibilidad desde mi empatía. No busco aprobación, individualidad; yo busco hablar por las personas que no pueden, en Campeche también hay desaparecidos. Busco redes de apoyo seguras, amistades, amigos, personas que han pasado por lo mismo. Soy artista y uso el arte como una manera política de posicionamiento, uso el arte para hablar de las cosas que pasan en el mundo”.
Ese 8 de marzo, era la segunda vez que asistía a una marcha y jamás imagino por lo que pasaría. Según su relato, cuando ocurrió el incidente que originó el caso ya se había retirado con otras dos amigas, al ver que la marcha se rompía en discusiones entre las propias colectivas.
En medio de la marcha, el ambiente se volvió tenso, entre las propias asistentes comenzaron a acusarse de estar grabando al bloque negro, y una activista de un colectivo de mujeres científicas discutió con la joven que había convocado la movilización, al cuestionar si ya sabían que habría problemas. Al notar que aquello no era normal en una marcha feminista, y que ya no tenía el carácter pacífico, Yahari y sus acompañantes decidieron retirarse, se reunieron con otras amigas y continuaron por el centro.
“Nosotras nos marchamos de ahí, porque una de las cosas que está prohibido en las marchas feministas es que no podemos agredirnos entre nosotras mismas, ni a terceros, ni a niños, ancianos…Está prohibida la violencia”
Hacia aproximadamente las 7:30 de la noche, alguien prendió fuego a policías mujeres. Yahari afirma que no estaba ahí y que ni siquiera conoce a la persona con quien la vinculan. Alrededor de las 8:40 entró con sus amigas a una tienda de conveniencia, donde había trabajado cuatro años. Pero los policías se pararon en la puerta de la tienda y no las dejaron salir. Asegura que la tiraron al piso sin identificarse ni decirle de qué se le acusaba. Tenía menos de dos meses de embarazo y se había enterado quince días antes. Dice que avisó desde el primer momento y que, ya en la patrulla, le presionaron el abdomen con bastones.
«Al momento de subirme al coche me empiezan a presionar ahora sí que el abdomen con sus unos palos largos negros que tienen ellos. Cuando yo les digo que no me lastimen porque yo estoy embarazada, me amenazan». Una de sus amigas fue bajada de un transporte privado y detenida también.
Las llevaron a la fiscalía junto con otras mujeres, unas 16, entre ellas una menor de edad y un hombre. De las 16 mujeres, había maestras, fisioterapeutas y antropólogas. Durante las primeras horas bajo custodia, no sintió miedo porque sabía que no había hecho nada grave. Recuerda que varias de sus compañeras se quebraban y lloraban, y que ella las consolaba, pidiéndoles que se mantuvieran tranquilas porque no habían cometido ningún delito. Según Yahari, cuando preguntó por qué la acusaban, la persona que las orientaba le pidió firmar y le dijo que no se preocupara. Ella se negó a firmar la parte donde decía que llevaba ropa negra, pues asegura que vestía su ropa de siempre.
La acusación tardó en llegar. Según relata, cuando la detuvieron iba vestida con un short verde, una camisa verde y zapatos cafés, y cargaba una mochila amarilla. Pasaron las primeras 24 horas sin que les notificaran de qué se les acusaba. Al segundo día les llegó la imputación a las demás detenidas, pero no a ella. Fue por la tarde cuando le informaron que la acusaban de homicidio en grado de tentativa. A las dos amigas detenidas con ella les imputaron daños a la propiedad privada y motín.
“De la nada a mí me dictan prisión preventiva sin ir a juicio, sin ir a audiencia. O sea, de la nada me dicen: Cámbiate, cámbiate tú, tú y tú. Fuimos cuatro, o sea, las que nos hicieron cambiar de ropa. Llegó una vagoneta por nosotras y yo pregunto, pues a dónde nos van a llevar, qué está pasando, se niegan a darnos información. Nos trasladan al cerezo; nosotras no pasamos por ningún juez cívico, no pasamos por una audiencia previa que se nos vinculara al caso, que nos dictaran prisión preventiva, simplemente nos llevan directo”.
Según Yahari, la acusación la describe como la segunda persona que, con la cara cubierta con pasamontañas, habría gritado: «échale más gasolina hasta que se las lleven la chingada. Tenemos gasolina de sobra». Y esa es, dice, la única conducta que se le atribuye.
«No, a mí me acusan de que yo le grito a la persona que lo haga, que tiene gasolina de sobra. Y esa es toda mi participación en los hechos y por eso que según ellos yo grito siendo esa persona número dos; me acusan de homicidio en grado de tentativa y daños a propiedad de título doloso”.
Yahari sostiene que la única evidencia que la fiscalía presenta en su contra es la ropa que llevaba puesta: una blusa verde, una camisa verde y zapatos cafés. Ni siquiera incluyeron su mochila. Asegura además que no hubo testigos aparte de las policías agredidas. También señala contradicciones en la carpeta de investigación, según dice, en una parte la describen como una persona y en otra como alguien con otra fisonomía, de modo que, en su opinión, la están acusando de ser dos personas a la vez.
Pero Yahari asegura que existen pruebas a su favor, como el comprobante del pago con tarjeta en la tienda y el video de la detención de otra de las acusadas. Pero, dice, no se han podido presentar:
«Las veces que hemos querido presentar el video dicen que no sirve el proyector, que la sala de audiencias no tiene las condiciones, que la asesoría jurídica no sabía que íbamos a presentar un video y así nos han dado como cinco o seis audiencias en los que no se nos deja presentar el video”.
Ella recuerda que, en una de las audiencias, la jueza argumentó que la persona con quien la vinculan había gritado una frase en la que se llamaba “perra” a las policías, expresión que, según el razonamiento que le expusieron, equivale a considerar inferior a una persona. Por ese comentario, le dijeron, ella había sido violenta durante su detención y por eso no podía volver a su casa. Yahari aclara que ella no pronunció esa palabra, sino la otra persona. Asegura además que la jueza llegó a decirle que, si las mujeres podían tener hijos en la guerra, ella podía tenerlo en la cárcel.
Cuenta que su caso tuvo que escalar a nivel federal, pues en el estado, afirma, no conseguía nada. Incluso en el penal, dice, le respondieron que no podían hacer nada porque el asunto no les competía y que ellos eran solo una herramienta. Tras el amparo federal se modificó su medida cautelar. Hasta hoy, Yahari sigue vinculada a proceso.
Según su relato, al llegar al penal dudaron de que estuviera embarazada y le hicieron pruebas, que dieron positivo. A los 15 días le practicaron un ultrasonido y no tuvo otro hasta los seis meses y medio.
Yahari cuenta que su primera amenaza de aborto ocurrió en el primer trimestre. En su área no había regadera ni agua corriente, por lo que debía cargarla para todo, incluso mientras sufría náuseas y vómitos frecuentes. Al pedir ayuda al personal de mantenimiento, dice que una persona le respondió: “¿Y qué quieres que haga que yo la lleve?”. Esa noche comenzó con flujo y dolores. Un especialista le diagnosticó pérdida gestacional frecuente, por tres abortos anteriores, y le dijo que su embarazo era de riesgo.
Afirma que durante meses pidió ultrasonidos y vitaminas reforzadas sin recibirlos. Asegura que se las dieron una sola vez, y que había otras 12 embarazadas a quienes sí se las entregaban.
“Me la dan una vez, me toman foto con las vitaminas y desde esa vez, nunca más me volvieron a dar esas poli vitaminas. Aunque yo llorara, me arrastrara, a mí no se me daban. Se justificaban diciendo que el especialista no me las mandó, más sin embargo los propios médicos del penal me habían recetado varias veces; pedí que me llevaran a los ultrasonidos, ya tenía 6 meses y no sabía qué sexo era mi bebé”.
La segunda amenaza de aborto llegó con fuertes contracciones a los seis meses y medio, y le diagnosticaron amenaza de parto prematuro e infecciones en las vías urinarias y los riñones. Después, su familia y sus compañeras de colectivos impulsaron una presión mediática, y Yahari afirma que solo entonces cambió el trato.
“Después que empezó a haber una presión mediática en redes sociales, fue que se me empezó a dar la atención. A los 2-3 días baja la enfermera hasta mi cuarto, baja la nutrióloga, llega ahora hasta el director y me tomaban fotos, me empezaron a dar hasta verduras, porque yo tenía meses pidiendo verduras y leche, no se me dieron. Después que empezó a haber una presión mediática en redes sociales, fue que se me empezó a dar la atención”.
Al salir, Yahari tuvo poco tiempo para disfrutar de su embarazo, cuidarse y buscar la manera de contar con un seguro médico e ingresos para cubrir todo lo que implicaba el proceso de parto. La situación por la que ha pasado le ha afectado gravemente la salud mental, y eso se debe, en buena parte, a la falta de un sistema de salud digno y a la violencia y discriminación que vivió durante las audiencias, donde, según su versión, se usaron argumentos ilógicos e inválidos para mantenerla en prisión preventiva.
«Yo empecé a presentar cuadros de ansiedad, trastornos de pánico y aunque yo ya no estaba sujeta a un tratamiento psiquiátrico pues se me presionó para que yo volviera a las medicinas, me estaban dando para que yo estuviera más tranquila, decían ellos”.
Hoy lo dice sin rodeos: «Yo no estoy bien. A mí todo eso me afecta. Aún me afecta mucho… Siento que me quitaron la identidad que yo tenía en la cual había tratado mucho de construirla, pues simplemente la desmoronaron«.
Aunque ya está en casa, Yahari teme que hablar tenga consecuencias. Dice que su miedo es sobre todo por su bebé, por cómo vaya a crecer, y sostiene que el penal no es un lugar para un niño. Cree que su caso incomoda a las autoridades, que según ella quieren silenciarla, porque que hable y diga la verdad las deja mal. Su familia le ha pedido que no dé entrevistas, que no salga de casa y que se resguarde. Asegura que le han dicho que quien la persigue no es una persona, sino todo el Estado, y que a las autoridades no les importa que haya un bebé de por medio, que ella se declare inocente ni que tenga pruebas para demostrarlo.
También recuerda con tristeza su boda dentro del penal: regresó a su dormitorio a llorar, porque casarse era una ilusión muy grande para ella y no imaginaba que fuera de esa manera.
Al final, entre lágrimas, Yahari dice que lo que espera es justicia y bienestar para su bebé y para su familia. No busca confrontación, sino empatía: que se conozca su historia, que se sepa la verdad y que deje de ser juzgada equivocadamente. Su deseo, es que pronto pueda ser libre de verdad.
“Yo no yo no busco cambiar al gobierno, yo sé que esto no va a cambiar. Yo busco hacer conciencia entre nosotros mismos, al final que tengamos algún problema quienes vamos a ayudar, vamos a hacer nosotros. Esto empieza desde casa, esto empieza desde aquí. Yo te puedo dar la información, yo te puedo decir qué está pasando con el mundo, pero cada uno de nosotros decide cambiar. Y si es así, siempre hay que cambiar para bien. Hay que hacer redes de apoyo, ayudarnos entre nosotros. El verdadero cambio está en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros hijos. Si queremos que todo esto cambie, tenemos que empezar con uno mismo«.
En los últimos años, las marchas del 8M han registrado actos violentos. Colectivas feministas han denunciado que a las movilizaciones se infiltran personas desconocidas que rompen las reglas acordadas. Algunas temen que esto sea una forma de intimidación para que las mujeres dejen de salir a las calles.
Ese temor ya se refleja en algunas asistentes. “Siento que si voy a una marcha, me arrestan por algo que no hice”, dice una joven que solía asistir al 8M y este año decidió no ir. Pidió reservar su nombre por temor a represalias.
