A pesar de que el juzgado reconoció los delitos de violencia familiar y vicaria cometidos por Patrizio, la guarda y custodia provisional de la menor le fue otorgada a la abuela paterna. Entre negligencias administrativas y dilaciones judiciales,Lourdes Ávila suma casi dos años luchando por recuperar a su pequeña.
Por Claudia V. Arriaga Durán.
Lourdes Ávila y su hija son víctimas de violencia vicaria e institucional desde hace casi dos años. Desde 2024,las y los jueces de lo familiar del Poder Judicial de Yucatán no sólo favorecieron con la guarda y custodia al sustractor, Irving Patrizio. Ignoraron —en 2026— que fue vinculado a proceso por violencia vicaria y familiar.Tras esta determinación judicial, en lugar de restituir a la pequeña con su madre, otorgaron la tutela de la menor a la abuela paterna.
Lourdes lleva dos años buscando justicia para ella y su hija. La menor fue sustraída en dos ocasiones. La primera ocurrió el 26 de enero de 2024, pero se concretó el 14 de marzo de 2024. A partir de esa fecha, para poder verla, debe acudir al Centro de Convivencia Familiar de Yucatán (Cecofay). Ni siquiera le permiten pasar un día completo con la pequeña.
“La primera vez que se la llevó interpuse la denuncia por violencia, me agredió físicamente y me estranguló frente a nuestra hija. Se la llevó sin mi consentimiento (…)la segunda vez fui a denunciarlo en la agencia de la fiscalía en Valladolid y me dijeron que no era sustracción porque es el papá”, explicó Lourdes.
La segunda sustracción —en la que se constituye la violencia vicaria— ocurrió durante una visita extraordinaria de Patrizio a su hija. Él aprovechó el momento para llevársela y no regresarla. Había un acuerdo de convivencia previo que nunca se ratificó ante el Juzgado de lo Familiar; en consecuencia, no era válido para la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán.
“Tenía las firmas en las que me otorgó la custodia y les expliqué que no sabía si mi hija estaba viva porque no me respondía (…) en el DIF de Valladolid la abogada que me recibió me dijo que me pasó por tonta porque nunca debí entregar a mi hija para una convivencia si no estaba ratificado el acuerdo. Yo no lo sabía, además,no la entregué, entró a casa y se la llevó”, detalló. La segunda carpeta de investigación que se inició contra Patrizio por la sustracción es la 507/2024.
La primera vez que Lourdes denunció a Patrizio fue en enero de 2024. Se inició la carpeta de investigación UNADT-207/2024 y, tras este episodio, en febrero logró obtener el divorcio. Él aceptó firmarlo a cambio de que retirara la denuncia. También ofreció ceder la guarda y custodia, pero desistió luego de cometer violencia vicaria y declaró ante el juez que lo habían obligado a firmar.
Aunque Lourdes inició el proceso para recuperar a su hija en el Juzgado Segundo de lo Familiar (expediente 177/2024), él se le adelantó dos semanas e interpuso la demanda de lo familiar número 166/2024, en la cual le otorgaron la custodia provisional y se reservaban los derechos de convivencia de la madre.
En lo que restaba de 2024 y hasta enero de 2025, cuando le otorgaron visitas supervisadas con su hija, no hubo avances en los procesos judiciales.
“En abril (de 2025) para el cumpleaños de mi hija pedí verla y no hay respuesta. El 10 de mayo también pedí verla y sí me respondió el juzgado, pero el 13 de mayo y como ya había pasado la fecha ya no podría (…) Hasta enero de 2026 hacen la siguiente audiencia y ya me dan convivencias con ella”, detalló.
Las autoridades nunca especificaron por qué Lourdes tenía restricciones o reserva en las convivencias, ni existió una justificación legal basada en el interés superior de la menor.
El 7 de marzo, Patrizio fue detenido y el 8 de marzo se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por violencia familiar y violencia vicaria. Días después se logró la vinculación a proceso al existir elementos suficientes. Sin embargo, el 14 de marzo él obtuvo el cambio de medida cautelar y se le colocó un brazalete localizador. En este punto, la autoridad judicial —el 13 de marzo— le concedió la custodia provisional a la abuela paterna y no a Lourdes.
Patrizio no tenía motivos válidos para evitar que la pequeña regresara a casa con su madre. El 13 de mayo se celebró una audiencia en la que no se pudo comprobar nada en contra de ella. Aún así, Lourdes sigue esperando que su hija vuelva a su lado. Lo único que ha podido lograr es un cambio en la modalidad de convivencia para la entrega-recepción. Las dos víctimas de violencia vicaria siguen esperando justicia.
Un entorno no seguro: violencia vicaria
Lourdes vivió violencia de muchas formas al lado de Patrizio. Desde un inicio fue una relación desigual,basada en el control y el poder. “Él tenía 26 y yo 17, empezamos a salir después de conocernos por un grupo de la iglesia en Valladolid”, narró. Aunque su familia no estaba del todo de acuerdo por la diferencia de edad,terminaron por aceptarlo.
Durante el noviazgo y antes de mudarse juntos, él hizo todo lo posible por separarla de su entorno e aislarla de manera gradual. Lourdes tenía 19 años cuando aceptó vivir con él. Constantemente le hacía comentarios como que su mamá no la quería y que solo lo tenía a él en el mundo. Lo que parecía cariño y protección cambió drásticamente a partir de la pandemia de Covid-19.
“Le dan trabajo en CFE en Mérida y me mudo en pandemia. La pandemia fue el motivo para cerrar la puerta,cerró todo y dijo que era para protegerme. Me dejaba encerrada, incomunicada. Además, me decía que mis amigas me tenían envidias, ¿que redes sociales para qué? que solo me atormentaba la situación del mundo”,abundó.
A los 20 años quedó embarazada de gemelos. Para entonces, la violencia ya había escalado de formas sutiles a agresiones físicas. “Me metía el pie y me empujaba. En una de esas me metió el pie en las escaleras, me caí y perdí a uno de mis bebés. Se logró salvar a mi hija. Me quedé en cama meses. Empezó a decir que era torpe y que tenía que cuidarme”, expuso.
Lourdes dejó de arreglarse porque él comenzó a comprarle la ropa, sin dejarla elegir. Tampoco le permitía visitar a su mamá ni a sus abuelos; cuando lo hacía, le condicionaba estrictamente el tiempo. “Me daba tiempo 10 o 20 minutos, me ponía cronómetro y si no cumplía me iba a golpear”, relató. Uno de los episodios más dolorosos que recuerda es que no le permitió asistir al funeral de su abuela.
A causa del estrés y la ansiedad generados por el maltrato, sufrió parálisis facial y múltiples amenazas de aborto. Aprovechando su delicado estado de salud, la madre de él se mudó a la vivienda con el supuesto fin de cuidarla, lo que derivó en un mayor control e incomunicación. Ni siquiera le permitieron que su propia madre la acompañara el día del parto.
“Me prestaba mi teléfono por momentos y ella le decía que no cuido a mi hija porque hablo quién sabe con quién. Me dio libertades cuando vino su mamá y ella le dijo que para que quiero las llaves de la casa si no necesitaba salir. Que era una dramática. Me quitan el teléfono, las llaves, ponen candados en puertas. Quedé más encerrada”, acotó.
Su entonces suegra le impedía cuidar a su recién nacida. Cuando la madre y el abuelo de Lourdes iban a visitarla, tenían que hablar con ella desde la ventana, pues no tenía llaves para abrirles y él no autorizaba las visitas.
Lourdes enfrentó violencia psicológica, económica, física y sexual. Al día de hoy, convertida en víctima de violencia vicaria, continúa luchando por recuperar a su hija.
