Texto y fotografía por Sofy Vital
«Este año se unieron más, aunque seguimos siendo pocos. Sabes que es que tienen miedo, escuchar cómo criminalizan, intimidan; eso provoca miedo, por el simple hecho de exigir nuestros derechos, pero yo creo que el otro año seremos más», me dice Angélica en la marcha de hoy domingo, mientras sonreímos con la esperanza de que lleguen más voces a las marchas, se presione más a las autoridades y los jóvenes sigan no solo la tradición, sino el objetivo de continuar peleando por los derechos de los pueblos indígenas.
Desde hace varias semanas se estuvo anunciando una marcha para el domingo 9 de agosto por el día Internacional de los pueblos indígenas. Los representantes de comunidades mayas llamaron a participar a comunidades, colectivos y asociaciones para enfrentar las problemáticas actuales relacionadas con sus territorios y lo que últimamente se ha vivido de forma constante: la violación de sus derechos, entre ellos el derecho a la consulta.
Muy temprano llegaron al Remate de Paseo de Montejo, en la ciudad de Mérida, y esta vez se sumaron colectivas como Salvemos las Dunas, Por un Yucatán con Energía Segura, así como la iniciativa Dzoyila. Con pancartas elaboradas días antes, el sonido de un caracol, el rugido de un jaguar y un calor intenso, se encaminaron hacia la Gran Plaza para llegar al Palacio de Gobierno, un palacio vacío en domingo.
«El territorio no se vende, se ama y se defiende», «Agua clara, selva viva, nuestra lucha sigue activa», se escuchaba mientras el contingente avanzaba hacia el palacio. Varios turistas fueron atraídos por las pancartas y el sonido del caracol.
—¿Van a hacer una presentación? —preguntó un turista.
—No, vamos a manifestarnos porque estamos cansados de tantas injusticias que llevamos años denunciando —respondió un joven que estaba cerca.
«Hace mucho calor», no dejaba de escucharse entre todos los que estaban ahí: jóvenes, niños, abuelos. Todos frente al palacio, sin importar el clima, sabían que era necesario seguir de pie y no rendirse.
Al llegar, representantes de varias comunidades tomaron la palabra para expresar lo que siempre se ha recordado, pero no se ha solucionado.
«Las comunidades mayas no tenemos nada que festejar, porque estamos viviendo hoy en día despojo, robo, contaminación, abuso de autoridad, persecución; en vez de que se nos respete, se nos tome en cuenta, terminamos despojados», expresó uno de los representantes de Kinchil, comunidad que ha enfrentado intimidaciones y juicios contra quienes han defendido el medio ambiente y el agua.
Sí, el calentamiento global también fue parte de la marcha por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una gran contradicción que se repite una y otra vez: empresas y megaproyectos que dicen traer desarrollo y bienestar a las comunidades, mientras contaminan el agua, alteran el territorio y agravan la crisis climática que más golpea a quienes menos responsabilidad tienen en causarla. Las comunidades mayas de Yucatán no marchan contra su propia forma de vida: marchan para defenderla, frente a un modelo que promete progreso pero deja como saldo cenotes contaminados, tierras despojadas y comunidades criminalizadas por resistir.
«Esta lucha es de todas las comunidades. Hago una reflexión de nuestro querido Yucatán, que está siendo despojado de nuestras tierras, solo nos están destruyendo», habló el representante de Ixil, comunidad asediada por inmobiliarias. Ixil, Dzitnup, Kinchil, Molas, Santa María Chí, Caucel Pueblo y Chuburná Puerto, unidos con Dzoyila y Gran Calzada, alzaron la voz ante las violaciones a los derechos colectivos, ante la destrucción del medio ambiente y del patrimonio histórico. Al final, dejaron un pliego petitorio en el Palacio de Gobierno con las siguientes exigencias:
- Alto a la criminalización: cese del hostigamiento judicial contra defensores, activistas y autoridades comunitarias.
- Autonomía y territorio: respeto a la autodeterminación indígena, consulta previa libre e informada antes de otorgar permisos o convenios que afecten a comunidades mayas.
- Justicia imparcial: procesos judiciales con enfoque de derechos humanos e interculturalidad; investigaciones imparciales contra empresas y actores políticos denunciados por las comunidades.
- Reconocimiento: que se valore la labor de defensores de derechos humanos y del territorio, sin tratarlos como amenaza.
- Protección: creación de un mecanismo estatal de protección para defensores y periodistas, diseñado junto con las comunidades.
- Rendición de cuentas en el caso Ixil: investigación independiente sobre el comunicado del Poder Judicial y sanción a quienes lo autorizaron.
Mientras se escuchaban las consignas y los testimonios, me topé con una joven que sostenía un letrero que decía «Fuera cochinos». Me contó que enfermó por el agua contaminada: en un momento se sintió muy mal del estómago, con vómito, sin saber la causa, hasta que la llevaron al doctor y ahí descubrieron que sus problemas estomacales venían del agua de donde vive.
Su testimonio me hizo pensar en algo que muchas familias yucatecas dábamos por hecho: el derecho al agua. Antes podíamos tomar el agua del pozo sin miedo, con la libertad de saber que estaba limpia. Hoy, en varias comunidades, esa certeza se perdió. El pozo que antes era símbolo de vida ahora es motivo de análisis, de duda, de enfermedad. Y aunque el agua no ha cambiado de dueño legal en muchos de estos casos, el efecto es el mismo que el de una privatización: la comunidad pierde el control sobre un recurso del que siempre dependió. Contaminarla también es, en la práctica, una forma de despojo, uno que no necesita papeles ni concesiones, solo un pozo que ya nadie puede beber con confianza.
Cuando las comunidades entregaron el petitorio, escuché a un hombre decir: «Pero el señor no está, está viendo bikinis en la playa». Al principio me salió una sonrisa, no de burla, sino de ese humor que sobrevive incluso con este calor, pero después sentí una pena, una desesperanza: en domingo, las autoridades descansan. Nadie salió a dialogar, a escuchar o simplemente a recibir a todas las personas que llegaron cansadas y, aun así, con fuerzas para seguir en sus consignas.
Al final, solo quedó ir por mi vaso de agua, junto con todos los que estábamos ahí, mientras una chica servía agua para todos, porque estábamos sedientos: por el calor, por el cansancio, por la celebración de los pueblos indígenas, por ser un pueblo.
Y mientras bebía mi agua, pensaba en todos esos saberes que se van olvidando, en esas tradiciones que se han ido callando porque el que llegó a vivir al lado del vecino que lleva años en su territorio le dijo «me molesta tu ruido»; en la mezcla del mestizaje que va borrando lo que representa identidad y patrimonio histórico. Todo eso que llamamos parte de un pueblo me hizo comprender que esta lucha no le pertenece solo a las comunidades mayas. Ser indígena no es solo una cuestión de origen o apariencia, sino de pertenecer a un pueblo con su propia lengua, organización comunitaria y una relación histórica con su territorio, en este caso, el pueblo maya de Yucatán. Pero quienes no formamos parte de ese pueblo no estamos exentos de las consecuencias: el agua contaminada no distingue apellidos ni orígenes, corre por el mismo acuífero del que depende toda la península.
Apartarse, pensar que «no es mi lucha porque no soy indígena», es no entender que el despojo de hoy en una comunidad maya es el despojo de mañana para cualquiera que dependa del mismo territorio y del mismo recurso. Como bien lo señalan las propias comunidades en su pliego petitorio, si las instituciones no cambian, el malestar seguirá creciendo no solo entre los pueblos mayas, sino en el resto de la sociedad yucateca.
Por último, este 2026 la Organización de las Naciones Unidas anunció que el tema del Día Internacional de los Pueblos Indígenas es «Reconociendo la Partería Indígena: salvaguardando la vida y el bienestar». Lo menciono porque muchos hemos olvidado que las parteras indígenas siguen aquí, en Yucatán, sosteniendo vidas como lo han hecho por generaciones, aunque para el resto de nosotros se hayan vuelto invisibles.
