— Redacción Proyectos Libres
Con información oficial y testimonios ciudadanos
Mérida, Yucatán – 11 de julio de 2025.
En una acción coordinada, elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRODENNAY)rescataron a un menor en situación de violencia familiar, luego de que una denuncia ciudadana —viralizada en redes sociales— alertara sobre su encierro, maltrato y abandono por parte de su padre en la colonia Emiliano Zapata Oriente.
El operativo se activó tras una denuncia penal interpuesta por la tía materna del niño, quien acusó al progenitor de violencia familiar y omisión de cuidados. Las autoridades ubicaron al menor en un predio de la zona, donde presentaba signos de desnutrición y maltrato, según lo descrito previamente por vecinos.
El rescate y las medidas de protección
Durante la diligencia, se aplicaron protocolos de protección infantil: el menor fue trasladado ante el Ministerio Público y sometido a valoraciones médicas y psicológicas. PRODENNAY confirmó que será entregado a su abuela materna, garantizando su integridad física y emocional.
Pero el peligro no se limita al menor. Los vecinos aseguran que Chi Mendoza ha intentado ingresar a sus predios en varias ocasiones armado con una escopeta, lanzando botellas de vidrio y amenazando con matarlos. «Nos tiene viviendo con miedo», expresa el denunciante, quien afirma que, aunque el agresor fue detenido en una ocasión, fue liberado a las 48 horas sin consecuencias.
Autoridades en la mira
La publicación responsabiliza directamente a la Fiscalía General del Estado (FGE), señalando incluso a la Fiscal Guadalupe Lorena Mendoza Canché por no emitir una orden de aprehensión en su contra. «Llevamos meses así, y nadie hace nada», reclama el texto, que pide a la comunidad compartir la denuncia para que las autoridades actúen.
Un grito de auxilio
«Estoy cansada, harta», confiesa el denunciante, quien teme que el sujeto, bajo los efectos de las drogas, intente llevarse a otros menores del área. La comunidad exige justicia y protección, pues aseguran que vivir bajo estas amenazas es insostenible.
La respuesta tardía: ¿Por qué se actuó hasta ahora?
El caso había sido denunciado reiteradamente por la comunidad, que exigía acción ante las amenazas con arma de fuego y el maltrato evidente hacia el niño. La publicación anónima —que recorrió las redes — evidenció la desesperación vecinal: «El niño gritaba que tenía hambre, pero las autoridades no hacían nada».
La FGE reiteró su compromiso con la protección de la infancia, aunque la pregunta persiste: ¿Por qué se requirió presión social para actuar? Mientras el agresor enfrenta procesos legales, la sociedad exige medidas preventivas para evitar que más menores vivan en riesgo.
Nota contextual:
Este medio reconoce la labor de las autoridades en el rescate, pero cuestiona los plazos de respuesta ante emergencias que —como en este caso— escalaron por negligencia institucional.
