Por Claudia V. Arriaga Durán
Ilustración de Houston Ortegón
Mariela tenía 13 años cuando resultó embarazada en noviembre de 2023. Se sentía confundida y asustada. No quería ser madre, así que pidió ayuda a su mamá, Rocío, y juntas acudieron al médico.
Decidió abortar utilizando misoprostol, siguiendo las indicaciones médicas. Tres días después de tomar el medicamento comenzó a sentir dolor y sangrado intenso. Asustada, buscó ayuda, pero su madre no estaba en casa, ya que trabaja por las tardes y regresa hasta la noche. Su abuela, al ver su estado, la llevó de urgencia a la Unidad Médica Familiar del IMSS No. 58.
Aunque la interrupción legal del embarazo de Mariela es su derecho, su madre fue acusada de tentativa de feminicidio y ella fue enviada a Casa Otoch.
“A las 11:30 de la noche me llamaron para decirme que la llevaron a la clínica de la 42 sur del IMSS. Cuando llegué me dijeron que tenían que llevarla a la T1 y nosotros mismos la llevamos. Desde el momento que entramos, el doctor que nos atendió en urgencias le dio parte a la policía, desde que entramos, me dijo que la policía vendría por mí, que porque yo hice que aborte”, relató la mamá de Mariela en entrevista.
El médico del área de urgencias acusó de asesina a Rocío. Alcanzó a responderle que tenía conocimiento de que no cometió un delito. Sabía que abortar no era un crimen en México.
A Mariela, en el Hospital de la T1 del IMSS la sometieron a un ultrasonido. Sin embargo, no le hicieron una evaluación completa. Al día siguiente, una doctora del área de ginecología pidió que trasladen a la menor a esa zona, pues es donde debería ser atendida. Se confirmó que ya no había residuos del producto en el cuerpo de la adolescente.
“Mi hija tenía un mes y días de embarazo por eso decidimos hacerlo (el aborto) en ese tiempo”, puntualizó Rocío.
La menor permaneció ocho días hospitalizada y un día antes de su alta médica, citaron a su mamá en la Procuraduría de Protección a Niñas,
Niños y Adolescentes (Prodennay). Declaró todo lo que ocurrió, pero nunca le pidieron la receta médica, ni documentos relacionados con su hija.
Al día siguiente que fue a buscar a Mariela, el personal del hospital de la T1 le advirtió que no podría llevarse a la menor. Las autoridades decidieron que se quedaría bajo la tutela del Estado. Primero la enviaron al Centro de Atención Integral al Menor Desamparado (CAIMEDE) y posteriormente, a Casa Otoch.
“Nunca pensé que me quiten a mi hija. El licenciado de la Prodennay dijo que no me la regresarían, que soy una negligente, pero ¿cómo va a decir que no atiendo a mi hijo? Trabajo tres turnos y el tiempo que estoy con ella es de calidad”, expresó Rocío.
En la Prodennay no le pidieron la receta con la que compró el medicamento. Mariela salió del hospital escoltada por policías estatales, en medio de un forcejeo en el que su hermana trató de impedir que se la lleven al CAIMEDE, y una doctora tuvo que interceder.
“En el momento que llegué estaba peleando con la policía, que si nos la llevábamos nos detendrían. La policía estaba cuando llevaban a mi hija al IMSS. Una doctora intercedió para calmar a mi otra hija y permitió que se despida de ella. También me dijo que yo buscará el decreto que prueba que el aborto no está penado y que no deberían quitarme a mi hija”, relató.
Apoya a su hija para abortar y la acusan de tentativa de feminicidio
Rocío acudió a la Prodennay a preguntar por el paradero de su hija. Sin embargo, le negaron la información. Tras insistir le señalaron que aparentemente, Mariela tuvo complicaciones y la regresaron al Hospital de la T1 del IMSS. Aun así no la dejaron verla.
“Mi hija estuvo una semana sola en el hospital. Cuando a mi me la quitaron es porque me acusaron de descuidarla y no estar con ella, pero la dejaron sola”, lamentó.
La mamá de Mariela fue a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán para averiguar de qué delitos se le acusaba. Le indicaron que la denunciaron por tentativa de feminicidio y hechos posiblemente delictuosos.
“Me dijeron que darle la pastilla fue un delito, que en Mérida es un delito y que estaría de uno a tres años en la cárcel”, declaró.
Durante seis meses Mariela no pudo ver a su madre. No le permitían las visitas. Se interpusieron cuatro amparos y todos resultaron a favor de ellas, no se explicaban por qué se los impedían. Hasta el último amparo, la Prodennay ya no tuvo más opción que cumplir con lo indicado por la autoridad judicial.
Las carpetas de investigación contra Rocío por apoyar a su hija en su decisión continúan abiertas. Mariela hasta está publicación sigue separada de su familia, bajo la tutela del Estado en Casa Otoch.
Además, durante la investigación el personal de la PRODENNAY acudió a entrevistar a las y los vecinos de Mariela y Rocío. Al momento de cuestionarlos sobre la familia, les dijeron que la menor había sido asegurada por abortar. Pusieron en riesgo la integridad de la menor.
El caso de Mariela demuestra la urgencia por despenalizar el aborto
Para Amelia Ojeda, abogada en derecho y asesora legal de Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE); el caso de Mariela dejó claro la urgencia de despenalizar el aborto del Código Penal en Yucatán.
Además, que es necesario que el personal médico esté capacitado en materia de derechos humanos y más aún, en derechos sexuales y reproductivos.
“La pasaron a ginecología y allá la atendieron, vieron que era un aborto incompleto en evolución, hicieron la limpieza que tenían que hacer y ningún problema, pero en urgencias armaron todo un escándalo y dieron aviso a la fiscalía y Prodennay”, acotó.
Amelia acompaña el caso de Mariela y Rocío. Relató que se abrieron dos carpetas en contra de la madre de la menor, la que más llamó la atención era la de tentativa de feminicidio. Misma, en la que finalmente, la FGE se desdijo e informó que la mamá de la adolescente solo estaba como testigo.
“El doctor Pavel Calderón (especialista en el tema) nos apoyó con una opinión clínica, explicó que lo que dice el expediente clínico es lo que le ocurre al cuerpo cuando hay un aborto. Nunca estuvo en riesgo la vida de la menor como para considerar que la mamá casi la quería matar”, apuntó.
De la otra carpeta, por hechos posiblemente delictuosos, se trata de la confirmación de que la criminalización por abortar aún continúa. “Volvemos otra vez a lo mismo, la criminalización del ejercicio de la autonomía reproductiva, la imposición de la maternidad”, recalcó Amelia.
Es importante mencionar que desde el 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que es inconstitucional criminalizar a las mujeres por interrumpir el embarazo. Por lo que Mariela no debía ser separada de su familia, ni su madre ser denunciada por apoyar la decisión de la menor.
Actualmente, en en el estado se presentaron dos iniciativas de ley, una del partido Movimiento Ciudadano y otra de Morena que buscan la despenalización del aborto en el Código Penal de Yucatán.
Los dos proyectos de reforma consideran que conservar las causales por las que sí está permitido abortar es punitivo, al igual que el tipo penal. De aprobarse el artículo 389 del Código Penal de Yucatán cambiaría de aborto a aborto forzado. Se garantizaría la autonomía de los cuerpos de las mujeres y personas gestantes.
***Los nombres reales de Mariela y su mamá Roció fueron cambiados para cuidar de su integridad.
