Anabel fue víctima de violación cuando solo tenía 13 años de edad. La terapia le ayudó a desbloquear el recuerdo de una etapa traumática de su vida que había enterrado en lo más profundo de sus recuerdos. Pese a todas las pruebas, la Fiscalía Estatal del Estado de Campeche retipificó el caso para invalidar su investigación.
Claudia Arriaga
Anabel tenía 25 años cuando descubrió que fue víctima de violación. Ella padecía un cuadro de estrés agudo y las sesiones fueron revelando el trasfondo de todo. Cuando solo tenía 13 años de edad su pareja la violó. Él tenía 18 años de edad.
Según el Código Penal del estado de Campeche, Anabel fue víctima de una violación equiparada. Que significa que una persona mayor de 18 años de edad mantiene relaciones sexuales con una persona menor de 16 años. Delito que se castiga con penas que van de los ocho a los 25 años de cárcel.
Anabel denunció la violación 12 años después, en enero de 2022, ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM). Estado donde según su Código Penal el delito de violación no tiene fecha de prescripción. Lo que significa que se puede sentenciar al responsable sin importar los años que hayan pasado del delito.
Su abogada, Estela Sánchez, asesora jurídica de la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche (Redmyh), le recomendó que hicieran la denuncia por escrito, buscando evitar la mala práctica de la fiscalía de escribir lo que entiende y no lo que dicen las denunciantes.
Durante un año y medio se realizaron las diligencias de la investigación. Incluso en el dictamen psicológico de la Fiscalía de Campeche se sostenía que fue víctima de violación. Sin embargo, a principios de agosto de este año les notificaron el no ejercicio de la no acción penal. Les informaron que el delito que se perseguía era estupro y que había prescrito.
Pero el delito de estupro no aplicaba para el caso de Anabel, ya que esa figura solo aplica cuando la víctima es mayor de 16 años y menor de 18 años. Ella tenía 13 años.
Lo cómodo de esta reclasificación no era sólo la reducción de la pena, que en este caso no supera los cuatro años, si no que por tiempo el delito ya no podía ser perseguido.
“Lo más sorprendente cuando lees la carpeta es que empiezan a hablar que es un estupro y que además, ese tipo penal fue reformado hace seis o siete años y le aplicaba la prescripción del delito y que no se ejercía la acción penal”, detalló la abogada Estela Sánchez.
La Fiscalía Estatal de Campeche, sin la solicitud de la víctima, reclasificó el delito por una figura legal que no correspondía y con ello le quitó el derecho de justicia a Anabel.
La agresión cubría todas las características de violación equiparada según el Código Penal de Campeche: su exnovio Carlos era mayor de edad, existió la introducción de objetos en la vulva y ella solo tenía 13 años.
“No sé de donde están sacando eso (la reclasificación), de hecho nunca le pedimos a la fiscalía reclasificar y en los dos dictámenes (de FGECAM y particular) salió que había violación”, reiteró la abogada.
La abogada de la Redmyh denunció que las malas prácticas en el Ministerio Público persisten, lo que da como resultado que sean pocas las víctimas que tiene acceso a un abogado particular y el asesoramiento que realmente necesitan para pelear por no ser parte de los índices de impunidad.
Actualmente Anabel sigue a la espera de la fecha en la que se podría presentar una nueva audiencia para regresar su caso a la tipificación adecuada y con eso que el responsable si pueda ser sentenciado.
Campeche, cuna de impunidad para las víctimas de violación
La llamaremos Jane Doe. Este es el nombre con el que legalmente se conoce a las víctimas que no han sido identificadas en un crimen, o las que piden resguardar su identidad.
Jane salió de su casa el 16 de mayo por la mañana . Solo llevaba puesta su pijama y deambuló por las calles de San Francisco, Campeche por horas hasta que alrededor de las 12:30 del día un policía la encontró.
La joven de 13 años de edad había sido víctima de violación equiparada y el responsable era su padrastro. Aquella noche su atacante la golpeó y ella decidió escapar y pedir ayuda.
Ramón, su padrastro, la había adoptado como su hija cuando se casó con la madre de Jane, Ana. En ese momento ella tenía solo cuatro años de edad.
Ana, Ramón y Jane vivían en Mérida, Yucatán. Ana confiaba tanto en él que dejó que se llevara a su hija a vivir a San Francisco, Campeche, con el pretexto de que él cuidaría a Jane mientras estudiaba en línea por la pandemia del Covid.
No esperaba una llamada del personal del Centro de Justicia para las Mujeres de Campeche para pedirle que acudiera a buscar a su hija, quien había confesado que escapó de la casa porque “ya no quería que su padre la siga violando”. Consternada partió a su encuentro.
La mamá de Jane viajó desde Mérida, Yucatán, -en donde vivía-, para ir a verla. Al llegar, su hija le relató que las agresiones sexuales iniciaron cuando se mudó con su padrastro y que la chantajeaba con asesinarla si le decía a alguien.
“La niña le contó que desde que llegó a Campeche su papá empezó a abusar de ella sexualmente y tener relaciones sexuales con amenzas. Le decía que si contaba algo la mataría, que era normal que sucediera entre los papas y tenía que aprender a ser mujer”, narró Estela, asesora jurídica de la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche (Redmyh).
Cuando Jane salió de su casa para pedir ayuda porque su padrastro la regañó y golpeó, ese día también fue la última violación. Otra de las condiciones para mantenerla sometida y en silencio era el chantaje: le compraría lo que quisiera y la dejaría jugar con el celular.
Al mismo tiempo que la adolescente le explicó a su mamá las agresiones sexuales, le confesó que tenía miedo por su hermanita menor, María; que en aquel entonces tenía tres años de edad. Ramón le había dicho que quería estar con su hermana. Ella descubrió que también la violó cuando acudió a la Fiscalía en Mérida y la menor fue sometida a un exámen con el médico legista.
El caso de Jane y su hermana se suman a las mil 186 denuncias registradas en Campeche por violación equiparada del 2012 al 2022, de los cuales solo se han logrado dictar 113 sentencias condenatorias por este delito, según la información obtenida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Según el Código Penal Estatal de Campeche, la violación equiparada se presenta cuando una persona mayor de edad tiene cópula con otra menor de menor de dieciséis años de edad o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquiera otra causa no pueda resistirlo. Jane había sido amenazada por su padrastro. Era ella o su hermanita. La acorraló haciéndola sentir que realmente ella podía salvar a su hermana de ser violada si se convertía en víctima.
Dictámenes que revictimizan
La denuncia contra Ramón se interpuso el 16 de mayo en la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM). Se integró en la carpeta de investigación número CI-2-2022-4324. Lograron que se tipificara por el delito de violación equiparada y desde agosto de 2023, él se encuentra en prisión preventiva justificada.
La madre de Jane intentó denunciar a Ramón por sospechar que en efecto había abusado también de su hija menor. Ana solicitó un examen con un médico legista, pero los resultados no fueron contundentes.
La abogada de Redmyh, Estela Sánchez, aseguró que uno de los puntos débiles y donde hay más fallas al momento de denunciar delitos de tipo sexual, son los dictámenes de los médicos legistas. “No salió nada porque aquí los dictámenes son de mala calidad”, apuntó.
Mientras en Campeche Ramón no fue investigado por la violación de la hermana menor de Jane, la historia en la Fiscalía General del Estado de Yucatán fue diferente. Ahí el examen médico legista confirmó que la menor de tres años fue víctima de violación vía anal.
En el caso de Jane, el resultado del dictamen médico solo refería que tenía un himen elástico y que no había señas de actividad sexual reciente. En consecuencia, la defensa de su padrastro intentó argumentar que ella era una adolescente rebelde y que inventó la acusación.
“Cuando la menor fue a denunciar estaba en su periodo, evidentemente no le podían hacer el dictamen y se lo reagendaron 15 días después. Obviamente que si su última relación sexual es antes que salga de la casa y le sumas 15 días más, hay una cuestión de tiempo, que si haces un estudio ginecológico vago no lo podrás ver. Hay un protocolo para los médicos legistas a fondo y no se aplicó en Campeche”, detalló la abogada Estela.
Los obstáculos judiciales que incrementan la impunidad
Jane denunció a su padrastro desde el año 2022 pero fue hasta finales de marzo del 2023, que la abogada Estela Sánchez empezó a llevar el caso.
La primera batalla que enfrentó para poder representar a Jane fue tener acceso a la carpeta de investigación. Tras ser nombrada como asesora jurídica de Jane y su madre, le informaron en la Fiscalía de Campeche que la carpeta ya sería enviada al área de litigación. Le dijeron que no podría tener acceso hasta que se judicializara.
Estela expresó que este criterio de las autoridades estatales de Campeche dejan en estado de indefensión a las víctimas. Lo que reduce sus posibilidades de acceder a la justicia.
“No sé porque hay un criterio en Campeche en el que te niegan el acceso a tener copias, si la puedes revisar, pero no dan copias porque dicen que es susceptible de cambios. Cuando la mandan al área de litigación de la Fiscalía tienen que subsanarlos, pero también se presta para manipular las carpetas a modo. El problema es que le niegan el acceso a la víctima a conocer como va su casa y tener una adecuada defensa”, manifestó.
Describió que la única forma de revisar la carpeta era en un pequeño espacio en donde según explicó hay mucha gente entrando y saliendo. “Yo tendría que tener un juego de copias porque es un derecho constitucional tener acceso. La FGE actúa en términos de sus beneficios e intereses”, reclamó la abogada.
Estela se enfrentó a un proceso difícil, después de revisar la carpeta notó que existían deficiencias. El dictámen médico legista no reflejaba la violación. El psicológico sí, aunque no era suficiente para sostener la acusación.
“Aunque la Corte dice que el dicho de la víctima es suficiente para sostener una investigación de delitos sexuales, sabemos que en la técnica la defensa me va a tratar de destruir todo lo que tiene el dictamen y más porque no lo manejan como un dictamen, sino como informe, entonces, no tiene la misma fuerza”, comentó Estela.
La abogada Estela logró sembrar la duda razonable en el juez y mantener la prisión preventiva oficiosa de Ramón.
En el exudado vaginal que le practicaron a la menor salió la presencia de un hongo llamado trichomona, que solo se transmite por la vía sexual. “Si existe esa bacteria en el cuerpo de la niña, existe la posibilidad de que haya sido víctima de violación”, alegó en la audiencia.
Para combatir la duda razonable, la defensa de Jane Done ha solicitado que la médico legista genere un informe de los exámenes que le realizó y sea ese informe el que conlcuya que efectivamente fue víctima de violación.
Ana ahora solo conoce un sinónimo de justicia cuando se habla de la reparación del daño: que su expareja pague con cárcel los delitos cometidos contra sus dos hijas.
“No quiere dinero, quiere que él esté en la cárcel y cumpla una sentencia de acuerdo al daño que hizo”, sentenció la abogada de Redmyh.
*La identidad de las denunciantes fueron modificadas a solicitud de las mismas.
