Desde 2021, el Congreso Local reformó el Código Penal que prohibe los ECOSIG o mal llamadas “terapias de conversión” en Yucatán, pero el gobierno estatal no ha promulgado, ni publicado dicha reforma.
Por: Andrea Segura Rodríguez
Mérida, Yucatán, 1 de septiembre de 2023.- En conjunto, las agrupaciones Kanan Derechos Humanos y el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, presentaron una demanda de amparo en contra del gobernador Mauricio Vila Dosal por no haber promulgado y publicado la reforma al Código Penal que prohíbe los ECOSIG o mal llamadas “terapias de conversión” en Yucatán, que fue aprobada por el Congreso de Yucatán.
En un comunicado recordaron que la reforma fue aprobada por el Congreso de Yucatán desde el 25 de agosto de 2021, sin embargo, aún no tiene efectos porque “el ejecutivo estatal se niega a publicarla en el Diario Oficial”, aseguraron.
“A dos años de la aprobación de la reforma al Código Penal del Estado de Yucatán por el Congreso de la misma entidad que prohíbe las mal-llamadas “terapias de conversión” o ECOSIG (esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género), el jefe del ejecutivo estatal Mauricio Vila Dosal ha hecho caso omiso una vez más de sus responsabilidades de promulgar y publicar la reforma, lo cual impide que entre en vigor y puedan ser denunciadas dichas violencias contra las personas LGBTQ+ en Yucatán”, señalan.
Indicaron que el día 29 de agosto, integrantes de Kanan Derechos Humanos y el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (ColectivoPTFYuc) presentaron una demanda de amparo en contra del Gobernador de Yucatán para exigirle que promulgue y publique la reforma en cuestión que el Congreso de Yucatán aprobó desde el 25 de Agosto de 2021, en cumplimiento de su obligación constitucional, para que finalmente entre en vigor.
“Es por ello que el día de hoy 31 de agosto, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán admitió la demanda, con el cual se busca que el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, acate sus obligaciones legales y constitucionales de promulgar y publicar la reforma al Código Penal del Estado con el cual se pretende prohibir los ECOSIG y tener la oportunidad legal de responsabilizar a aquellas personas que continúan con dichas prácticas en la entidad buscando “curar” o “corregir” la orientación sexual e identidad de género”, puntualizan.
Finalmente señalaron que los derechos de la comunidad LGBTQ+ no han sido tomados en consideración por parte del gobernador durante toda su gestión, por lo que acciones como estas se realizan debido a la necesidad de obligarlo, desde la sociedad civil, a hacer su trabajo por la vía judicial para contrarrestar la violencia institucional contra la población LGBTQ+ que ha caracterizado a toda su administración.
