EL 9 de noviembre de 2020, la policía del municipio de Cancún, Quintana Roo disparó en contra de las personas que se manifestaron por el feminicidio de Alexis, y periodistas que acudieron a cubrirla. A más de dos años, aun no existe justicia, pero sí intentos por no llevar a juicio a los policías y a quien dio la orden de abrir fuego.
Por Claudia V. Arriaga Durán.
Cancún, Quintana Roo, 10 de junio de 2023.– Wendy Galarza pertenece al Comité de Víctimas del 9N de Cancún, Quintana Roo, integrado por periodistas y feministas que fueron víctimas de violencia policía de ese municipio. En el 2020, ella y dos personas más recibieron dos impactos de bala en una protesta feminista. Sin embargo, a dos años de la investigación se desconoce que policías dispararon y quien dio la orden no avanza. Y el jueves, una vez más, las autoridades intentaron suspender el proceso para no llevar a juicio a los oficiales.
“Según nos explican los abogados la suspensión condicional es una justicia alterna en la que puedes llegar a una acuerdo con las personas involucradas en esta carpeta, con los imputados, y las y los denunciantes, pero nosotras y nosotros no estamos de acuerdo porque queremos llegar hasta el juicio, queremos ver a estos policías que dispararon y a quienes dieron órdenes”, expresó la joven.
Wendy y los periodistas Cecilia Solís y Roberto Becerril resultaron con lesiones de bala al acudir a la protesta por el feminicidio de Alexis, el 9 de noviembre de 2020. Otras manifestantes fueron víctimas de tortura sexual y golpes.
En el caso de la activista feminista que lucha por el derecho a la protesta recibió dos impactos de bala.
“Yo tuve dos heridas de bala de entrada por salida, una en mi pierna, ninguna perforó y dañó mis órganos vitales, sin embargo, hay secuelas físicas y emocionales que al día de hoy no acaban y es por la revictimización de estas instituciones”, comentó Wendy.
El activista Julián Ramírez, integrante del Comité de Víctimas del 9N aseguró que la Fiscalía de Quintana Roo limpió la escena para borrar las evidencias.
“Han sido 2 años y medio de tratar a juicio, lo aplazan, los imputados no llegan a la audiencia y nos suspenden la audiencia eso es una tortura del estado y un pacto de impunidad entre todas las autoridades”, expresó.
Actualmente, también hay un juicio de amparo en contra de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo por dar cumplido la reparación del daño en un informe.
