María Susana Monforte Colli de 55 años y Magdalena Durán Monforte de 32 años, eran madre e hija, y desaparecieron en 2013. Sus cuerpos fueron encontrados en 2017, en la única fosa clandestina de la que se tiene registro en Yucatán. Su familia reconoció sus osamentas, pero nunca les entregaron sus restos, ni sentenciaron al asesino confeso. Hoy la familia presentó un amparo directo contra el Congreso de Yucatán para exigir se legisle en la materia de desaparición forzada.
Por Claudia V. Arriaga Durán.
Mérida, Yucatán, a 28 de marzo de 2023.- María Susana Monforte Colli de 55 años y Magdalena Durán Monforte de 32 años, eran madre e hija, y desaparecieron en 2013. Existía una denuncia por este hecho y sus cuerpos fueron encontrados en 2017, en una cueva del municipio de Tekax. Es la única fosa clandestina de la que se tiene registro en Yucatán. Su familia reconoció sus osamentas, pero nunca les entregaron sus restos, ni sentenciaron al asesino confeso.
Además, la Fiscalía General del Estado de Yucatán aunque tomó las muestras de ADN de sus familiares para realizar el exámen y entregar los cuerpos, extravío las pruebas. En el camino de la búsqueda de justicia, este martes, la familia interpuso un amparo indirecto en contra del Congreso del Estado de Yucatán por omisión legislativa.
Su objetivo es que las y los diputados armonicen la ley local con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La acción la efectuaron con apoyo de la organización Iniciativa Sinaloa (IS)
“El Congreso del Estado de Yucatán cumple cinco años en rezago legislativo en materia de desapariciones forzadas, razón por la cual Wuendi Araceli Durán Monforte, quien desde 2013 sufre la desaparición de su madre y hermana, decidió presentar un amparo indirecto en busca de sentar un precedente en la ley que ayude a más personas en su misma situación”, se lee en el comunicado.
La familia Durán Monforte sigue sin recuperar los restos de sus familiares, por lo que también interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY). Buscan que emitan recomendaciones a las autoridades involucradas y se aceleren las acciones para encontrar a las personas desaparecidas.
Wuendi Araceli se presentó en las instalaciones del Poder Judicial para entregar el documento en el que se expone que el acto reclamado es “la omisión legislativa en grado absoluto”.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas fue promulgada el 17 de noviembre de 2017, y a pesar de que el artículo noveno transitorio marca un plazo límite de 80 días a partir de esta fecha para la armonización del marco normativo en los estados, en el caso de Yucatán no se ha emitido ningún decreto al respecto, lo que ha impedido avances en la formación de instituciones especializadas en perjuicio de las víctimas y de la creación de un registro estatal de personas desaparecidas.
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